La AFA y los US$ 17 millones de la mansión de Pilar: cómo sigue la causa que ahora vuelve a un juzgado de CABA

La compra de la mansión de Pilar, valuada en US$ 17 millones y vinculada a la AFA, quedó bajo sospecha de haber sido parte de un entramado de presuntas maniobras de lavado de activos, con testaferros vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.

En la misma semana de inicio del Mundial y con Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos, la Justicia resolvió que el caso donde está denunciado el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, vuelva a tramitar en el juzgado en lo penal económico 10 de la ciudad de Buenos Aires, en un revés para los ya imputados como supuestos testaferros, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes pretendían que se investigue en Campana.

Pero desde la próxima semana, la pesquisa no seguirá a cargo del mismo juez porteño que la impulsó el año pasado, Marcelo Aguinsky. Ahora tomará las riendas la magistrada María Verónica Straccia, quien asumió la suplencia de esa dependencia que tiene titularidad vacante.

El caso ya pasó por tres jueces y de hecho, la situación podría modificarse una vez más en los próximos meses. El Consejo de la Magistratura ya remitió al Poder Ejecutivo la terna para cubrir de manera definitiva ese juzgado, integrada por Ignacio Labadens, actual secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py; María Juliana Márquez, secretaria de la Fiscalía Federal 1 de ese fuero; y Matías Latino, secretario de la Cámara Federal de San Martín.

Directivos en el “epicentro” de las maniobras

El regreso del expediente a la Ciudad de Buenos Aires se resolvió el último viernes minutos después de las 16, cuando la Cámara en lo Penal Económico firmó el fallo que ordenó remitir “con carácter muy urgente” desde el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa junto con todos sus incidentes y documentación reservada. La decisión puso fin a un largo conflicto de competencia que comenzaron los acusados, Pantano y Conte, cuando pidieron y lograron el pase del caso al juzgado bonaerense con el argumento, ahora descartado, de la ubicación geográfica de las propiedades que la Justicia puso en la mira.

Hasta fines de enero pasado, el expediente estuvo en manos del juez Aguinsky, quien subrogaba el juzgado 10. Habrá que ver desde dónde retoma ahora la pesquisa la nueva magistrada. Antes de ser apartado, el juez había citado a Pantano y Conte para que, sobre la base de las pruebas reunidas, hicieran un descargo. La mañana en que debían presentarse enviaron por correo electrónico a Campana el pedido de inhibitoria que dejó todo en suspenso.

En una de sus resoluciones, además, Aguinsky ubicó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino en el “epicentro” de la investigación por presunto lavado de activos a partir de diversos elementos incorporados al expediente. Entre ellos destacó que una tarjeta de crédito utilizada por Luciano Pantano era corporativa de la AFA y registró consumos y pagos de servicios con un promedio cercano a los 50 millones de pesos mensuales durante 2025. Incluía el pago de peajes de varios vehículos de alta gama de una flota de 54 encontrada en un galpón dentro de la quinta de Pilar. El primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, allanó la quinta y encargó una valuación de todos los bienes: los vehículos quedaron cotizados en poco más de tres millones de dólares.

La Cámara reivindicó ahora el “trámite sostenido” que se dio al caso en esa etapa y advirtió, al repasar todo el expediente y las sucesivas ampliaciones de denuncia, que la investigación está en un estado “embrionario”, sin medidas que hayan marcado un avance “trascendente”.

Denunciados e investigados

Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, incorporado a la causa, da cuenta que la operación de compraventa de la casa quinta de Pilar el 30 de mayo de 2024 entre Malte SRL y Central Park Drinks SRL, ahora Real Central SRL de los Pantano, se firmó en una escribanía porteña. En los diversos dictámenes fiscales se mencionó un “cúmulo de indicios vehementes” de que la compra de la estancia de Pilar “constituyó una operación de conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito, presuntamente mediante sociedades pantalla, ampliaciones artificiales de capital y el uso de presuntos testaferros y colaboradores vinculados al ámbito del fútbol".

Los denunciantes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ampliaron varias veces la denuncia para incorporar nuevos hechos y personas. Entre ellos solicitaron investigar al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a distintos integrantes de su entorno societario, así como profundizar sobre presuntas transferencias efectuadas desde la firma TourProdEnter LLC, comercializadora de contratos de la AFA en el exterior, hacia sociedades vinculadas.

La ampliación también incorporó como nuevos denunciados, entre otros, a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette por TourProdEnter, y diversas sociedades extranjeras que habrían intervenido en un circuito financiero internacional bajo análisis judicial. En todos los casos se emitió el dictamen fiscal para ampliar la investigación.

Se procura establecer ahora si a través de esas sociedades se montó “un complejo entramado societario y de relaciones económicas” destinado a la adquisición y usufructo de inmuebles, vehículos de alta gama y otros bienes que podrían estar vinculados con operaciones de lavado de dinero.

La resolución que definió la competencia concluyó que el objeto procesal excede la ubicación física del inmueble de Pilar y comprende presuntos delitos económicos y financieros que habrían sido cometidos, al menos parcialmente, en la ciudad de Buenos Aires.