Piden a la Unión Europea crear un fondo internacional de reparación a las víctimas del régimen cubano

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó ante las autoridades de la Unión Europea (UE) una solicitud formal para la creación de un "Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano“, financiado con los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior.

La petición, acompañada de un informe institucional, fue dirigida a las principales instituciones comunitarias, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó el OCDH en una nota enviada a Infobae.

La propuesta parte de una premisa que el observatorio describe de tan sencilla como incontestable: los bienes expoliados al pueblo cubano deben servir para reparar a ese mismo pueblo.

“Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización y ex prisionero de conciencia. El contraste es brutal: mientras el conglomerado militar GAESA —que se estima controla entre el 40 y el 70% de la economía cubana— acumula activos en el exterior, el salario medio en la isla no alcanza los 10 dólares al mes.

Desde 1959, el régimen cubano confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en esa estructura militar opaca, recordó el informe; al tiempo que remarcó que el Departamento de Estado norteamericano cifra en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de GAESA depositados en cuentas exteriores.

La iniciativa del OCDH se inscribe en el nuevo escenario creado por las recientes acciones de Washington: la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado, que amplió el programa de sanciones sobre Cuba e introdujo el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades bloqueadas; y la designación de GAESA, su filial Moa Nickel S.A. y la presidenta ejecutiva del conglomerado, Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos el 7 de mayo, con el consiguiente bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

“Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas”, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, subrayó que la UE ya dispone de todos los mecanismos jurídicos necesarios para atender la solicitud, pero que hasta ahora ha carecido de voluntad política para activarlos.

Entre los instrumentos señalados figura la cláusula esencial de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (artículo 85.3.b), vigente desde 2017 y nunca activada; el Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos (Reglamento 2020/1998); la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), que eleva a principio fundamental la recuperación de activos malversados; los Principios y Directrices de la ONU sobre reparación (Resolución 60/147); y precedentes operativos como el Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Iniciativa StAR del Banco Mundial y la UNODC.

La solicitud apunta directamente a la política de la Unión Europea hacia Cuba desde 2016, cuando el bloque comunitario sustituyó la Posición Común de 1996 por el actual Acuerdo de Diálogo. Según el OCDH, esa transición inauguró una década de intercambios diplomáticos sin resultado tangible: ni un solo preso político liberado en términos netos. La organización rechazó que esa postura sea neutral y la calificó de permisividad encubierta.

Ante ese diagnóstico, el observatorio exigió a la UE cuatro acciones concretas: activar sin demora la cláusula esencial del Acuerdo con Cuba; adoptar sanciones individuales contra los responsables de la represión; coordinar con Estados Unidos el rastreo y la restitución de los activos de GAESA localizados en jurisdicciones europeas; y participar, como organización fundadora, en el Fondo de Indemnización con una contribución inicial y asistencia técnica.

“Reparar con los bienes malversados no es venganza: es restablecer el orden moral que el crimen quebró. Europa fue concebida como una comunidad de valores, no solo de intereses. Ha llegado el momento de demostrarlo”, afirmó González Raga.

La organización se puso a disposición de las instituciones europeas para aportar documentación, peritaje y colaboración técnica en el desarrollo del mecanismo.