La dueña de la pensión que envenenaba a sus inquilinos, los mataba y enterraba sus cuerpos en el jardín para cobrar los seguros sociales

La tierra devolvió el primer cadáver. Después apareció otro. Y uno más. En pocos días, el jardín de la pensión se transformó en una escena del crimen estremecedora: aparecieron siete cuerpos sepultados.

La policía había llegado el 11 de noviembre de 1988 a esa casa victoriana de Sacramento para buscar a un hombre que no se encontraba por ningún lado. Se llamaba Alvaro Montoya, tenía 51 años, padecía una discapacidad intelectual y fue alojado allí por una trabajadora social que comenzaba a preocuparse por su ausencia.

La propietaria, Dorothea Puente, ofrecía explicaciones confusas sobre su paradero. Entonces, los agentes decidieron revisar la vivienda, realizar una excavación, y las imágenes con las que se encontraron fueron de terror.

La mujer que administraba el lugar tenía 59 años y una apariencia que no despertaba temor. De cabello blanco, anteojos y modales amables, preparaba comidas, ofrecía regalos y recibía a personas mayores, enfermas, con problemas de adicción o sin familia para hacerse cargo de ellas. Para muchos era una benefactora. Para los investigadores, en cambio, era una asesina que convirtió la vulnerabilidad de sus huéspedes en una oportunidad para enriquecerse.

La sospecha era tan siniestra como concreta: los drogaba con medicamentos, provocaba sus muertes, ocultaba los cuerpos en el jardín y continuaba cobrando sus cheques de asistencia y del Seguro Social. La investigación terminó vinculándola con nueve asesinatos cometidos entre 1982 y 1988. Aunque fue condenada por tres de ellos, el caso la convirtió en una de las asesinas seriales más conocidas de Estados Unidos.

Anfitriona con antecedentes

Dorothea Montalvo Puente había nacido en enero de 1929 en California, y su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar y las dificultades económicas. Perdió a su madre cuando era niña y pasó por distintos hogares. Su vida adulta tampoco fue sencilla: se casó joven, tuvo hijos y atravesó relaciones conflictivas, además de una sucesión de problemas con la Justicia.

Su historial delictivo empezó mucho antes de que la policía encontrara los cadáveres en Sacramento. Había sido condenada por falsificación de cheques y por drogar y robar a personas que conocía. En la década de 1970 comenzó a administrar una pensión para adultos mayores y personas necesitadas. Allí descubrió un mecanismo que más tarde se convertiría en una de las claves de la pesquisa: podía manejar el dinero de huéspedes que dependían de sus beneficios estatales y federales.

En 1978 fue condenada por falsificar las firmas de algunos huéspedes en sus cheques de asistencia. Recibió cinco años de libertad condicional y se le prohibió administrar una pensión. Pero la restricción no impidió que continuara vinculada con personas vulnerables. Se presentó como cuidadora y consiguió alojamiento para quienes necesitaban un lugar donde vivir.

En 1982 volvió a tener problemas graves. Fue condenada por drogar y robar a personas, entre ellas clientes que conoció en bares. La sentencia fue de cinco años, aunque recuperó la libertad en septiembre de 1985, después de cumplir parte de la pena. Las condiciones de su libertad eran claras: no podía administrar una residencia para ancianos, cuidar personas mayores ni manejar los cheques de asistencia de terceros.

Sin embargo, al salir de la cárcel regresó a una casa de dos plantas ubicada en el 1426 de F Street, en Sacramento, y volvió a alojar personas. El inmueble, de estilo victoriano, estaba a pocas cuadras del Capitolio estatal. Puente lo convirtió en una pensión destinada, sobre todo, a personas que no tenían alternativas.

La clientela estaba integrada por hombres y mujeres de edad avanzada, personas con problemas de salud, sin hogar, y otras que recibían ayuda estatal. Muchos tenían escasos vínculos familiares. Algunos sufrían de alcoholismo o trastornos mentales. Era gente cuya desaparición podía tardar en llamar la atención.

Los huéspedes que desaparecían

La mujer sabía presentarse como una anfitriona generosa. Preparaba comidas abundantes, se ocupaba de algunas necesidades cotidianas y se mostraba afectuosa con quienes vivían en su casa. Pero, según la reconstrucción de los fiscales, detrás de esa imagen había un sistema de explotación: conseguía acceso a los ingresos de sus huéspedes, obtenía sus firmas y seguía cobrando sus beneficios cuando ya no estaban.

Los investigadores sostuvieron que manipulaba remedios recetados para sedar a sus víctimas y provocar sobredosis. Entre las sustancias halladas en los cuerpos apareció Dalmane, un fármaco usado como somnífero. Sin embargo, el trabajo de los forenses tuvo limitaciones: en varios casos no pudieron establecer una causa de muerte precisa. La fiscalía debió construir sus acusaciones a partir de un conjunto de indicios, entre ellos los restos humanos, los medicamentos, los movimientos financieros y las circunstancias en que desaparecieron los inquilinos.

Uno de los primeros casos que despertó sospechas fue el de Ruth Munroe, una mujer de 61 años que murió en 1982 en la casa de Puente. Fue considerado inicialmente una sobredosis, aunque sus familiares desconfiaron de esa explicación y quedó bajo investigación años después, cuando aparecieron los otros cadáveres.

Otro episodio involucró a Everson Gillmouth, un hombre de 77 años ex pareja de Dorothea. Se conocieron mientras ella estaba en prisión, y después de su liberación, retomaron la relación. Gillmouth desapareció a fines de 1985. Su cuerpo fue encontrado en enero de 1986 dentro de una caja de madera, a orillas del río Sacramento. La investigación relacionó su muerte con ella, quien habría seguido utilizando sus ingresos.

Para ocultar el crimen contrató a un trabajador llamado Ismael Florez para realizar tareas en su propiedad y construir una caja de madera con tapa. Él recibió, entre otras cosas, una camioneta que pertenecía a Gillmouth como parte del pago. Y declaró más tarde que le había dicho que su pareja se encontraba de viaje.

El patrón se repetía: personas que desaparecían, explicaciones poco convincentes y dinero que continuaba ingresando. Pero durante un tiempo nadie consiguió reunir las piezas necesarias para detenerla.

El hombre que puso a la policía sobre la pista

La investigación que terminó con el hallazgo de los cuerpos comenzó con la desaparición de Alvaro “Bert” Montoya, un hombre de 51 años con discapacidad intelectual y esquizofrenia. Una trabajadora social, Judy Moise, gestionó su ingreso en la pensión de Puente. Cuando dejó de tener noticias de él, se comunicó con la propietaria para averiguar dónde estaba.

Las respuestas no la convencieron. Dorothea ofreció versiones contradictorias sobre el paradero y no logró explicar con claridad por qué no podía ser localizado. Moise decidió presentar una denuncia por desaparición ante la policía de Sacramento.

El 11 de noviembre de 1988, los detectives llegaron a la casa de F Street. La búsqueda de Montoya llevó a revisar la vivienda y a interrogar a la propietaria. Como no encontraron al hombre, pidieron permiso para excavar en el jardín. Los agentes encontraron los restos de Leona Carpenter, una mujer de 78 años que vivió en la pensión.

La excavación continuó y el horror fue creciendo. En los días siguientes aparecieron otros cuerpos. El terreno, que hasta entonces fue un jardín cuidado, escondía siete cadáveres. Entre ellos estaba el de Montoya, cuya desaparición originó la investigación.

Los restos fueron identificados como los de Leona Carpenter, Alvaro Montoya, Dorothy Miller, Benjamin Fink, James Gallop, Vera Faye Martin y Betty Palmer. Todos huéspedes de la pensión. La mayoría, personas de edad avanzada y con escasos recursos, precisamente el perfil de quienes dependían de la ayuda que Puente decía ofrecer.

La policía también encontró medicamentos y elementos que podían vincularla con la administración de drogas. Los análisis toxicológicos detectaron rastros de sedantes en los cuerpos. Pero los investigadores debían probar que las muertes no fueron naturales y que Dorothea tuvo participación.

La mujer, mientras tanto, seguía en libertad. Los detectives consideraron que todavía no tenían pruebas suficientes para detenerla de inmediato. En medio de la excavación, ella pidió permiso para salir, dijo que necesitaba visitar a un familiar. Se fue y no regresó. Vestía un abrigo rojo y zapatos de taco alto. La escena fue observada por periodistas, vecinos y policías que trabajaban en el lugar.

Su desaparición convirtió la investigación en una búsqueda nacional. Dorothea viajó hacia Los Ángeles y se alojó en un motel con identidad falsa. El 17 de noviembre fue reconocida por alguien que la vio en las noticias y alertó a la policía. La detuvieron sin resistencia y quedó finalmente bajo custodia.

Nueve acusaciones y un juicio de cinco meses

La investigación se extendió más allá de los siete cuerpos encontrados. Se la vinculó con la muerte de Gillmouth, cuyo cadáver apareció en una caja junto al río, y con la de Ruth Munroe, fallecida en 1982. En total, la acusaron por nueve asesinatos: ocho inquilinos y su novio.

Los fiscales argumentaron que eligió a sus víctimas por su vulnerabilidad y porque podía apropiarse de sus ingresos sin que nadie reclamara. Según ellos, empleaba medicamentos para sedarlas y luego ocultaba sus cuerpos. Una vez que los inquilinos morían, seguía cobrando los cheques de asistencia y del Seguro Social.

Puente negó haber matado a nadie. Admitió que cobró cheques de algunos huéspedes desaparecidos, pero sostuvo que sus muertes fueron naturales y que no informó lo ocurrido por temor a volver a prisión. Su defensa cuestionó la falta de testigos directos y señaló que los forenses no determinaron con certeza la causa de muerte de varias víctimas. También presentó a la acusada como una mujer con una infancia traumática, que ayudó a su comunidad y que era juzgada por presión de la prensa.

El proceso empezó en febrero de 1993. Debido a la enorme repercusión que tuvo el caso en Sacramento, el juicio fue trasladado a Monterey, a unos 300 kilómetros. La selección del jurado fue compleja y el debate se prolongó durante cinco meses. Declararon 156 testigos y se presentaron demasiados elementos de prueba, entre ellos registros bancarios, documentación de beneficios sociales, informes médicos y toxicológicos, fotografías de las excavaciones y testimonios de personas que vivieron en la pensión.

La fiscalía describió a las víctimas como personas prácticamente invisibles para el resto de la sociedad: ancianos, enfermos, personas sin hogar o sin familiares que pudieran advertir su ausencia. El fiscal utilizó la expresión “shadow people”, algo así como “personas en las sombras”, para explicar por qué sus desapariciones pasaron inadvertidas durante tanto tiempo.

El jurado deliberó durante 24 días. El resultado fue menos amplio que la acusación: declaró a Dorothea culpable de tres asesinatos, los de Benjamin Fink, Leona Carpenter y Dorothy Miller. No consiguió alcanzar un acuerdo sobre los otros seis cargos. Por esa razón, no fue condenada por los nueve homicidios que se le atribuían, aunque la fiscalía sostuvo que todos formaban parte de un mismo esquema criminal.

La sentencia llegó en diciembre. Puente recibió dos condenas a prisión perpetua por los asesinatos en primer grado de Fink y Carpenter, y otra pena de 15 años a perpetua por el homicidio en segundo grado de Miller. Se cumplieron de manera concurrente, significaba que no recuperaría la libertad. Pasó el resto de su vida en la Central California Women’s Facility, una prisión para mujeres ubicada en Chowchilla, donde murió el 27 de marzo de 2011, a los 82 años, por causas naturales.