El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a Ignacio Yacobucci como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. Yacobucci es secretario de la Cámara de Casación y en los próximos días deberá atravesar una audiencia pública.
Yacobucci es abogado por la Universidad Austral y contador público nacional por la Universidad Católica. Además, es Magíster en Derecho Penal y realizó diversos cursos de posgrados en la materia penal económica y tributaria.
En la actualidad se desempeña como Secretario de Cámara de la Vocalía Nº3 de la Cámara de Casación Penal. Antes se había desempeñado en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde prestó funciones en distintas áreas: fiscalía de primera instancia y de Cámara, Unidad de Investigaciones Complejas y en la Fiscalía General en el Área de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.
Además, Yacobucci es docente en la Universidad Austral como profesor en la Maestría de Derecho Penal y de Derecho Tributario y profesor adjunto en grado. También es docente titular en la Especialización en Derecho Tributario en la U.G.D. en la provincia de Misiones. Y es autor de diversas publicaciones en materia penal.
Yacobucci será propuesto por el ministro de Justicia, porque la UIF quedó dentro de esa cartera luego de la reforma de ministerios que propuso el presidente Javier Milei. Antes estaba bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, aunque es un organismo autárquico. Una vez que se publiquen su antecedentes, se fijará una fecha para la audiencia pública y se podrán presentar adhesiones e impugnaciones.
Si atraviesa ese camino, Yacobucci deberá hacerse cargo de la presentación de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en abril del año próximo examinará las políticas antilavado del país. En la anterior gestión, ese rol de interacción con el GAFI había quedado en manos de Jimena Zicavo, propuesta en su momento por el ex ministro Martín Soria. Zicavo renunció al cargo, pero la dimisión aún no fue aceptada. La misión del GAFI está prevista para el 4 de marzo: se reunirán con todos los poderes del Estado, y con el sector privado.
“Hace más de un año que se está enviando información al GAFI. En abril vienen al país los evaluadores y se reunirán con personal de la UIF y de los sujetos obligados. El GAFI va a evaluar cómo es nuestro sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos”, explicó un experto en la materia consultado por Infobae.
La evaluación del GAFI, la cuarta desde su creación en 1989, culminará en octubre del 2024, cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina, es decir, si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quedó, en ese sentido, bajo análisis permanente.
En una entrevista reciente con el diario La Nación, Cúneo Libarona reveló que la UIF y la Oficina Anticorrupción ya no serán querellante en las causas de corrupción, como ocurría durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el organismo antilavado impulsó varios expedientes bajo la conducción de Mariano Federici y María Eugenia Talerico. En los últimos cuatro años, el organismo, a cargo de Carlos Cruz y luego de Juan Carlos Otero, ya se venía retirando de muchas causas judiciales.
La conducción de la UIF era una los casilleros que tenía pendiente ocupar el nuevo ministro de Justicia. En los últimos días, también había sonado el nombre de Raúl Saccani, de la consultora Deloitte, y algunos ex funcionarios del organismo como Carlos Pujol. Ahora, Cúneo Libarona solo debe definir quién será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
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