Súper RIGI: el Gobierno no define el reclamo de aliados y la iniciativa sigue sin dictamen en el Senado

A excepción de la corriente semana, planchada por la reciente visita papal al país y el día del empleado legislativo -ayer-, la ansiedad relacionada con el fin de las sesiones ordinarias acumula temas sin resolver en el Congreso. En el Senado, y a pesar de un presunto interés que mostró el Gobierno en octubre, el Súper RIGI sigue frenado y no hay indicios de avance hasta el momento, tras el pedido de bloques dialoguistas para modificar la iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que plantea beneficios impositivos para inversiones, por más de USD 1.000 millones, en industrias “del futuro”.

En septiembre pasado, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigieron ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer importaciones que hoy se expanden en el vigente RIGI, algo que preocupa en varias provincias. Además, solicitaron que el valor de los potenciales insumos en cuestión “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Previo a esta traba y, ante desgastantes idas y vueltas desde Balcarce 50 a la hora de definir qué acordar con aliados, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), validó cambios relacionados con el 20% a favor de bienes locales. Además, sumó que las inversiones por más de USD 1.000 millones que establece el articulado reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Lo que sí queda claro es que a partir de todo esto -más eventuales modificaciones extra- el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados.

Los tres senadores sugieren, para verificar la oferta, que quien oficie de autoridad de aplicación active “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

“A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”, impone la propuesta. Además, la comparación deberá “efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

Tras semanas de dudas desde el Ejecutivo, la muestra de un acuerdo viable llegó a fines del mes pasado y por otro lado, cuando el pleno de la Cámara alta aprobó la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que avala guiños fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones que empujaron radicales como Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

Como Abad, Goerling y Espínola realizaron la misma observación allí, en dicho proyecto se incorporó que las inversión “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

En el articulado también se incorporó: “Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”. Algo similar a lo del Súper RIGI, que aguarda resolución.