Una comitiva oficial encabezada por el vice ministro de Justicia Sebastián Amerio partió anoche rumbo a París (Francia) para participar del primer plenario del año del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en un mes visitará el país para examinar las políticas antilavado del país.
El plenario culminará el viernes próximo y será el debut oficial del flamante titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, que superó la audiencia oficial y formalizó su designación recién esta semana a través del Boletín Oficial.
Al margen del primer plenario del año, los funcionarios participarán de una serie de reuniones en los grupos de Desarrollo de Políticas (PDG), Evaluaciones y Cumplimiento (ECG), Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG), Revisión de Cooperación Internacional (ICRG), y Coordinación de la Red Global (GNCG).
Además de Amerio, la comitiva argentina está integrada por Marcelo Ruiz (asesor del Ministerio de Justicia), Jimena Zicavo (coordinadora Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo desde 2023), el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, Yacobucci, y su antecesor en el cargo, Juan Carlos Otero, entre otros funcionarios.
El plenario de París es el último escalón antes de la misión del GAFI a Buenos Aires.
El equipo evaluador llegará al país el 6 de marzo y durante veinte días se reunirá con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
“Hace más de un año que se está enviando información al GAFI. En marzo vienen al país los evaluadores y se reunirán con personal de la UIF y de los sujetos obligados. El GAFI va a evaluar cómo es nuestro sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos”, explicó un experto en la materia consultado por Infobae.
La evaluación del GAFI, la cuarta desde su creación en 1989, culminará en octubre, cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.
La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó, en ese sentido, bajo análisis permanente.
“El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibió el apoyo concreto de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, y Francia para aunar esfuerzos y colaborar durante todo el proceso”, destacaron fuentes de esa cartera antes del viaje a París.
El nuevo gobierno tomó un proceso que estaba en marcha hace más de un año y decidió impulsar una serie de medidas para dar señales a los enviados del GAFI. Entre ellas, el Ejecutivo evalúa publicar un decreto para aprobar la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tal como reveló este medio.
El proyecto en cuestión fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores provinciales, el oficialismo aprobó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.
Tras la decisión de la Casa Rosada de no prorrogar las sesiones extraordinarias y la imposibilidad de convocar a una sesión especial, el DNU aparece como una solución potable.
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