La joven que denunció la violación grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell vive con “miedo constante”

La mujer identificada como Jane Doe, que denunció haber sido drogada y violada por siete hombres en una fraternidad de la Universidad de Cornell, vive con “miedo constante” desde que presentó la demanda civil, según declaró su abogado, Thomas Giuffra, a la BBC.

La agresión habría ocurrido entre el 19 y el 20 de octubre de 2024, durante una fiesta en la sede de la fraternidad Chi Phi. En ese momento, la joven denunció el hecho ante la policía universitaria, que la entrevistó durante dos días y elaboró un informe de seis páginas en el que omitió declaraciones como una en la que afirmaba estar “100% segura” de haber sido violada.

A partir de ese informe, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, no llevó a cabo una investigación independiente ni presentó cargos. Por su parte, la universidad expulsó a dos estudiantes e impuso suspensiones y otras sanciones académicas a otros. La fraternidad Chi Phi fue clausurada.

Cuando Jane Doe presentó la acción civil este año, Van Houten reabrió la investigación. Posteriormente, la gobernadora Kathy Hochul lo apartó del caso y designó a Letitia James como fiscal especial para determinar si se presentan cargos penales contra los implicados.

La denunciante recibe terapia por las amenazas

Tras hacerse público el caso, muchas personas expresaron su apoyo a Jane Doe, mientras que otras intentaron identificar a la denunciante y respaldaron a los acusados.

Según relató Giuffra a la BBC, la dirección de la joven fue publicada en internet sin su autorización. A partir de esa información, se realizó una falsa llamada de emergencia que llevó a policías armados a la vivienda familiar, donde apuntaron contra su padre, su hermano y una amiga. “Ella se siente atacada”, expresó.

El letrado sostuvo que su clienta atraviesa “un momento muy difícil” y solo intenta “sobrevivir”. Doe tiene problemas para dormir, recurre a medicación para descansar y recibe terapia por trauma.

Pese a ello, afirmó que mantiene la intención de impulsar cambios en el sistema universitario de Cornell y en otras instituciones. El abogado contó que su decisión de litigar busca recuperar el control sobre su vida y obtener un cierre.

El abogado cuestionó la respuesta de Cornell y alertó sobre la pérdida de pruebas

La Universidad de Cornell anunció una serie de medidas inmediatas este mes, entre ellas la suspensión de las fiestas de fraternidades hasta el final del año académico y la incorporación de personal especializado en agresiones sexuales.

Giuffra cuestionó que Cornell no se hubiera comunicado con él y consideró que la universidad se centró en el “control de daños”. A su vez, señaló que un eventual acuerdo en la demanda civil debería incluir medidas para prevenir nuevos casos como el de Doe y garantizar apoyo a quienes denuncien.

Por otro lado, habló de la investigación penal que lleva a cabo la fiscal Letitia James. El abogado expresó que podría llevar tiempo y le preocupa que se centre en pruebas “obsoletas”.

En su opinión, la pesquisa debió preservar información en 2024: “El mejor momento para obtener pruebas es en el momento en que se comete el delito y eso simplemente no sucedió”.

Por otro lado, añadió que confía en la demanda civil, cuyo estándar exige demostrar que los hechos son más probables que improbables, un umbral inferior al requerido para una condena penal: “No habría aceptado el caso si no creyera que era un caso sólido que podía ganar y brindarle algo de consuelo”.

Letitia James pidió desestimar el intento de apartarla de la investigación penal

Luego de la designación de James, uno de los abogados de los implicados presentó una petición para impedir que actúe como fiscal especial en la investigación reabierta del caso. Este jueves, la fiscal solicitó que la petición sea rechazada.

La petición alega que James mostró sesgo y una presunción de culpabilidad en un mensaje publicado antes de su designación, en el que calificó de “horrífico e inaceptable” lo que la joven habría sufrido y expresó su respaldo a las sobrevivientes.

De acuerdo con documentos judiciales recogidos por NBC News y ABC News, la oficina de James respondió que la petición carece de fundamento procesal y que un tribunal no puede anular la decisión discrecional de la gobernadora. Los fiscales estatales detallaron que el mensaje en redes sociales no le impide realizar una “investigación completa, razonada e independiente”.

Los abogados de otro exintegrante de la fraternidad mencionado en la demanda también solicitaron excluir a James de posibles actuaciones ante un gran jurado; esa petición continúa pendiente.