El traslado y aislamiento de internos hacia módulos de máxima seguridad ha sido una de las acciones más recientes adoptadas por las autoridades para restringir la coordinación de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.
En estos espacios se aplican protocolos de vigilancia permanente y restricciones severas en las comunicaciones, con el objetivo de interrumpir cualquier intento de organización delictiva.
La lucha contra la extorsión ha llevado a la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional, integrada por la Policía Nacional, bajo el liderazgo del comisionado Rigoberto Oseguera Mass; el Instituto Nacional Penitenciario, a través de sus unidades especializadas de inteligencia; y el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
Esta mesa busca consolidar una respuesta integral que aborde tanto la planificación como la ejecución de delitos vinculados a la extorsión.
Las redes criminales que se dedican a la extorsión han desarrollado mecanismos ilegales de comunicación para sostener operaciones sistemáticas, afectando de forma directa a sectores como el transporte público y los pequeños emprendedores.
La Dipampco, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, ha intensificado las labores para identificar, seguir y desarticular estas estructuras.
Como parte de los resultados operativos recientes, se ha capturado a más de 40 colaboradores externos que cumplían funciones logísticas, entre ellas la ejecución de acciones violentas y la gestión de cobros extorsivos mediante sistemas financieros y plataformas digitales, según publicaciones de Diario La Tribuna.
También se ha detectado la participación de mujeres en estos ilícitos dentro de las cárceles, motivadas por los beneficios económicos que genera el ingreso de armas y drogas. Las autoridades han detectado que el negocio ilícito resulta muy lucrativo, lo que ha incrementado la vigilancia y los controles en los ingresos a los centros penitenciarios.
El fortalecimiento de los mecanismos de control interno es uno de los principales ejes estratégicos definidos por la mesa técnica. Las acciones se enfocan en la detección y judicialización de actos de corrupción relacionados con el ingreso ilegal de dispositivos de comunicación, que son utilizados para continuar actividades delictivas desde el interior de los penales.
En el ámbito judicial, se promueve la apertura de nuevos procesos penales contra privados de libertad que persisten en cometer delitos desde los centros penales.
El objetivo es que la acumulación de causas derive en un aumento de sus condenas y que estas conductas no queden impunes.
Uno de los desafíos tecnológicos más relevantes ha sido la utilización de sistemas de comunicación para coordinar ilícitos. Por ello, la mesa técnica, en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de bloqueo de señal en los centros penitenciarios. Esta medida pretende eliminar las brechas tecnológicas que facilitan la comisión de delitos desde el interior.
Además, se ejecutan procesos de depuración y supervisión orientados a garantizar la integridad del sistema penitenciario. Las autoridades han resaltado que este abordaje integral permitirá ejecutar acciones operativas de impacto inmediato y, al mismo tiempo, formular recomendaciones estratégicas para mejorar la gobernabilidad, el control institucional y la seguridad en el ámbito penitenciario.
El conjunto de estas acciones se alinea con las directrices del gobierno nacional en materia de seguridad, enfocadas en la reducción de la criminalidad, la protección de la población y la mitigación del impacto económico y social que generan delitos como la extorsión. Las autoridades insisten en que la cooperación interinstitucional es clave para sostener una respuesta efectiva frente a este fenómeno delictivo.
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