Ratificaron la intervención de Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento ilícito contra Eduardo Kueider

La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de queja presentados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exsenador peronista Edgardo Kueider, y dejó firmes los procesamientos, embargos y la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que conduce la investigación en los tribunales de San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes desestimaron los planteos presentados por distintas defensas contra resoluciones dictadas previamente por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

El expediente, caratulado “Kueider, Edgardo y otros s/ enriquecimiento ilícito”, tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro y analiza una supuesta maniobra de lavado de dinero y otros delitos, en un entramado que involucra a exfuncionarios, particulares y sociedades comerciales.

Entre los recursos rechazados se encuentran los promovidos por la defensa de Rodolfo Daniel González, procesado como presunto coautor del delito de lavado de activos, doblemente agravado por la habitualidad y por haber sido cometido como integrante de una asociación organizada para la comisión continuada de ese tipo de hechos, con intervención de funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones. González también está imputado, en concurso real, por el uso de instrumento privado falso en carácter de partícipe necesario. Casación dejó firmes el procesamiento, los embargos sobre sus bienes y el monto de la caución real impuesta.

La Sala I también desestimó los planteos de la defensa de Adriana Cecilia Crucitta, procesada como presunta coautora de lavado de activos agravado, tanto por la habitualidad como por su actuación en el marco de una asociación organizada y en ejercicio de una profesión u oficio que requiere habilitación especial. En su caso, el tribunal rechazó los recursos dirigidos contra el procesamiento, los embargos, la inhibición general de bienes, la negativa a restituir un vehículo secuestrado y la caución fijada para acceder a la libertad.

Asimismo, fueron rechazadas las quejas presentadas por los abogados de José Carlos Nogueras, Gabriela Saint Pierre y de las sociedades Lectus S.A., Vijusa Argentina S.A., Nopor Service S.A., Felsir Biotecnología SRL y Vía SNP S.A., que cuestionaban la competencia territorial del juzgado federal de San Isidro, en manos de Arroyo Salgado. Con esta decisión, el máximo tribunal penal confirmó la intervención de la jueza y despejó las impugnaciones que buscaban apartarla de la causa.

Si bien la resolución no se pronunció de manera directa sobre la situación procesal de Kueider, el rechazo de las quejas consolidó las decisiones adoptadas en instancias inferiores y permitió que la investigación se asiente definitivamente en los tribunales de San Isidro.

La causa contra el exsenador se desarrolla en paralelo a otros procesos judiciales que lo tienen como protagonista. En diciembre del año pasado, Kueider fue detenido en Paraguay junto con su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con dinero en efectivo sin declarar. En ese procedimiento, las autoridades secuestraron más de 200.000 dólares, 600.000 pesos argentinos y cerca de 3,9 millones de guaraníes.

Por esos hechos, tanto Kueider como Guinsel fueron enviados a juicio oral en Paraguay en una causa por tentativa de contrabando de divisas. El ex dirigente de la provincia de Entre Ríos se encuentra actualmente detenido en Asunción y rechazó el pedido de extradición formulado por la justicia argentina, por lo que cumple arresto domiciliario mientras se sustancia el proceso en ese país.

El pedido de extradición fue cursado por la Argentina en enero de este año. En una primera etapa, el Ministerio Público paraguayo solicitó información complementaria para cumplir con los requisitos formales previstos en los tratados internacionales y evitar eventuales nulidades. Tras la remisión de esa documentación adicional, la Fiscalía General del Estado paraguayo promovió formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva, aunque Kueider se opuso a ser trasladado a la Argentina.

En el ámbito local, la investigación por enriquecimiento ilícito se vincula con otras causas de alto impacto. Arroyo Salgado también tiene a su cargo la denominada "causa Securitas“, en la que se investigan presuntos sobornos pagados por una empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas. Kueider no figuraba inicialmente entre los imputados de ese expediente, pero fue incorporado posteriormente ante la sospecha de que parte de los fondos provenientes de esos supuestos cohechos podrían haber sido el origen de algunas de sus inversiones inmobiliarias.

Con el rechazo de las quejas por parte de la Cámara Federal de Casación, quedaron firmes los procesamientos y las medidas patrimoniales dispuestas en la pesquisa, que continuará su curso en la etapa de instrucción.