Confundieron dos cuerpos y cremaron los restos equivocados: la Justicia condenó a la funeraria, el geriátrico y el cementerio

Un juzgado de Quilmes resolvió condenar a tres empresas de servicios funerarios y geriátricos por la confusión y cremación errónea de un cadáver en un proceso que se extendió durante más de una década. El fallo estableció la responsabilidad solidaria de las firmas involucradas en el episodio ocurrido en mayo de 2013, luego de que la familia de una mujer fallecida denunciara que no pudo despedirse de sus restos por un error en la identificación.

Según consta en la resolución judicial, el reclamante inició acciones legales contra las empresas tras advertir, el 4 de mayo de 2013, que el cuerpo presentado para la cremación no correspondía a su madre, fallecida un día antes. El hecho ocurrió en el cementerio privado de la zona sur del conurbano bonaerense, donde la familia, acompañada por amigos, se presentó para despedir a la mujer y se encontró con un cuerpo desconocido.

La demanda se fundó en la imposibilidad de cumplir con los rituales de despedida y en la afectación a la dignidad personal y familiar, además de la profunda angustia provocada por el episodio. En el caso se argumentó que la confusión se produjo porque ese mismo día había fallecido otra persona en el mismo geriátrico, y ambos cuerpos fueron trasladados al cementerio por la misma empresa funeraria.

Durante el proceso, que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 8 de Quilmes, el afectado relató que, al notar la situación, retiró la autorización de cremación y se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia. A su regreso, acompañado por personal judicial y policial, fue informado de que el cuerpo ya había sido incinerado, a pesar de la expresa oposición de la familia y de la retención del formulario que permitía la cremación.

Las empresas demandadas rechazaron los hechos planteados y negaron cualquier responsabilidad en la confusión. Argumentaron que el procedimiento de identificación e ingreso de los cuerpos cumplió con los protocolos y que la autorización para la cremación había sido firmada por el reclamante. Además, sostuvieron que la identificación final corresponde a los familiares o a los responsables del establecimiento de origen.

En sus contestaciones, las empresas también pusieron en duda el vínculo filial del demandante con la fallecida, al no haberse acompañado en el expediente la partida que acreditara esa relación. Sin embargo, la sentencia consideró acreditado el lazo, valorando la intervención constante y pública del reclamante en todas las etapas del proceso, la ausencia de objeciones formales previas y la documentación aportada en las gestiones funerarias.

El fallo analizó la cadena de hechos y reconstruyó el paso de los cuerpos desde el geriátrico hasta el cementerio, incluyendo los testimonios de empleados del cementerio y de la empresa funeraria. En la causa penal vinculada al caso, no fue posible establecer científicamente la identidad de las cenizas por falta de material genético, pero el expediente civil reunió testimonios coincidentes sobre la confusión producida.

El juzgado aplicó la normativa de defensa del consumidor, considerando que el reclamante se encontraba en una relación de consumo frente a los prestadores de servicios de asistencia geriátrica y funerarios. Bajo este marco, el tribunal sostuvo que los proveedores tienen el deber de garantizar la seguridad y calidad en la prestación de los servicios, y que la omisión de controles esenciales derivó en un daño grave al consumidor.

La sentencia destacó que la conducta de las empresas configuró una prestación defectuosa, con omisiones en las etapas de entrega, recepción, verificación e incineración de los restos. En este sentido, el juez concluyó que la responsabilidad es solidaria y que la existencia de terceros no exime a los prestadores del deber de responder ante el usuario.

En la resolución, el tribunal resaltó la gravedad de la situación, la irreversibilidad del daño y la afectación espiritual ocasionada. Por ello, fijó una indemnización por daño moral de 15 millones de pesos a favor del reclamante, monto que deberá ser abonado solidariamente por las tres empresas demandadas. También determinó el pago de intereses desde la fecha del hecho y la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el efectivo pago.

Adicionalmente, el juzgado impuso una multa civil, bajo la figura de daño punitivo, exclusivamente a la empresa propietaria del cementerio. El tribunal consideró que el presidente de la firma ordenó la cremación pese al pedido expreso de la familia de suspender el proceso para verificar la identidad del cuerpo, situación que el juzgado calificó como especialmente grave y reprochable. Por este concepto, se fijó un monto de ocho millones de pesos.

La cobertura del seguro de responsabilidad civil invocada por el geriátrico fue rechazada. El tribunal determinó que la póliza vigente en ese momento excluía expresamente la cobertura de obligaciones contractuales, y que el hecho dañoso se produjo en el marco de la relación contractual entre el usuario y el prestador. Además, se señaló que el asegurado no había denunciado el siniestro, lo que reforzó la decisión de negar la aplicación de la garantía.

La sentencia también abordó los fundamentos jurídicos de la resolución, explicando que la normativa específica de defensa del consumidor protege especialmente a quienes contratan servicios frente a la posición dominante de los proveedores. El fallo puso énfasis en el deber de buena fe y en la doctrina de los actos propios, desestimando las defensas de las empresas que intentaron desconocer hechos o vínculos previamente aceptados durante la prestación del servicio.

El juez valoró la prueba testimonial reunida en la causa, en particular las declaraciones de empleados del cementerio y de la funeraria, quienes coincidieron en describir el protocolo aplicado y las circunstancias que rodearon la confusión. También se evaluaron los testimonios de familiares de las dos personas fallecidas, quienes aportaron detalles sobre el proceso de identificación y las diferencias físicas observadas en los cuerpos.

El fallo puso de relieve la importancia de la cadena de custodia e identificación en los servicios funerarios y señaló que la omisión de controles básicos puede derivar en daños irreparables para las familias afectadas. La resolución subrayó que la responsabilidad de los prestadores no se agota en el cumplimiento mecánico de los pasos administrativos, sino que incluye el deber de garantizar el derecho de los usuarios a un adecuado proceso de duelo y despedida.

En la fundamentación, el juzgado remarcó que la aplicación de la multa civil tiene por objetivo no solo resarcir el daño, sino también prevenir nuevas conductas similares y proteger el interés público en la calidad de los servicios destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

El tribunal rechazó expresamente la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el geriátrico y la citación en garantía de la aseguradora, al tiempo que impuso las costas del proceso a los demandados que resultaron vencidos.