
La violencia contra quienes defienden el medio ambiente persiste en Honduras como un fenómeno alarmante: cerca de 70 personas han sido asesinadas entre 2020 y marzo de 2026 por proteger el territorio y los recursos naturales, según documenta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La cifra revela no solo la magnitud de la crisis, sino la urgencia de medidas efectivas, ya que más del 90% de estos crímenes permanecen impunes y la falta de garantías estatales alimenta una cultura de violencia y vulnerabilidad cada vez más profunda.
El informe presentado por el Conadeh advierte que la impunidad caracteriza la mayoría de los asesinatos. El organismo señala que de los casos registrados en los últimos 75 meses, más del 90% no han sido esclarecidos, lo que evidencia “graves debilidades en el sistema de justicia hondureño” y consolida la falta de respuesta estatal ante las agresiones contra activistas ambientales.
Esta impunidad sistemática ha permitido que la defensa de la tierra y el ambiente se convierta en una nueva zona de riesgo extremo dentro del país. Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, fue categórico al responsabilizar al Estado por la desprotección.
“El Estado es el único responsable de asegurar condiciones de seguridad para que los defensores del ambiente, la tierra y del territorio puedan realizar su labor sin temor”, subrayó.
En respuesta directa a la problemática, el Informe sostiene: “El Estado debe garantizar el ejercicio legítimo de la defensa del territorio”, lo que implica implementar medidas sustanciales que protejan la vida y la integridad física de los activistas.

Este mensaje adquiere gravedad dentro de un panorama donde la defensa ambiental en Honduras se considera, según palabras de Cáceres, una “sentencia de muerte”.
La dimensión territorial del fenómeno resulta contundente. El estudio del Conadeh revela que 12 de los 18 departamentos hondureños han presenciado asesinatos de defensores del medio ambiente, pero tres regiones son las más afectadas.
Colón encabeza la lista con 27 víctimas, seguido por Atlántida con 10 y Yoro con 8. Estas tres zonas concentran el 64% de las muertes ocurridas en el periodo analizado.
Las causas de este patrón geográfico están atadas a conflictos territoriales y luchas por el control de tierras, la explotación de recursos naturales y la presencia de proyectos extractivos y agroindustriales. En estos contextos, los activistas enfrentan con frecuencia intereses económicos poderosos, incrementando el grado de hostilidad y el riesgo de agresión directa.
Un bloque autónomo que sintetiza la magnitud y el significado de la crisis: En Honduras, la defensa de la tierra y los recursos naturales ha dejado casi 70 víctimas fatales en menos de seis años según el Conadeh.
Más del 90% de estos homicidios no han sido esclarecidos por las autoridades y los crímenes se concentran principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro. Esta situación evidencia una crisis de derechos humanos con profundas raíces estructurales en el país.
El informe detalla que, más allá de los asesinatos, los defensores de la tierra afrontan una variedad de violencias: amenazas de muerte, persecución, intimidación, intentos de asesinato, detenciones arbitrarias, hostigamiento, agresiones físicas, represión y campañas de difamación.
También son víctimas de procesos de criminalización que buscan desacreditar su labor y debilitar los movimientos sociales que protegen los recursos naturales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la situación en Honduras implica un “riesgo elevado” para los líderes comunitarios y defensores ambientales, quienes habitualmente soportan amenazas constantes, desplazamientos forzados y estigmatización.
La participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos de impacto ambiental se considera fundamental para prevenir y resolver conflictos, según el informe.
El documento también subraya la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la falta de reconocimiento de derechos territoriales y la debilidad institucional en la protección de los activistas.
Las cifras recientes muestran que la tendencia lejos de revertirse, continúa su ascenso. Durante los primeros meses de 2026, ya se han reportado al menos tres asesinatos de defensores ambientales, de acuerdo con el estudio del Conadeh. Este dato demuestra que, sin medidas efectivas, “la defensa de la naturaleza sigue costando vidas en Honduras”.
Las oficinas de Conadeh permanecen abiertas para recibir denuncias y ofrecer acompañamiento a quienes enfrenten riesgos, reiteró Daniel Cáceres, al insistir en que la lucha por el territorio continúa siendo, para muchos, una tarea que implica sacrificio y peligro constantes.
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