
El gobernador de Cochabamba y dirigente cocalero Leonardo Loza enfrenta una denuncia por uso indebido de bienes del Estado luego de haber sido encontrado en una ambulancia intentando pasar un punto de bloqueo para asistir a una celebración institucional en el municipio de Villa Tunari, a 167 kilómetros de la ciudad capital.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por la asambleísta Claudia Martínez, quien calificó como “indignante” el uso del vehículo para ese fin. “He presentado esta denuncia porque es indignante que haya pacientes en Villa Tunari con cáncer que no pueden ser trasladados hasta Cochabamba, pero las ambulancias llegan a otros municipios para trasladar al señor Loza a un festejo”, afirmó ante los medios locales.
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El gobernador llegó a ese municipio para participar en una sesión de honor por los 56 años de su fundación. En el acto también participaron autoridades locales y el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien se encuentra custodiado por sus seguidores en esa región ante el riesgo de aprehensión.

En medio del escándalo y la difusión de videos en redes sociales, el vocero de la Gobernación, Sergio De La Zerda, confirmó el uso de la ambulancia: “Se ha trasladado, en primera instancia haciendo uso de sus propios medios, hasta que se encontró en un punto de bloqueo y le pidió el favor a una ambulancia de la Alcaldía de Villa Tunari para continuar el tramo y seguir su camino”, afirmó en conferencia de prensa.
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El hecho cobra relevancia porque Bolivia atraviesa más de un mes de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo que inició con demandas sindicales por aumento salarial y contra algunas reformas del Gobierno derivó en pedidos de dimisión en el altiplano boliviano y luego se expandió a otras regiones del país.
Desde el inicio de los bloqueos el 6 de mayo, el Ejecutivo ha reportado 13 fallecimientos por falta de acceso oportuno a servicios médicos a causa de los piquetes. Tres de estos casos ocurrieron cuando los pacientes estaban siendo trasladados en ambulancias: un paciente renal en el municipio paceño de Guanay, un menor de 12 años en el departamento de Potosí y una mujer de 47 años cuya ambulancia quedó varada en bloqueo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz.
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En ese marco, el Gobierno ha exigido a los sectores movilizados que permitan el paso de ambulancias, personal sanitario e insumos médicos en los puntos de bloqueo.
“Las restricciones al tránsito están impidiendo que pacientes en estado crítico reciban atención médica a tiempo. Ambulancias detenidas, tratamientos interrumpidos y retrasos en el traslado de emergencias tienen consecuencias irreparables”, publicó el Ministerio de Salud. “La vida y la salud están por encima de cualquier interés político”, agrega la nota.
Este martes se cumplen 34 días consecutivos de bloqueos con más de 80 piquetes instalados en seis de los nueve departamentos del país. El Gobierno ha denunciado “intereses narcoterroristas” detrás de la medida de presión que busca su renuncia y ha convocado al diálogo a los sectores que tienen demandas específicas para mitigar los conflictos.
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En paralelo, el Congreso aprobó una norma enviada por el Ejecutivo para regular los estados de excepción que fue promulgada por el presidente Paz este lunes, pero que no implica la vigencia automática de la medida.
“Tienen los días contados”, advirtió el primer mandatario durante la promulgación de la ley, pero no informó cuál es la estrategia ni los plazos fijados para poner fin a un conflicto que, por sus incontables costos económicos y sociales, reclama acciones desde el día uno.
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