Adopciones irregulares en Guatemala: Procuraduría General busca frenar el intento del Ministerio Público de archivar el caso que salpica a Consuelo Porras

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala impugnó el archivo de la investigación sobre posibles adopciones irregulares vinculadas al antiguo hogar “Elisa Martínez”, comunicado el lunes 15 de junio durante una citación legislativa. La decisión fue cuestionada a días de la visita al país del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En los archivos de la Secretaría de Bienestar Social existen 1.008 expedientes del período 1968-1997 y 860 concluyeron en procesos de adopción, informó el secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales García, durante una citación en el Congreso, según Soy 502 y La Prensa.

El funcionario añadió que el Ministerio Público solicitó expedientes de adopciones realizadas entre 1981 y 1985, además de información sobre menores, padres biológicos, notarios, trabajadores y documentación relacionada con el antiguo hogar, según Soy 502.

Liliana Guzmán, coordinadora del área penal de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN, explicó a La Prensa que la notificación llegó pocos días después de una reunión previa: “Posteriormente, aproximadamente a los tres días, recibimos una resolución a través de la cual se nos notifica de la desestimación de la investigación, de la denuncia prácticamente”.

Los argumentos de la PGN contra el archivo

La PGN cuestiona el fundamento de la desestimación. Durante la citación se indicó que el Ministerio Público argumentó que no existían elementos para atribuir una conducta a una persona específica, en particular a Consuelo Porras, según Soy 502.

De acuerdo con La Prensa, Guzmán afirmó que la fiscalía consideró que una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó una solicitud de retiro de inmunidad contra la fiscal general, impedía seguir con las pesquisas. “Consideraron que derivado de que la denuncia había sido declarada sin lugar, que no había materia para seguir investigando y por consiguiente se desestima la denuncia”, dijo a La Prensa.

Lucrecia Prera, subprocuradora de la PGN, sostuvo que las denuncias presentadas por la institución no buscaban señalar de inicio a una persona determinada, sino esclarecer hechos de manera general, según Soy 502.

Prera agregó que la oposición ya fue planteada ante el juzgado correspondiente y que la institución espera que se fije la audiencia respectiva, según Soy 502. También indicó que la PGN considera necesario que las indagaciones sigan y se profundicen para determinar si hubo responsabilidades.

Según expuso la PGN, la resolución que desestimó la denuncia fue promovida por la Fiscalía contra Operadores de Justicia. Durante la citación se indicó que la solicitud fue firmada por el fiscal José Raúl Hernández Rivera y avalada por la fiscal Leonor Eugenia Morales, de acuerdo con La Prensa.

La visita del grupo de la ONU y el alcance del caso

Claudia Ordóñez, en representación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, informó que la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se realizará del 23 de junio al 3 de julio, según Soy 502. “Del 23 de junio al 3 de julio tenemos la visita del Grupo de Trabajo precisamente de desaparición forzada o involuntaria, que fue precisamente el procedimiento especial que nos remitió al Estado de Guatemala para empezar con esta investigación”, dijo a La Prensa.

De acuerdo con la convocatoria oficial citada por La Prensa, el grupo busca recabar información de primera mano sobre desapariciones forzadas en Guatemala, evaluar avances en verdad, justicia, reparación y memoria, e identificar los obstáculos que persisten para el esclarecimiento de estos casos.

El caso adquirió proyección internacional después de que expertos del grupo de la ONU expresaran preocupación por posibles adopciones internacionales irregulares ocurridas en la década de 1980, en el contexto del Conflicto Armado Interno. Esos señalamientos trasladados al Estado de Guatemala apuntan a que varios niños indígenas habrían sido secuestrados o desaparecidos por la fuerza antes de ser entregados en adopción a familias en el extranjero mediante procesos presuntamente irregulares.

Durante la citación también se informó que existen registros de Consuelo Porras del período en que trabajó en el hogar Elisa Martínez, aunque esa documentación no detalla las acciones realizadas por ella, según Soy 502. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ya había señalado la necesidad de investigar posibles adopciones ilegales vinculadas a esa institución, donde Porras trabajó en sus primeros años como fiscal, .