El Ministerio Público Fiscal pidió condenas de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y cuatro años y seis meses para Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, por las presuntas irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. Este martes se escuchó el alegato de la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7.
Además de De Vido y Baratta, señalados como coautores de la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el tercer involucrado en el caso es Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A. e hijo de Roberto Dromi, el fallecido exministro de Carlos Menem.
Dromi hijo, supuesto partícipe necesario del plan defraudatorio, habría percibido comisiones y honorarios presuntamente espurios por su intermediación en las compras. Para él pidieron cuatro años de cárcel. Otro actor central habría sido Exequiel Omar Espinoza -también fallecido-, ex presidente de Enarsa.
En sus alegatos, la fiscal Fabiana León mostró las pruebas recabadas para afirmar que existió una defraudación al Estado “funcionalmente coordinada” cuando se ejecutaron pagos “contrarios al interés público, arbitrarios e innecesarios” en beneficio de tres empresas intermediarias: Diligentia, Dysan e YPF.
La adquisición de los buques se dio en el marco del Programa Energía Total (PET), creado en julio de 2007 como respuesta al déficit energético que el país arrastraba desde los últimos dos años, cuando dejó de exportar gas a Chile, Brasil y Uruguay, y pasó a importar desde Bolivia.
El objetivo inicial del PET era sustituir el consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos. Al año siguiente, en 2008, el programa se amplió para “garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos”, y se estableció un Plan de Provisión de GNL Regasificado, que asignó a Enarsa la función de adquirir GNL, ya fuera directamente o a través de terceros, según reconstruyó la fiscalía.
Para llevar a cabo esta tarea, se constituyó una Unidad Ejecutora bajo la subsecretaría de Baratta y una Unidad de Gestión Técnico-Operativa a cargo de Enarsa. La financiación del programa provino de partidas del Ministerio de Planificación Federal y fondos del Tesoro Nacional.
La fiscalía sostuvo que estas adquisiciones, financiadas con fondos públicos, infringieron las normativas vigentes sobre el uso de recursos del Estado y la contratación pública.
Entre las principales irregularidades señaladas, se destacaron la ausencia de licitación pública o procedimientos competitivos. Además, la fiscalía alegó una delegación irregular de la gestión operativa de Enarsa, ya que la empresa actuó como intermediaria pasiva cuando, según el esquema del PET, debía gestionar directamente las compras como Unidad de Gestión Técnico-Operativa.
Otro punto crucial fue la “inobservancia del deber de dictar un reglamento interno de contrataciones”, lo que el Ministerio Público Fiscal definió como “el centro del mecanismo fraudulento”. Esta omisión, siempre según la acusación, habría dado lugar a “una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos”. Allí reside la presunta inacción que le imputan a De Vido y Baratta, dado su deber legal de supervisar, corregir y controlar los actos de Enarsa.
Esta causa -conexa con el caso Cuadernos- comenzó a partir de una serie de denuncias que hicieron los entonces diputados nacionales del PRO, Patricia Bullrich, Laura Alonso y Fernando Pinedo; el presidente de la ONG “Paso por paso Argentina”, Juan Ricardo Mussa; y el titular de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Martín Blanco Muiño.
Inicialmente se investigaron supuestos sobreprecios en la adquisición del GNL entre 2008 y 2015, y entre los imputados estuvo la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Resultó sobreseída por falta de mérito, luego de que se comprobara que el peritaje que se usó para impulsar la acusación, a cargo de David Cohen, presentó datos falsos y falaces por “una intención deliberada de tergiversar la verdad”.
De todo ese caso se elevó a juicio un remanente por las presuntas irregularidades en la intermediación de los 11 cargamentos que se debatieron ante el TOF N° 7. Seis de estos fueron gestionados por YPF S.A. y adquiridos a Repsol Comercializadora de Gas S.A., por un monto total que ascendió a USD 267.935.139,33.
Los cinco cargamentos restantes se compraron a través de las empresas Diligentia y Dysan (propiedad de los Dromi), que actuaron como intermediarias con Gas Natural y Morgan Stanley, sumando un total de USD 112.475.792,35, expuso la fiscalía en su alegato.
En el marco de estas maniobras, se habrían pagado comisiones y honorarios por intermediación por un monto global de USD 5.523.345,02. De este total, USD 4.791.600 se destinaron a DILIGENTIA y USD 731.744,50 a YPF S.A.
La fiscalía sostuvo que no se demostró la existencia de un servicio técnico, logístico o contractual adicional que justificara dichos pagos, por lo que entendió que fueron parte de un accionar corrupto.
En paralelo a los pedidos de pena, la fiscal León solicitó al TOF N° 7 la inhabilitación perpetua de De Vido y Baratta para ejercer cargos públicos, además de la restitución solidaria y actualizada del perjuicio económico causado al Estado, por 5.523.345 dólares.
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