El Departamento del Interior de Estados Unidos, encabezado por el Secretario Doug Burgum, formalizó el viernes 21 de agosto la firma de las Guías Operativas 2027-2028 para la cuenca del río Colorado. La medida impone un recorte obligatorio de agua de 1.54 billones de litros (1.25 millones de acres-pie) anuales para los estados de la Cuenca Baja, ante una crisis hídrica que las autoridades federales califican como una amenaza de colapso para el sistema de suministro regional.
La intervención federal responde a la combinación crítica de una sequía prolongada de 26 años, el uso excesivo histórico del río y los efectos del cambio climático, factores que redujeron drásticamente el flujo de agua en la región. Según informes del Departamento del Interior y el Buró de Reclamación, los embalses Lago Powell y Lago Mead alcanzaron sus niveles más bajos registrados desde 1963, hecho que obligó a una acción administrativa inmediata ante la falta de un consenso duradero entre los siete estados involucrados.
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Desglose de recortes y gestión hídrica en Arizona, California y Nevada
La distribución del ajuste obligatorio para los estados de la Cuenca Baja, basada en el acuerdo propuesto en mayo, se estructura de la siguiente manera:
- Arizona: 937,446 millones de litros (760,000 acres-pie).
- California: 542,732 millones de litros (440,000 acres-pie).
- Nevada: 61,674 millones de litros (50,000 acres-pie).
El Departamento del Interior advirtió sobre la posibilidad de elevar estas cifras hasta los 3.70 billones de litros (3 millones de acres-pie) anuales a partir de 2029 si las condiciones hidrológicas no presentan mejorías.
Esta postura responde a la necesidad de mantener el nivel del Lago Powell por encima de los 1,070 metros (3,510 pies) sobre el nivel del mar, umbral necesario para asegurar la operatividad de la infraestructura hidroeléctrica.
Causas y justificación de la medida
La escasez extrema pone en riesgo la infraestructura crítica de la Presa del Cañón del Glen, ya que el nivel del Lago Powell se sitúa en un umbral donde podría perderse la capacidad de generar energía hidroeléctrica. Según detalla ABC News, esta situación compromete el suministro eléctrico de millones de hogares y empresas. Asimismo, se reportó que el invierno de 2025-2026 registró el nivel de nieve acumulada más bajo desde la década de los 30, lo cual agravó la falta de escorrentía necesaria para recargar los embalses.
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La administración federal justifica su intervención ante la incapacidad de los estados de alcanzar acuerdos voluntarios que garanticen la viabilidad del sistema a largo plazo. De acuerdo con el The New York Times, la medida busca estabilizar un sistema al borde del colapso, mientras se mantiene la presión sobre los estados de la Cuenca Baja para gestionar sus recursos ante una realidad climática que los expertos consideran como permanente y no transitoria.
Tensión entre cuencas e inversiones federales
La decisión excluye de recortes obligatorios a los estados de la Cuenca Alta (Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México), situación que generó malestar político. La administración federal justifica esta diferenciación por sus límites legales de jurisdicción sobre el tramo superior del río.
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No obstante, la gestión del Secretario Burgum ha canalizado inversiones superiores a los USD 3,000 millones en la Cuenca Baja desde enero de 2025. Además, se destinaron USD 889 millones bajo la denominada One Big Beautiful Bill Act para proyectos de infraestructura hídrica en el oeste del país.
Reacciones políticas y riesgos legales
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, expresó un respaldo temporal a los recortes para el bienio 2027-2028. Sin embargo, emitió una advertencia explícita sobre el uso de recursos legales si la administración federal impone ajustes desproporcionados después de 2028.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, enfatizó la urgencia de que los siete estados participantes asuman una responsabilidad equitativa para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
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En diálogo con The Guardian, especialistas e investigadores académicos, incluyendo expertos de la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad Estatal de Arizona, calificaron el plan como un parche temporal. Según los analistas, esta estrategia pospone la resolución definitiva de un conflicto estructural que persiste desde hace un siglo.
La amenaza de litigios judiciales continúa latente, ya que diversos actores consideran que el esquema federal es insuficiente para frenar el declive de los recursos hídricos en el oeste estadounidense.
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