Uno de los acusados de la violación grupal en Cornell volvió al campus y lo alojaron en una residencia mixta

La institución lo mantuvo dos semanas en una habitación compartida con otra persona que desconocía su historial, incluso después de que la denunciante presentara públicamente una demanda civil por agresión sexual

La denunciante presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi por agresiones ocurridas en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo).
La denunciante presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi por agresiones ocurridas en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo).
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Un estudiante de la Universidad de Cornell, sancionado por su presunta participación en una violación grupal ocurrida en 2024, regresó este otoño al campus tras cumplir una suspensión de tres semestres. Fue alojado en una residencia mixta con una persona con quien compartía habitación y que desconocía sus antecedentes disciplinarios.

La situación fue planteada el 14 de octubre por la profesora de psicología Corinna Loeckenhoff ante el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, durante una reunión del Senado de Profesores en la que se debatía una moción de censura para condenar la respuesta de la universidad ante la violencia sexual en el campus.

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La denunciante, identificada como Jane Doe, presentó en septiembre una demanda contra Cornell y siete hombres. En ella alegó que, entre el 19 y el 20 de octubre de 2024, fue drogada y violada en una casa de la fraternidad Chi Phi.

En ese momento, presentó una denuncia ante la policía universitaria, que la entrevistó y elaboró un informe de seis páginas a partir de dos días de entrevistas. El documento omitió una declaración en la que la denunciante aseguraba, con “100% de seguridad”, que había sido abusada.

A partir de esa información, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, no realizó una investigación independiente ni presentó cargos penales.

La policía universitaria omitió declaraciones decisivas de la víctima en su reporte oficial y la fiscalía del condado de Tompkins descartó la apertura de un proceso penal en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo).
La policía universitaria omitió declaraciones decisivas de la víctima en su reporte oficial y la fiscalía del condado de Tompkins descartó la apertura de un proceso penal en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo).

Cornell analizará cómo gestionó el alojamiento del estudiante suspendido

En una grabación de la reunión a la que tuvo acceso Associated Press, Loeckenhoff explicó que la universidad mantuvo al alumno durante dos semanas en esa habitación compartida después de que Jane Doe presentara la demanda civil. “Esto suponía un riesgo claro para la seguridad”, dijo la profesora.

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A su vez, advirtió que los registros de Cornell indican, “como mínimo”, que el estudiante admitió haber consumido drogas y mantenido relaciones sexuales con una persona intoxicada.

“¿Por qué el Departamento de Vivienda no estaba al tanto de esto? No tenían ni idea hasta que el compañero de cuarto, conmocionado, se puso en contacto con ellos y les pidió un cambio de habitación”, cuestionó.

Por su parte, Kotlikoff, quien era presidente interino cuando la mujer denunció la agresión en 2024, aseguró durante la reunión que el comité disciplinario, y no él, resolvió permitir el regreso del estudiante. “Es algo con lo que quizás no estés de acuerdo, yo tampoco, pero no hemos escuchado las pruebas”, afirmó.

El rector añadió que examinaría lo ocurrido si Cornell no respondió de forma adecuada a las inquietudes sobre la presencia del alumno.

Asimismo, la universidad informó a la agencia que “revisará si se plantearon inquietudes en las oficinas de alojamiento u otras dependencias y, de ser así, si se proporcionaron las adaptaciones adecuadas”.

La profesora Corinna Loeckenhoff cuestionó que Cornell alojara al estudiante en una habitación compartida (REUTERS/David Ryder).
La profesora Corinna Loeckenhoff cuestionó que Cornell alojara al estudiante en una habitación compartida (REUTERS/David Ryder).

Cornell sancionó a seis integrantes de Chi Phi y excluyó del campus a un séptimo

Tras una investigación de varios meses en el marco del Título IX, el procedimiento federal estadounidense contra la discriminación sexual en ámbitos educativos, Cornell sancionó a varios miembros de Chi Phi.

Dos fueron expulsados; dos recibieron suspensión y período de prueba, y otros dos debieron redactar trabajos de reflexión y completar una capacitación para intervenir como testigos. Un séptimo hombre ya se había graduado y quedó excluido del campus, según documentos citados por The New York Times y recogidos por Associated Press.

Los siete hombres rechazaron las acusaciones. Algunos manifestaron que las relaciones fueron consentidas, mientras que otros niegan haber participado.

Uno de los estudiantes expulsados se matriculó posteriormente en la Universidad Nova Southeastern, en Florida. La institución indicó que desconocía las acusaciones al momento de admitirlo y que actuó apenas tuvo conocimiento de ellas, aunque no precisó qué medida adoptó ni si el alumno continúa inscripto, al invocar las normas federales de privacidad estudiantil.

El abogado del alumno que recibió una suspensión de tres semestres declaró que su representado sostiene que el encuentro fue consentido y pidió que no se considere a cada implicado como igualmente responsable.

“Se trata de siete personas diferentes, con circunstancias diferentes, y cada una merece ser juzgada en función de las pruebas que le conciernen”, enfatizó el letrado Andrew Miltenberg.

Según la demanda, ese estudiante habría mantenido relaciones sexuales sin consentimiento con la alumna junto a otro integrante de la fraternidad y, posteriormente, se sumó a otros hombres que aspiraron ketamina del cuerpo de la mujer.

La oficina de relaciones con los medios de Cornell expresó en un comunicado que quienes cumplen una suspensión y las sanciones adicionales “recuperan los mismos derechos y responsabilidades que sus compañeros, incluida la posibilidad de acceder a vivienda”.

El proceso interno de Cornell bajo el protocolo del Título IX concluyó con la expulsión de dos estudiantes y el veto de acceso a las instalaciones para otro implicado (REUTERS/Lauren Petracca/File Photo).
El proceso interno de Cornell bajo el protocolo del Título IX concluyó con la expulsión de dos estudiantes y el veto de acceso a las instalaciones para otro implicado (REUTERS/Lauren Petracca/File Photo).

La normativa federal limita qué antecedentes disciplinarios pueden conocer los compañeros de habitación

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de Estados Unidos permite a las universidades compartir expedientes estudiantiles con funcionarios que necesiten esa información, de acuerdo con orientaciones del Departamento de Educación.

Además, contempla la divulgación de ciertos datos cuando un estudiante ha sido declarado responsable de infracciones escolares que impliquen violencia, entre ellas agresiones sexuales.

La abogada Kristi Patrickus, integrante de la Asociación para la Administración de la Conducta Estudiantil, planteó que las universidades pueden restringir el acceso a residencias a alumnos que regresan de una suspensión, aun si retoman las clases.

Sin embargo, señaló que las protecciones de privacidad suelen impedir que se advierta a un compañero de cuarto sobre el historial disciplinario de otro estudiante: “No hay realmente excepciones que nos permitan decirle a un compañero de habitación: ‘Esta persona vuelve de una suspensión. Ten cuidado’”.

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