El Gobierno de Javier Milei desistió de continuar la demanda que había iniciado la administración de Alberto Fernández contra la reforma constitucional aprobada en la provincia de Jujuy, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Con ese escenario, la Corte Suprema de Justicia, que había recibido el planteo, cerrará en los próximos días la causa.
En diciembre pasado, el máximo tribunal había rechazado intervenir en otra demanda contra esa reforma que impulsaban agrupaciones como el CELS, ANDHES, HIJOS y las comunidades de Santuario de Tres Pozos, Aguas Blancas y El Angosto. En ese momento, se resolvió remitir el caso a la Corte Suprema de Jujuy por entender que el caso no era competencia originaria.
Pero en la Corte quedaba otra presentación: la que impulsó el año pasado el ex ministro de Justicia y hoy diputado de Unión por la Patria Martín Soria, en busca de impedir que entraran en vigencia los artículos de la reforma constitucional jujeña por entender que que violaban los derechos consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales reconocidos por la República Argentina.
El gobierno anterior buscaba una acción declarativa y cautelar contra Jujuy, a fin de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la Constitución. Según se planteó, allí se vulnerarían los derechos a la participación política, libertad sindical, a huelga, libertad de asociación, reunión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley N° 24.071.
En ese escrito, se sostuvo que la acción promovida por el Gobierno recepta el “preocupante contexto en el que se dio la reforma constitucional que dio origen a los artículos cuestionados” al argumentar que la manipulación de los plazos procedimentales de la Convención Constituyente y el doble rol del Gobernador y convencional constituyente Gerardo Morales (hoy ya no en funciones), en franca violación al artículo 100 de la Constitución de la Provincia de Jujuy, vigente a aquel momento “no pueden ser disociadas del resultado de la reforma constitucional, y menos aún, de la virulenta represión efectuada por las fuerzas de seguridad a quienes se manifestaban en contra de la misma”.
El 4 de agosto, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó por la competencia del máximo tribunal para intervenir.
Pero al cambiar la administración, el gobierno de Javier Milei decidió otro rumbo. Según se conoció en tribunales, el Ejecutivo -a través del Ministerio de Justicia, que impulsó la demanda- hizo saber que hacía caer el planteo. Con esta decisión, la Corte Suprema en los próximos días cerrará el expediente.
La aprobación de la reforma constitucional en Jujuy, impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales, desató una ola de protestas e incidentes en la provincia. El 20 de junio pasado, partidarios de Milagro Sala, militantes del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales protagonizaron un ataque a la Legislatura de la provincia de Jujuy luego de una sesión encabezada por Morales y durante la cual se juró por la nueva constitución. Como consecuencia, se reportaron decenas de heridos y al menos 35 detenidos.
Los incidentes empezaron minutos antes del mediodía. Los manifestantes arrojaron piedras, prendieron fuego y destrozaron vehículos. También dieron vuelta autos que estaban estacionados para ser usados como barricada. Un grupo logró entrar a oficinas de la Legislatura y causar un foco ígneo, que rápidamente fue controlado por Bomberos y por personal policial. Además, los atacantes rompieron vidrieras de locales y golpearon a policías y a profesionales que realizaban la cobertura periodística de los hechos. Por ejemplo, Santiago Martella, un periodista del canal de noticias TN, fue agredido mientras salía en vivo relatando lo ocurrido.
En ese contexto, Morales desistió de reformas en dos artículos (el 50 y el 36) que generaban el rechazo de comunidades originarias. Pese a ello, este martes se repitieron graves incidentes. El mandatario provincial culpó al gobierno nacional por incentivar y “financiar” las protestas. “Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que está viviendo la provincia de Jujuy”, aseguró. Y agregó: “Los violentos no nos van a torcer el brazo, a 40 años de democracia repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy”.
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