La proliferación de becas universitarias denominadas “sin ensayo” en Estados Unidos generó alertas sobre la privacidad de los estudiantes: aunque prometen apoyos sin requerir méritos académicos, muchos de estos sorteos recogen datos personales de los postulantes para fines comerciales y podrían compartir o vender esa información a terceros.
Según The New York Times, este fenómeno plantea preocupaciones económicas, legales y éticas, ya que la entrega de estas becas por sorteo sustituye la evaluación por logros por la exposición masiva de información privada, un giro significativo en la manera en que se accede a apoyos estudiantiles.
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El sitio ScholarshipOwl, uno de los mayores portales de becas por sorteo, estimó que la probabilidad de obtención de sus premios puede ser de una en 140.000 postulantes, de acuerdo con las reglas disponibles a los usuarios.
Esta modalidad se aleja del modelo tradicional, al priorizar el volumen de participantes sobre los méritos individuales, y proporciona a empresas y universidades un caudal de datos de contacto y preferencias difíciles de conseguir por otras vías digitales.
A diferencia de las ayudas académicas convencionales, las becas “sin ensayo” entregan premios mediante sorteos aleatorios. Entidades privadas como Sallie Mae otorgan USD 2.000 mensuales a través de su plataforma Scholly, procedimiento que sus reglas contemplan como “sorteo promocional”, informó The New York Times.
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Los interesados comparten información personal al postularse: esta suele incluir nombre, correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento y, en ciertos casos, datos sensibles como número de seguro social, licencia de conducir, raza, etnicidad u orientación sexual, según la política de privacidad de la división de servicios educativos de Sallie Mae.
El verdadero beneficio para estas plataformas digitales radica en el acceso a grandes bases de datos que pueden ser monetizadas. Jackie Bright, directora ejecutiva de la National Scholarship Providers Association, explicó en un correo a The New York Times que las postulaciones de “baja carga” tienen potencial de reducir barreras para estudiantes sin recursos o apoyo en la escritura.
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No obstante, R.J. Cross, líder de la campaña “Don’t Sell My Data” en la U.S. Public Interest Research Group, advirtió al mismo medio: “La idea de obtener una beca es una razón muy tentadora para que los estudiantes entreguen su información personal”.
Expertos en privacidad como Caitriona Fitzgerald, subdirectora del Electronic Privacy Information Center, señalaron a The New York Times que estas prácticas reflejan “una asimetría de poder muy clara entre los individuos y las empresas de grandes bases de datos”.
Fitzgerald apuntó que en muchos casos, ni los estudiantes ni sus familias comprenden la amplitud ni la permanencia con la que los datos serán compartidos y almacenados, y que la ausencia de regulaciones federales amplifica las brechas de protección.
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Controversia legal tras la recolección de datos en becas por sorteo
La preocupación por el manejo de la información alcanzó los tribunales: Christopher Gray, cofundador de la plataforma Scholly, presentó en abril una demanda contra Sallie Mae ante la Corte Superior de Delaware, tras ser despedido de su puesto ejecutivo en octubre de 2024.
Gray alegó haber sido cesado por cuestionar los planes de la empresa para vender datos proporcionados por estudiantes —muchos de ellos menores de 18 años— a terceros, según cita The New York Times en base a la denuncia judicial.
Según declaraciones de Gray al mismo medio, resulta “preocupante que los datos puedan usarse para ofrecer tarjetas de crédito o préstamos depredadores” a jóvenes vulnerables. Sallie Mae, que actualmente promueve su negocio bajo la marca “Sallie”, solicitó desestimar la demanda y acusó a Gray de distribuir “acusaciones engañosas y sin fundamento” para presionar un acuerdo económico.
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El portavoz de Sallie Mae, Richard Castellano, declaró en un correo citado por The New York Times que la empresa probó vender data estudiantil de manera limitada como parte de un plan piloto en 2025, pero abandonó la práctica a mediados de año. “Hoy no vendemos información personal a terceros ni tenemos intención de hacerlo”, aseguró Castellano.
Sin embargo, la política de privacidad de la compañía todavía contempla la posibilidad de compartir esos datos con aliados comerciales “que deseen desarrollar campañas de mercadeo”, incluyendo eventuales acuerdos para vender o licenciar la información para fines propios, de acuerdo con The New York Times.
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En paralelo, Sallie creó Backpack Media, su propio brazo publicitario, encargado de transformar datos de consumo en anuncios dirigidos a jóvenes en etapas clave, como la graduación secundaria o el primer empleo. Castellano garantizó al medio que Backpack Media no vende datos individuales ni otorga acceso a esta información a sus socios comerciales.
Recomendaciones y vacíos legales en torno a la privacidad estudiantil
Los especialistas consultados por The New York Times recomendaron que los interesados en estas becas revisen cuidadosamente las políticas de privacidad de cada sitio y busquen términos como “recoger”, “vender”, “compartir” y “divulgar”.
La legislación nacional sobre privacidad digital en Estados Unidos es limitada: la Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 solo se aplica a menores de 13 años, y aunque algunos estados aprobaron normas propias, existen diferencias sustanciales en el nivel de protección entre jurisdicciones.
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En palabras de Fitzgerald, la carga de informarse recae en los usuarios porque “no existe una política nacional integral en materia de privacidad digital”. Entre las sugerencias de los expertos figura crear un correo electrónico exclusivo para participar en sorteos de becas, de modo que posibles promociones o mensajes comerciales no saturen la cuenta principal si los datos fueran compartidos o revendidos.
Las becas “sin ensayo”, frente a los antiguos criterios de mérito académico y necesidades económicas, redefinen el acceso a apoyos estudiantiles a partir de la explotación comercial de la información personal, generando riesgos y controversias aún no resueltos tanto por el mercado como por la normativa vigente.
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