Múltiples allanamientos se realizaron esta tarde en las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina. El operativo se realizó a raíz de los audios que se filtraron de Diego Spagnuolo, quien habla del pago de presuntas coimas.
Una de las oficinas allanadas por la Policía de la Ciudad se encontraba en la calle Hipólito Yrigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. También se realizó un operativo similar en un edificio situado en la avenida Rivadavia. En total, fueron tres allanamientos en sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y fueron ejecutados por el personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. El objetivo era dar con documentación de interés para la causa que es investigada por el fiscal federal Franco Picardi.
Mientras que los allanamientos en los domicilios vinculados a la ANDIS terminaron con la llegada de la noche, se presentaron complicaciones en la sucursal de la droguería Suizo Argentina. De acuerdo con la información transmitida por TN, los últimos peritos que trabajaban en el lugar se retiraron pasadas las 22:00 horas.

Según los datos trascendidos, la recolección de documentación habría presentado ciertas trabas por parte de algunos empleados que estaban presentes. Aparentemente, los trabajadores se habrían negado a brindar los mails corporativos y claves para acceder a los archivos de la empresa.
No es la primera vez que se hicieron allanamientos en ANDIS y Suizo Argentina, ya que lo mismo ocurrió la semana pasada al inicio de la investigación. También fueron allanadas las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hermanos y dueños de la Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
En todos los procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación. Todo información clave para la causa. Sobre los celulares ya se avanzó. El de Spagnulo se pudo abrir y los investigadores encontraron mensajes borrados que se buscarán recuperar. En tanto, el de Emmanuel Kovalivker no se pudo abrir.

Los peritos de la DATIP no pudieron ingresar porque se trata de un aparato Samsung de última tecnología. Por esto, los expertos consultaron a la empresa Cellebrite, que es la que brinda el software, para saber si había una actualización para acceder al celular. La respuesta fue que por el momento no tienen una tecnología avanzada que permitiera desbloquearlo.
Resta el peritaje sobre el celular de Jonathan que lo entregó apagado y sin dar la clave. Por su parte, Garbellini sí dio la clave de acceso. Además, la Justicia ya tiene en sus manos el celular de Eduardo Kovalivker, que se constituyó como el principal accionista de la droguería que dirigen sus hijos. El dispositivo fue entregado este viernes, para cumplir con la orden de requisa dispuesta.
Ayer, el ex titular del organismo se presentó ante la Justicia Federal y dio el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada en la causa.
Aráoz de Lamadrid es un especialista en Derecho Penal de la Empresa, Penal Económico, Penal Aduanero y Penal Tributario. Además, es uno de los socios del estudio de abogados LRAR, según la información provista en el sitio oficial de la firma.

Por su parte, Rada Schultze se especializó en Derecho Penal Tributario y procedimiento tributario, de acuerdo con los datos obtenidos de su perfil en LinkedIn. Incluso, supo tener un vínculo laboral con Aráoz entre noviembre de 2009 y mayo de 2011, cuando se desempeñaba como abogado en Aráoz de Lamadrid & Asociados.
La presentación del ex titular de ANDIS fue después que el presidente Javier Milei -amigo del ex funcionario y quien fue su abogado- se refirió por primera vez al caso públicamente. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, declaró el mandatario en el marco de la caravana que realizó el miércoles en Lomas de Zamora. Aunque todavía no se ha formalizado ninguna denuncia, fuentes cercanas a la Casa Rosada admitieron a Infobae que el tema estaría en evaluación y aguardaría por pruebas contundentes antes de efectuar una presentación judicial.

Hasta el momento, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, después de que designaran a Alejandro Vilches como interventor del organismo. De esta manera, el funcionario de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades detectadas en los procesos de compra y gestión.
Como resultado de la investigación interna, las autoridades identificaron que se realizó un pago con sobreprecio en el marco del programa Incluir Salud, el cual está destinado a la compra y entrega de medicamentos para las personas que no cuentan con cobertura médica o con pensiones no contributivas.
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