La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, designó este miércoles a Jacqueline Kelly para conducir la investigación criminal en Cornell University por la presunta violación grupal. Kelly es la exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York que supervisó el proceso penal contra el magnate de la música Sean “Diddy” Combs, según informó AP.
Kelly, egresada de Cornell y socia del estudio jurídico Boies Schiller Flexner, asumirá el rol de asesora externa con amplias facultades para reunir pruebas, entrevistar testigos, revisar los registros de las investigaciones previas y evaluar si los hechos denunciados configuran un delito. Responderá ante James en el marco de esa investigación.
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Una egresada de Cornell con experiencia en crímenes sexuales de alto perfil
Kelly trabajó casi una década en la fiscalía federal antes de pasar a la práctica privada, donde representa a víctimas de abuso. Graduada en Derecho por la Universidad de Columbia, fue la primera jefa de la Unidad de Derechos Civiles dentro de la División Criminal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, cargo que ocupó hasta el año pasado.
En esa función, supervisó los casos contra Combs —condenado a 50 meses de prisión por facilitar la prostitución y absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual—, así como contra el empresario canadiense Peter Nygård y el médico Ricardo Cruciani, acusado de abusar sexualmente de decenas de pacientes. Boies Schiller Flexner, firma a la que se incorporó el año pasado, representa a mujeres que denunciaron haber sido víctimas de Jeffrey Epstein.
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“Todos los neoyorquinos merecen una investigación justa y exhaustiva de los hechos de este caso”, declaró Kelly en un comunicado recogido por ABC News. “Espero contribuir con mis años de experiencia como fiscal federal a la Oficina del Fiscal General mientras examinamos todas las pruebas disponibles”, agregó.
La violación denunciada en Chi Phi y el debate sobre las leyes de agresión sexual en Nueva York
El caso tiene su origen en una denuncia presentada en noviembre de 2024 por una exestudiante de Cornell que se identifica en los documentos judiciales como Jane Doe. Según su demanda civil, interpuesta en septiembre pasado, siete integrantes de la fraternidad Chi Phi la presionaron para consumir ketamina y marihuana durante una fiesta los 19 y 20 de octubre de 2024, y la agredieron sexualmente mientras se encontraba en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento. Los siete acusados han negado cualquier irregularidad.
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El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, revisó un resumen de seis páginas con las declaraciones de Jane Doe ante la policía universitaria y concluyó en 2024 que los hechos descritos, aunque “moralmente perturbadores”, no constituían violación en los términos del derecho penal de Nueva York.
La decisión provocó protestas en el campus y reabrió el debate sobre las limitaciones de la legislación estatal en materia de agresión sexual. Van Houten anunció posteriormente que reabriría la investigación y llevaría el caso a un gran jurado, pero Hochul lo apartó del proceso antes de que eso ocurriera.
Hochul destituyó al fiscal local y nombró a James fiscal especial
La gobernadora Kathy Hochul actuó mediante una orden ejecutiva después de declarar que había perdido la confianza en Van Houten. Cuando Hochul anunció esa designación, funcionarios de la fiscalía anticiparon que se contrataría a un abogado externo para liderar la investigación y, si correspondía, presentar las pruebas ante un gran jurado. Kelly será quien lleve adelante esa tarea al frente de un equipo integrado por profesionales de su firma y de la propia fiscalía.
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La nominación de James generó objeciones por parte de dos de los fraternos mencionados en la demanda civil. Sus abogados presentaron peticiones ante distintos jueces estatales para que James sea apartada del caso, con el argumento de que una publicación en sus redes sociales —anterior a su designación como fiscal especial— revela prejuicio a favor de la acusante.
El abogado Stuart Bernstein, representante de uno de los imputados, sostuvo que esa declaración pública “genera una apariencia seria de prejuicio”. James respondió que esos planteos carecen de fundamento; Hochul afirmó tener “plena confianza” en el manejo del caso por parte de la fiscal general. Las peticiones de recusación están pendientes de resolución judicial.
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Sin plazo definido para concluir. En Nueva York no existe prescripción para los delitos sexuales más graves, aunque el plazo de dos años para los de menor gravedad ya venció. Kelly mantendrá su cargo en Boies Schiller Flexner durante el transcurso de la investigación.
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