
Un gran jurado federal acusó formalmente a 14 personas por una presunta conspiración nacional de megafraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad que habría afectado a víctimas en todo Estados Unidos y vinculó cuentas con más de USD 373 millones. El presunto líder de la red, Muhamed Dieye, de 35 años y residente de Dallas, enfrenta cargos tras su detención en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde las autoridades lo interceptaron cuando presuntamente intentaba abandonar el país. Actualmente se encuentra bajo custodia federal a la espera de juicio.
El gran jurado emitió la acusación federal de 22 cargos el 26 de agosto de 2026 y el caso se hizo público el 3 de noviembre, según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas. La difusión se produjo tras el arresto en Florida de un presunto co-conspirador clave, lo que permitió desmantelar la operación.
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Los 13 coacusados de Dieye también enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado. Entre ellos figuran Maurice Rashad McDuffie, Saad Nashat Botros, Sammed Kweku Okyne, Renaldo Santez Gaines, Alphonso Brndon Seke-Horton, Terry Leon Daniels Jr., Jamel Allen Small, Kemar Fitzroy Needham, Kevin Brandon Flores Cazares, Dylon Amari Ruby, Courtney Jane Sutton y un acusado identificado como C.S.
Cómo operó la presunta red de fraude bancario en Estados Unidos
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas, la organización funcionó entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Durante ese período, los acusados habrían obtenido datos de identificación personal de las víctimas, producido y distribuido documentos falsos, suplantado identidades, manipulado líneas telefónicas mediante intercambio de tarjetas SIM e interceptado códigos de seguridad. Para sortear los sistemas de autenticación bancaria, contaron, según la acusación, con la colaboración de presuntos empleados corruptos de bancos y empresas de telecomunicaciones.
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La acusación señala que Dieye poseía una hoja de cálculo con información personal y comercial detallada de casi 3.000 víctimas, cuyas cuentas sumaban en conjunto más de USD 373 millones. Los imputados habrían accedido o intentado acceder a fondos en entidades como Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase Bank y Charles Schwab.

Entre las operaciones investigadas figura un intento de transferencia de USD 2 millones al Emirates Islamic Bank.
Acusación federal por robo de identidad: el intento de fuga del presunto líder de la red
Antes de que se hiciera pública la acusación, las fuerzas federales detectaron que Dieye habría intentado salir del país. Según la moción del gobierno para revocar su liberación, él y su familia dejaron su residencia en Dallas, enviaron la mayor parte de sus pertenencias a Kenia y viajaron a Nueva York con la intención de abordar un vuelo con destino a Malasia.
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Tras escanear la tarjeta de embarque, Dieye se resistió físicamente al arresto y trató de destruir un teléfono móvil que contenía pruebas relacionadas con una posible compra de vivienda en Malasia, según la misma moción. Varios agentes federales tuvieron que reducirlo.
Aunque un tribunal del Distrito Este de Nueva York ordenó inicialmente su liberación bajo fianza, el gobierno obtuvo de inmediato una suspensión de emergencia de esa resolución. Las autoridades lo trasladaron luego al Distrito Norte de Texas, donde permanece bajo custodia federal junto con varios coacusados.

“Estos acusados están imputados por robar los ahorros de toda la vida de miles de estadounidenses, y el cabecilla fue detenido antes de que pudiera huir”, declaró el fiscal federal Ryan Raybould en el comunicado difundido por la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas.
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Penas que enfrentan los acusados por conspiración y fraude bancario
En caso de condena, los imputados podrían recibir hasta 30 años de prisión federal por el cargo de conspiración para cometer fraude bancario y hasta 20 años por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. El cargo de robo de identidad agravado establece una pena obligatoria adicional de dos años, que se cumple de forma consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta.
La investigación estuvo a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática, con apoyo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias federales y locales, entre ellas el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del Condado de Collin.
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Como establece el sistema legal estadounidense, una acusación formal es una alegación de conducta delictiva. Todos los imputados se presumen inocentes hasta que un tribunal de justicia determine lo contrario.
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