Un tribunal de Moscú condenó este miércoles a Maxim Kruglov, vicepresidente del partido liberal Yábloko y ex concejal de la Duma municipal de la capital rusa, a siete años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen general. Los cargos: difundir supuesta “información falsa” sobre las fuerzas armadas rusas a través de dos publicaciones en Telegram realizadas en abril de 2022, al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania.
Las publicaciones en cuestión no eran panfletos incendiarios. En una de ellas, Kruglov citó cifras de Naciones Unidas sobre víctimas civiles en Ucrania. En la otra, se refirió a los hechos ocurridos en Bucha, localidad a las afueras de Kiev donde, tras la retirada de las fuerzas rusas en marzo de 2022, se hallaron centenares de civiles ejecutados. La defensa argumentó ante el tribunal que acusar a Kruglov de difundir falsedades carecía de fundamento, dado que cuando publicó sus mensajes el Ministerio de Defensa ruso todavía no había emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en Bucha.
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El fiscal había solicitado una pena de ocho años. Kruglov se declaró inocente. En su declaración final, calificó los hechos que lo llevaron a publicar esos textos como “un infierno”, y señaló que era imposible guardar silencio y que tenía que haber una investigación. El Kremlin, como es habitual en estos casos, no ofreció comentarios.
Kruglov rechazó ante el tribunal la acusación de que sus publicaciones estuvieran motivadas por odio político. Afirmó que toda su carrera había estado consagrada a mejorar la vida en Rusia y que permanecía convencido de que el país podría ser un día una nación a la que sus vecinos respeten, no que teman, y donde sea posible disentir. Entre los testigos presentados por la fiscalía figuró un empleado de una empresa municipal de mantenimiento de viviendas que se presentó inicialmente como analista político y simpatizante de la Guardia Joven de Rusia Unida, el partido gobernante. A la audiencia acudieron familiares, amigos y aliados del acusado, así como Grigori Yavlinski, fundador histórico de Yábloko.
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El caso de Kruglov no es un episodio aislado. Es parte de una ofensiva sistemática contra lo que queda de oposición organizada en Rusia. Las autoridades han lanzado una campaña de persecución contra Yábloko —el único partido opositor legal en el país—, cuyos activistas han sido encarcelados, detenidos o calificados de agentes extranjeros o extremistas, condición que les impide presentarse a los comicios. En junio del año pasado, las autoridades colocaron bajo arresto domiciliario a Lev Shlosberg, el dirigente de Yábloko en la región de Pskov, en el noroeste de Rusia; en diciembre, el presidente de Yábloko, Nikolái Rybakov, fue multado por publicar en redes sociales una fotografía de Alexéi Navalny, fallecido en una prisión del Ártico en 2024 y clasificado como “extremista” por el régimen.
Yábloko tiene raíces en los primeros años de la Rusia postsoviética. Fundado a comienzos de los noventa por el economista Grigori Yavlinski junto a otros dos legisladores —de cuyas iniciales surge el nombre del partido, que en ruso significa “manzana”—, llegó a obtener decenas de escaños en la Duma durante los años noventa y a principios de los 2000. Desde 2007 no tiene representación en el parlamento nacional. Hoy es la formación legal más crítica con el Kremlin y la única que se opone públicamente desde 2022 a la guerra contra Ucrania.
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La condena a Kruglov llega a menos de tres meses de las elecciones legislativas del 20 de septiembre, convocadas por Putin la semana pasada en medio de una caída sostenida de su popularidad y la del partido gobernante. La intención de voto de Rusia Unida se ha situado por debajo del 30% en los últimos meses, acercándose al mínimo histórico de 2021, impulsada por el hartazgo con la guerra, los ataques con drones ucranianos y el deterioro del nivel de vida. Una encuesta reciente del sondeo estatal Vtsiom situó el apoyo a partidos extraparlamentarios, incluido Yábloko, en el 6,3%, frente a más de dos tercios que respaldan a formaciones pro-Kremlin.
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