Un nuevo detenido por el ataque al Congreso: cayó por robo con armas y pidieron que vaya a juicio oral

Las alertas lo daban como prófugo desde hace un año por el atentado contra el Congreso en marzo del 2022 cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero nadie sabía de él hasta que Luis Agustín Trionfini, de 23 años, cayó hace pocos días: una jueza de Lomas de Zamora, Laura Ninni, le avisó a su colega federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo que el joven al que buscaban estaba preso por orden suya. Lo habían atrapado por robo agravado por uso de arma, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Ahora, Trionfini también quedó detenido por daño agravado. Rápidamente lo llamaron a indagatoria. Eligió el silencio, como es su derecho. Ya quedó procesado y el fiscal Rívolo solicitó que vaya a juicio oral junto a los otros diez acusados, que ya fueron enviados a esa instancia en diciembre último: Jonatan Emanuel García, José Horacio Fernando Castillo, Leonardo Marcelo Cáceres, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julio Valdés, Walter Gabriel Núñez, Exequiel Darío Paz, Oscar Ramón Santillán, Julián Claudio Lazarte y Sebastián Esteban Franco.

Los delitos en juego son “daño agravado” y “resistencia a funcionarios públicos en el legítimo ejercicio de sus funciones”. Por la escala penal en juego, el Ministerio Público entiende que se encuentra habilitado el camino del juicio abreviado. El daño agravado tiene un máximo de 4 años de cárcel. La resistencia, un año de máximo.

Como al resto de los implicados, a Triofini se lo acusa de haber generado los desmanes en las inmediaciones del Congreso Nacional el 10 de marzo de 2022, cuando en la Cámara de Diputados se trataba el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional.

Según estableció la causa, a las 15 de ese día “en forma mancomunada y con el fin deliberado de dañar un grupo de personas se alejó de las que se estaban manifestando pacíficamente y comenzó a arrojar con manos o reporteras piedras, cascotes u bombas de pintura hacia el edificio parlamentario”. Los daños fueron estimados en más de 6 millones de pesos contra el edificio histórico y unos 7,5 millones de pesos en la vía pública. Después, varios manifestantes también arrojaron piedras, cascotes y bombas molotov a los policías de la Ciudad. Siete de ellos recibieron heridas.

“Si bien no me escapa que las movilizaciones sociales son manifestaciones de ejercicio de la libertad de expresión reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo cierto es que las conductas traídas a estudio trascienden las actividades legítimas de protesta y ameritan su reproche en sede penal”, subrayó Rívolo en su presentación, a la que accedió Infobae.

Para el fiscal, las pruebas reunidas, entre ellas las fotos y filmaciones obtenidas por medios de comunicación, acreditan la materialidad de los hechos: el grupo de manifestantes comenzaron a incendiar contenedores de basura, realizar pintadas con aerosol y arrojar contra el edificio bombas de pintura, cascote y piedras, después de romper las veredas. “Una escena dantesca”, señaló el Ministerio Público hasta que llegó personal del Departamento Operaciones Urbanas de Contención de la Policía de la Ciudad y también fueron atacados.

“Las diligencias llevadas a cabo por la División Individualización Criminal de la PA identificaron a Trionfini en el lugar de los hechos”, dijo el dictamen. Llevaba el cabello rubio teñido, barbijo por abajo de la nariz y una remera negra con inscripciones blancas en la espalda. Fue uno de los que arrojó piedras y cascotes.

“Cabe señalar que de las presentes actuaciones no surge ninguna causa de justificación que permita descartar la antijuridicidad del ilícito atribuido a Luis Augusto Trionfini, como así tampoco ninguna razón que excluya su responsabilidad por los hechos ni la culpabilidad”. Frente a eso, el fiscal solicito enviarlo a juicio. Ahora contestará la defensa y la jueza Capuchetti resolverá. A los otros diez ya los envió a juicio.

En el momento de los incidentes, Cristina Kirchner difundió un video en donde se veía cómo las pedradas ingresaban a su despacho, hablando del “ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó ejecutar”. En la causa no se acreditó que las pedradas estuvieran dirigidas hacia ella. Fue la propia Policía Científica de la Federal la que detalló que no fue sólo el despacho de la ex mandataria el que sufrió destrozos: “Se exponen daños desde la planta baja hasta el segundo piso del edificio del Congreso, mostrando una mayor amplitud de daños”.

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