Mientras la Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación preliminar por presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a la dirigencia del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se enfrentan en Argentina a definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo de distintas causas abiertas en su contra.
Los expedientes, que tramitan en los fueros Civil y Penal Económico, abarcan la controvertida mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juez investigará la compra de una mansión de 17 millones de dólares atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la entidad, y la posibilidad de que Tapia y Toviggino sean enviados a juicio oral por la causa por retención indebida de aportes previsionales.
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La mudanza
El primero de esos frentes quedó abierto al filo del inicio de la feria judicial de invierno, cuando la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que la Corte Suprema de Justicia es la instancia que deberá intervenir en caso de prosperar un recurso extraordinario del Estado Nacional, el fallo que avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la histórica calle Viamonte hacia Pilar. Rechazó un planteo del Gobierno para que la revisión quedase a cargo del Superior Tribunal de Justicia de CABA.
La resolución de los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró inadmisible el recurso con que el Estado pretendía llevar el tema ante el TSJ. El tribunal consideró que la causa reviste naturaleza federal en razón de la persona involucrada —la AFA— y que, por ese motivo, escapa a la competencia local y es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Desde este lunes, con el fin del receso invernal en la Justicia, se comenzará a avanzar para definir si se concede la apelación o se desestima. En este último caso, solo quedará la queja directa al máximo tribunal del país.
En la apelación que reclamó revocar la decisión se advirtió que el fallo que dio por cancelada la inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia, y declaró la nulidad de la designación de veedores en la entidad madre del fútbol argentino, “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.
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El fallo de fondo que el Gobierno intenta revertir se firmó el 18 de junio pasado y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la Inspección General de Justicia (IGJ)—que cuestionaba la inscripción de la entidad en la provincia de Buenos Aires— y también de la resolución que designó veedores en la AFA por 180 días hábiles. Los camaristas sostuvieron que, tras el cambio de domicilio aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024, el control de legalidad sobre la entidad pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y que “la IGJ carece de facultades revisoras respecto de las decisiones” de ese organismo provincial.
La mudanza de la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Mercedes 1366, en Pilar, se formalizó mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024 con la Municipalidad de Pilar, que cedió el inmueble a la entidad que preside Tapia.
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Las idas y vueltas con la mansión de Pilar
Una vez más, la Cámara Federal de Casación revisará dónde debe investigarse la compra de una valiosa casaquinta en Pilar por parte de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, según la sospecha judicial.
La última novedad previa al receso invernal fue el pase de todo el caso desde el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay al penal económico 10 porteño, que está vacante y subroga ahora la jueza Verónica Straccia. Poco después, la Cámara Federal de Casación habilitó un recurso de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte para que se revise esta decisión. Los acusados pretenden que el caso siga en Campana.
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Las idas y vueltas de la pesquisa que ya va por el cuarto juez se ventilarán otra vez el 12 de agosto en una audiencia que convocó el máximo tribunal penal federal del país: después de escuchar a las partes confirmará o no la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que sacó el caso de Campana y lo devolvió a la órbita de CABA.
La pesquisa apunta a determinar si detrás de la adquisición, formalmente realizada por la empresa Real Central SRL, de Pantano y su madre, existió un esquema de lavado de dinero con presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La denuncia inicial se fue ampliando y abarca en la actualidad posible lavado de activos con una defraudación por parte de las máximas autoridades de la AFA en perjuicio de esa entidad, a través de la contratación “infiel” de intermediarios y “desviación de fondos” para luego “en una fase posterior, la presunta implementación de un circuito complejo orientado a reintroducir dichos activos al patrimonio de quienes habrían intervenido en la maniobra inicial”.
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La mansión de Pilar, su flota de autos de alta gama y las instalaciones habrían sido parte de estas maniobras. De hecho, el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien ya procesó a Tapia y Toviggino por presunta evasión impositiva, reclamó a su par Straccia quedarse también con esta causa por considerar que todo formó parte de un mismo entramado delictual. Se trata de la parte del caso que investiga a TourProdEnter, la empresa a nombre de la esposa del empresario Javier Faroni, Erica Gillette.
Los aportes
El tercer frente es el que aparece más cerca de una definición. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos. Con esa decisión y en lo referido a sus personas, el expediente podría iniciar el camino del envío a juicio oral. Ambos dirigentes están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país. Tapia viajó al Mundial autorizado por el juez Amarante. El Tribunal de Apelaciones confirmó también la acusación contra la AFA como persona jurídica.
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Se trata de la omisión de depositar en el plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 por unos 19.000 millones de pesos. La Asociación del Fútbol Argentino “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas, lo que denota que tenía una situación financiera que le permitía cumplir con los depósitos de las sumas retenidas y percibidas” en tiempo y forma, advirtió la Cámara.
La institución tenía plazos fijos bancarios con fondos que permanecieron depositados con sucesivas renovaciones y que “no fueron utilizados para atender las obligaciones pertinentes”. Esas sumas “superaban holgadamente” el monto evadido y que fue cancelado después, fuera de vencimiento.
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