Elecciones 2023: la jueza Servini alertó sobre la llamativa “proliferación de listas electorales” con pocos votos

La jueza electoral nacional, María Servini, alertó sobre lo que llamó una “proliferación de listas electorales” para los comicios de este año, lo que calificó de “llamativo” porque se trata de agrupaciones políticas que no tienen antecedentes de “un caudal de votos que lo justifique” ni tampoco “conocimiento masivo” de sus postulantes para la competencia interna que proponen.

Así lo expresó la magistrada en una resolución que firmó para tener por desistida la participación en el distrito de la ciudad de Buenos Aires de 10 listas de las agrupaciones “Partido Fe”, “Proyecto Joven” y de la “Alianza Frente Liber.ar” porque no presentaron las 20 mil boletas para distribuir en las mesas de votación. La misma decisión había tomado la magistrada a fines de julio con cuatro listas de “Principios y Valores”, el partido del ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno.

Para las elecciones PASO del próximo 13 de agosto se presentan a competir 27 listas de precandidatos a presidente de la Nación en 15 agrupaciones políticas de las cuáles habrá internas en siete de ellas. Es casi el triple de los 10 precandidatos que lo hicieron en las internas presidenciales del 2019 y en las que no hubo competencia interna porque en todos los casos para presidente llevaron lista única. La cantidad de candidatos a jefes de estado que se presentan en muchos casos se debe multiplicar en el resto de las categorías nacionales como parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales y senadores nacionales para las ocho provincias que los eligen.

“Tan grande ha sido esta proliferación de listas electorales, que resulta llamativa la cantidad de pre candidatos propuestos por agrupaciones políticas que no registran antecedentes de tener un caudal de votos que lo justifique, y que no cuentan con referentes de conocimiento masivo como para explicar la existencia real de una competencia interna, lo que ha motivado su repercusión en los medios de comunicación masiva, que se han hecho eco de esta novedosa y masiva voluntad de postular pre candidatos”, señaló Servini en su resolución a la que accedió Infobae.

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La jueza remarcó el punto central del incumplimiento de los partidos en la entrega de las boletas. Y es el especial control que este año puso la justicia en el rendimiento de los fondos públicos que las agrupaciones reciben para su impresión.

Tanto Servini, como la Cámara Nacional Electoral, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y otros magistrados en todo el país emitieron resoluciones en las que le ordenaron a los partidos una serie de requisitos para la rendición de gastos de los fondos que usan para la impresión de boletas. Se trata de mucha plata: 11.433 millones de pesos que el estado nacional le asigna a los partidos.

Así, en mayo pasado la Cámara Nacional Electoral dispuso en su acordada extraordinaria 67 que “corresponde profundizar en la instrumentación de mecanismos que coadyuven al control del destino efectivo de los recursos públicos otorgados por el Estado Nacional para los fines establecidos por la legislación vigente” y remarcó que ”no se encuentra previsto que los aportes públicos de boletas puedan utilizarse para otro fin que no sea su impresión”. Es que la sospecha es que muchos partidos utilizan los fondos con otros fines.

La baja de listas que ordenó Servini no solo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. También en la provincia. Allí 124 listas que se habían presentado y que fueron aprobadas desistieron de hacerlo. Las listas que se retiraron corresponden a tres partidos: “Encuentro Republicano Federal”, “Esperanza del Pueblo” y “Justicia y Dignidad Patriótica”. El primero bajó 50 listas, el segundo 30 y el último 44. Todas para cargos de intendente, concejales y consejeros escolares en distintos municipios de la provincia.

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Los partidos no explicaron por qué desistían de competir. Pero en el juzgado electoral de Ramos Padilla creen que la decisión se vincula con las medida de mayor control sobre los partidos en la impresión de las boletas.

Concretamente, Ramos Padilla dispuso que tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, colaboren con medidas para controlar el uso de esos fondos públicos que los partidos reciben del estado para la impresión de las boletas. Y le ordenó a los partidos políticos una serie de requisitos a cumplir.

El juez Ramos Padilla señaló en su resolución que la Justicia Electoral debe controlar que “los gastos que se declaren sean genuinos, que las operaciones que realicen para la contratación de las impresiones estén respaldadas con la documentación fiscal pertinente y que, la misma, sea verificable”. Además sostuvo que “las empresas que se contraten para tal fin se encuentren habilitadas para la actividad ante el Fisco, en situación regular, en sus obligaciones impositivas y previsionales”. Y resaltó: “No existe hasta el momento un registro de empresas habilitadas a realizar la impresión de boletas que permita a la Justicia hacer auditorías”.

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