El profesorado de Cornell aprobó un voto de censura contra la administración tras la denuncia de violación grupal

El Senado de la Universidad de Cornell aprobó, por 75 votos contra 50, una resolución de falta de confianza en la administración central por su gestión de la crisis de agresiones sexuales en el campus. Cinco senadores se abstuvieron y otros cinco no participaron en la votación.

La medida, de carácter simbólico, se produjo tras la demanda presentada por una exalumna que denunció haber sido drogada y abusada por varios miembros de una fraternidad en 2024.

Pese a que el organismo docente no tiene facultades para destituir a las autoridades universitarias, los impulsores de la resolución buscan que la administración responda a las fallas institucionales persistentes, reportó Associated Press.

Antes de la votación, se rechazó una propuesta para aplazarla hasta conocer los resultados de una investigación externa encabezada por Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos. Yates examinará la respuesta de Cornell a la denuncia inicial de 2024 y los protocolos generales de la universidad para abordar acusaciones similares.

La denuncia contra siete exintegrantes de Chi Phi impulsó la votación

La exalumna, identificada en los expedientes judiciales como Jane Doe, alega que fue drogada con ketamina y víctima de una violación grupal en una fiesta en la sede de la organización entre el 19 y el 20 de octubre de 2024.

En ese momento, denunció el hecho ante la policía universitaria, que elaboró un informe de seis páginas a partir de sus declaraciones, recogidas durante una entrevista de dos días.

A partir de ese reporte, la fiscalía del condado de Tompkins decidió no avanzar con una causa penal. Como consecuencia, ninguno de los implicados fue acusado formalmente de un delito.

La oficina de Título IX de Cornell realizó una investigación interna que derivó en la expulsión de dos de los siete estudiantes señalados. Uno de ellos ya había finalizado sus estudios y se le prohibió el acceso al campus.

Otros dos recibieron suspensiones y medidas disciplinarias, mientras que tres afrontaron sanciones menores, entre ellas trabajos de reflexión y capacitación para intervenir como testigos, precisó The New York Times.

Este año, la exalumna presentó una demanda civil contra Cornell y siete exmiembros de la fraternidad Chi Phi, lo que motivó la reapertura de la investigación.

Posteriormente, el expediente pasó a manos de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien deberá decidir si se presentan cargos penales. Esta semana, James designó a la exfiscal federal Jacqueline Kelly para llevar adelante una investigación independiente sobre las acusaciones, consignó NBC News.

Las sanciones internas fueron cuestionadas por profesores y denunciantes

Ante la denuncia, la Universidad de Cornell anunció una serie de medidas inmediatas, entre ellas la suspensión de las fiestas de fraternidades hasta el final del año académico y la incorporación de personal especializado en agresiones sexuales.

Parte del profesorado cuestionó la insuficiencia de esas acciones. Rita Lieberwitz, una de las copatrocinadoras de la iniciativa, afirmó en The New York Times que la administración había respondido de forma “reactiva y fragmentada”, lo que, a su juicio, erosionó la confianza de alumnos, docentes y empleados.

Paul Ortiz, profesor de Historia del Trabajo que respaldó la resolución, contó en Associated Press que miembros de distintos sectores de la comunidad universitaria transmitieron a sus impulsores que el caso de Jane Doe era “apenas la punta del iceberg”.

En un comunicado, los patrocinadores explicaron que la decisión representa “un llamado a un cambio real y sistémico; no a un grupo de trabajo lento, a una prohibición poco aplicada de las fiestas de fraternidades ni a un costoso control de daños”.

El Consejo de Administración mantiene su respaldo a Kotlikoff

Ante el profesorado, el presidente de la universidad, Michael I. Kotlikoff, se comprometió a convertir a la universidad en un referente en la lucha contra la agresión sexual y pidió más tiempo para implementar los cambios institucionales.

A su vez, Kotlikoff aseguró que reemplazarlo no resolvería por sí solo un problema complejo y podría dañar la reputación de Cornell. A su juicio, las decisiones deben basarse en la evidencia y no en las emociones.

Respecto a su respuesta en 2024, el mandatario universitario reconoció que no había leído el informe de la policía del campus porque las normas le impiden interferir en investigaciones penales y dijo que se enteró recientemente de que Jane Doe había dejado el campus, detalló Associated Press.

La presidenta del Consejo de Administración, Anne Smalling, reconoció que la votación refleja el enojo existente en el campus y que lo denunciado por la exalumna es inaceptable. Sin embargo, sostuvo que el órgano rector confía en Kotlikoff y su equipo para tratar el problema “de manera reflexiva e integral”.

Entre las medidas adoptadas por la dirección, Smalling mencionó la incorporación de personal a la Oficina de Derechos Civiles, la ampliación de la capacitación presencial para prevenir agresiones sexuales y la contratación de más defensores de víctimas. Además, anticipó que habrá nuevas iniciativas en las próximas semanas y meses, según NBC News.