El procurador interino Eduardo Casal analiza por estas horas la apertura de una oficina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en la ciudad de Rosario para sumarse a la lucha contra el narcotráfico. Según pudo saber Infobae, el proyecto se viene debatiendo hace varios meses. De hecho, hubo varias negociaciones, formales e informales, para conseguir un espacio físico.
La PROCELAC fue creada en 2012, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, y actualmente está a cargo de los fiscales Diego Velasco y María Laura Roteta. En los últimos años tuvo un rol central en varias causas sobre narcotráfico, pero también en otros expedientes resonantes por delitos económicos como la estafa de Generación Zoe o el escándalo de Hope Funds, que acaba de terminar con una condena de ocho años para el empresario Enrique Blaksley.
“Estamos tratando de conseguir un inmueble en Rosario desde el año pasado”, admitió un funcionario judicial ante una consulta de Infobae. El objetivo es que esa oficina pueda estar en el mismo edificio donde ya funciona la delegación rosarina de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), abierta en 2017. Las gestiones quedaron trabadas en los últimos meses por la tensa relación entre el Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, y la Procuración.
La delegación de la PROCUNAR tiene un auxiliar fiscal, Matías Scilabra, que está concursando para ser fiscal federal de Rosario, y cuatro empleados. En los últimos años trabajó en conjunto con los fiscales federales y provinciales de Santa Fe para conseguir las detenciones del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, o Esteban Lindor Alvarado, el capo narco de Rosario que intentó fugarse en helicóptero del penal de Ezeiza, entre otros narcotraficantes.
“No es necesario crear un cargo de fiscal para esa delegación de la PROCUNAR como pidió algún diputado. Scilabra tiene el apoyo de todo un equipo que trabaja en Buenos Aires y se dedica a esa región”, explicó una fuente de la Procuración.
A pocos metros de la oficina de la PROCUNAR se abrirá también una delegación de la Unidad de Información (UIF). En ese caso, el gobierno de Santa Fe le cedió un espacio en el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro). La oficina está operativa y tiene mobiliario porque hasta hace pocos días era ocupada por la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional. Sin embargo, tal como adelantó este medio el domingo, la regional de la UIF tardará meses en estar operativa y en conseguir resultados concretos.
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El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, ya designó a un coordinador para la oficina de Rosario, que estará en funciones recién el 1 de abril. Al igual que Otero, ese coordinador tiene pasado en la CNV. Luego se sumarán entre 5 o 6 empleados. Pero no es todo. Lo más sensible es la etapa de implementación. “Hay que hacer un mapeo de la situación, para identificar a las fuentes más relevantes y a los que no están haciendo su trabajo, y en la parte penal hay que rastrillar las causas con mayor oportunidad para presentarse como querellante”, explicó un experto.
En el caso de la oficina de la PROCELAC, falta un espacio físico y cerrar algunos aspectos presupuestarios. Pero tampoco tendrá efectos inmediatos. “Las investigaciones de lavado de dinero llevan mucho tiempo, aunque ya estamos trabajando en causas grandes de Rosario”, dijo una fuente judicial.
Más allá de los esfuerzos para sumar nuevas oficinas en Rosario, los reclamos pasan hoy por el manejo de las cárceles porque los principales jefes narco ya están presos. La semana pasada, luego de una reunión en la que participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel; el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, y el de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, entre otros funcionarios, la Procuración le volvió a pedir al Gobierno nacional que se tomen medidas en las cárceles federales para evitar que los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes con total impunidad. Entre esas medidas se destacan los inhibidores de celulares y más requisas en los pabellones.
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En realidad, los reclamos apuntaron a la titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori. Según pudo saber este medio, la funcionaria habría tenido alguna reacción luego de ese reclamo.
“Seguir sumando gendarmes en Rosario no alcanza, es como combatir la inflación solo con Precios Justos. Hay que endurecer los controles en las cárceles de máxima seguridad y tener un plan a mediano y largo plazo”, se quejó un fiscal que viene monitoreando las principales causas contra los narcos de Rosario.
En la Justicia santafesina hay muchos reclamos, pero nadie se anima a criticar la llegada de la PROCELAC y del resto de las agencias. “La presencia de las unidades fiscales en Rosario permitirá mayor coordinación con los fiscales locales, aunque ya venimos trabajando bien a la distancia”, opinó un encumbrado magistrado de Rosario.
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