Nueva denuncia contra el actual directorio de la obra social del Poder Judicial de la Nación

El fiscal federal Ramiro González pidió que se investiguen una serie de hechos vinculados a la gestión del actual directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), especialmente en relación a lo actuado por su presidente Mariano Althabe, designado hace ya un tiempo según una propuesta de Horacio Rosatti. El órgano presidido por Althabe tiene una responsabilidad autónoma y personal conforme surge del nuevo estatuto de la obra social es por eso que González pone el foco en él. El fiscal describió en su presentación los hechos específicos que solicita se investiguen a fin de delimitar lo denunciado respecto de otras causas en trámite. Sobre este punto señala que hay otro expediente radicado en el juzgado de Ariel Lijo referido a la gestión de Aldo Tonón al frente de la Obra Social en la que intervino el sindicato de los empleados judiciales como querellante y que tiene a Carlos Stornelli como fiscal.

Al respecto, el fiscal Ramiro González explica que esta nueva denuncia no se superpone con la presentación mencionada ya que es sobre un hecho nuevo y en relación al nuevo directorio. En particular, retoma una presentación que hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien consideró que la auditoría realizada por la Corte Suprema, y los hechos denunciados por el ministro Ricardo Lorenzetti, merecen una investigación, ya que el nuevo directorio no las habría cumplido.

El fiscal González promueve la investigación en los mismos términos pero en una nueva causa sobre hechos nuevos a partir de la extracción de testimonios de la causa que tramita en el juzgado de Lijo. En ese expediente se investigan dos hipótesis delictivas: por un lado, irregularidades que habría en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por la suma de 100 millones de pesos anuales desde el año 2008, sin contar con el presupuesto mínimo necesario y sin haber cumplido sus obligaciones a cargo –emergencia médica- en todo el país; y en segundo lugar, las irregularidades que se habrían cometido en la contratación por parte de la obra social de los judiciales de la prestadora “Fandamant S.A.”, con domicilio en la ciudad de Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas, sin contar con la infraestructura necesaria y tratándose, según se denuncia, de una empresa “fantasma”.

Esa causa -radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo- se inició tras una presentación del fiscal federal Guillermo Marijuán a raíz de una disidencia planteada por el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti en la Acordada 28 del año 2022. Allí Marijuán señaló que en su disidencia, Lorenzetti remarcó diversas cuestiones que -según consideró el fiscal- debían ser investigadas. Lorenzetti advirtió en esa oportunidad que el nuevo Estatuto afectaba normas del derecho sustantivo; que el Directorio había incumplido normas reguladoras de su gestión; que el estado contable del período del 1ro. de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, presentado por el directorio, había sido firmado por el contador Nicolás Jacinto Serafini –respecto del cual se desconoce cómo fue designado, faltando a la transparencia que señala el Estatuto- quien alegó diversas irregularidades en los sistemas informáticos de gestión, falencias en la seguridad y falta de control de la información respaldatoria de sus operaciones; que el Directorio tampoco había cumplido con el informe requerido por la Corte mediante la Resolución 2095/2022, punto 2, como así tampoco con la licitación del software de gestión y tampoco con el balance de 2021.

Marijuán también consideró que la disidencia del ministro Lorenzetti hacía referencia a conductas a investigarse, entre ellas, que se avaló la designación de personas propuestas por quienes habían incumplido diversas normas jurídicas de acuerdo a la auditoría realizada, habilitándose a un grupo de personas vinculadas entre sí con relaciones previas a la designación, sin ningún tipo de control contable y administrativo, como señala la auditoría.

Por último y respecto de la Resolución mediante la que se renovaron los contratos de Mariano Althabe y de Cora Borensztejn (también miembro del directorio de la obra social), Marijuan recalcó que la disidencia de Lorenzetti expuso que Althabe firmó una resolución, transfiriendo montos a la Secretaría de Administración de la Corte, sin contar con facultad para firmar en nombre de la OSPJN, ya que su contrato se encontraba vencido.

En virtud de la extracción de testimonios de esa causa -la que tramita en el juzgado de Lijo- es que el fiscal federal Ramiro González consideró que debía impulsarse la investigación y solicitó que se obtenga copia de la Auditoría presentada y publicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como así también de todo antecedente físico o digital que diera origen a la Acordada en la que Lorenzetti planteó su disidencia; que se disponga toda otra medida que surja de acuerdo a lo recolectado y cualquier otro tipo de medida que el juez considere pertinente.

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