La Justicia rechazó un intento de Roberto Baratta para que dejen de investigarlo por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso presentado por la defensa de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015. Los abogados del ex funcionario kirchnerista pretendían archivar la investigación por enriquecimiento ilícito que se inició hace ya casi diez años bajo el argumento de que se vulneró la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable.

En un fallo firmado este miércoles, la Sala IV del máximo tribunal penal federal consideró que la extensión del proceso se encuentra justificada por la complejidad de la causa, que involucra sospechas de corrupción estatal.

El expediente comenzó en diciembre de 2017, derivado de otra investigación por la importación de GNL en la que acusaron a Baratta y el ex ministro Julio De Vido, entre otros.

La Justicia busca determinar si Baratta incrementó su patrimonio de manera apreciable e injustificada durante los doce años que ejerció la función pública. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la fiscal Alejandra Mángano.

Lijo citó a indagatoria a Baratta en diciembre de 2021. Pasaron cuatro años y medio y esa declaración todavía no se llevó adelante porque una pericia contable demoró la causa. El estudio aún no se finalizó.

La sospecha principal apunta a la adquisición de diversos inmuebles y vehículos, registrados tanto a nombre de Baratta como al de familiares directos que habrían actuado como testaferros, además de la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.

La defensa del exfuncionario, integrada por los abogados Rodolfo Miguel Iglesias y Maximiliano Ariel Cajg, cuestionó la duración de la pesquisa. Los letrados argumentaron que transcurrieron más de nueve años desde el inicio formal de la investigación sin que se concretara la declaración indagatoria de su asistido.

Asimismo, señalaron que la causa no presentaba una dificultad extrema, ya que las medidas se limitaron al acopio de documentación pública, informes estatales y declaraciones testimoniales.

Frente a estos reclamos, los magistrados de la Sala IV de la Cámara de Casación, Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, evaluaron la admisibilidad del recurso y determinaron que la resolución apelada no constituye una sentencia definitiva, ya que no pone fin al proceso ni impide que continúen las actuaciones judiciales.

Por este motivo, el planteo no superó los requisitos formales necesarios para habilitar la intervención de la máxima instancia penal del país.

Para respaldar la decisión de continuar con el proceso, el tribunal analizó las particularidades de la investigación. Los magistrados explicaron que la prolongación de los plazos no resulta arbitraria si se tiene en cuenta que se investiga un presunto caso de corrupción estatal de gran magnitud.

El análisis del caso requiere examinar múltiples transacciones financieras realizadas a lo largo de un extenso período temporal, en el cual intervinieron numerosas personas además del principal imputado, entendió la Casación.

En este sentido, los jueces subrayaron que la pericia contable especializada se encuentra en su etapa final, próxima a ser entregada. Además, destacaron que la propia defensa de Baratta solicitó recientemente, en marzo de este año, la incorporación de nuevos puntos de peritaje, lo que influyó de manera directa en los tiempos de producción de la prueba.

En su voto, el juez Borinsky puntualizó que, de acuerdo con los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable comienza a operar formalmente una vez que la persona es llamada a prestar declaración indagatoria, momento en el cual queda vinculada de manera pasiva al proceso, y no desde el inicio genérico de las actuaciones.

Actualmente, Roberto Baratta está entre los acusados de la causa de los cuadernos de las coimas. Ya fue condenado por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009 a 3 años y 6 meses de prisión.