El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra la Dirección de Inteligencia de Cuba, considerada la principal estructura de espionaje del régimen, y contra nueve funcionarios cubanos vinculados a áreas estratégicas de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. La medida fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
Entre las personas alcanzadas por las restricciones aparecen funcionarios relacionados con los ministerios de Comunicaciones, Energía y Justicia, según detalló el comunicado difundido por el Departamento del Tesoro. Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos que puedan encontrarse bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para operaciones financieras y comerciales.
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La medida se suma a otras acciones recientes impulsadas por la administración estadounidense para incrementar la presión política y económica sobre el régimen comunista.
Entre los nombres incluidos aparecen la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy; y el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, además de otros dirigentes vinculados al aparato estatal cubano.
También fueron sancionados Roberto Tomás Morales Ojeda, integrante de la cúpula política del régimen; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; el general Joaquín Quintas Solá; Eugenio Armando Rabilero Aguilera; Raúl Villar Kessell; Rosabel Gamón Verde y José Miguel Gómez del Vallín.
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Además de las nuevas incorporaciones, el Departamento del Tesoro actualizó sanciones ya existentes contra organismos de seguridad cubanos, entre ellos el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
Washington también modificó registros vinculados a Oscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias, funcionarios asociados a la Policía Nacional Revolucionaria, quienes quedaron nuevamente vinculados a sanciones bajo la orden ejecutiva “CUBA-EO14404”.
En paralelo, la OFAC publicó este lunes la Licencia General 134C, un documento que actualiza y reemplaza una autorización anterior relacionada con operaciones petroleras vinculadas a crudo y derivados de origen ruso cargados antes del 17 de abril de 2026. El texto establece que determinadas transacciones podrán continuar hasta el 17 de junio de 2026, pero excluye expresamente cualquier operación relacionada con Cuba.
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El documento oficial señala que la licencia “no autoriza ninguna transacción que involucre a una persona ubicada o constituida bajo las leyes de la República de Cuba”. También aclara que quedan prohibidas actividades relacionadas con Irán, Corea del Norte y regiones ocupadas de Ucrania.
La actualización normativa lleva la firma de Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y entró en vigor el 18 de mayo de 2026.
“Baño de sangre”
El anuncio de las sanciones se produjo un día después de que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel advirtiera que cualquier acción militar estadounidense contra la isla provocaría un “baño de sangre” y tendría consecuencias “incalculables” para la estabilidad regional.
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“Cuba no representa una amenaza”, escribió Díaz-Canel en la red social X, en respuesta a versiones sobre presuntos planes militares atribuidos a La Habana.
Las declaraciones surgieron luego de reportes sobre supuestas discusiones vinculadas a drones militares y posibles objetivos estadounidenses en la región. Desde La Habana rechazaron esas acusaciones y aseguraron que se intenta construir un argumento para justificar una eventual intervención.
La situación económica cubana también agravó el escenario político interno. Tras la interrupción de suministros energéticos procedentes de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, la isla enfrenta una severa escasez de combustible y cortes eléctricos prolongados.
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En distintos puntos de la capital cubana, residentes expresaron su preocupación por el aumento de la confrontación entre ambos países. “Cuba responderá”, afirmó Sandra Roseaux, una habitante de 57 años citada por medios internacionales. “Mi país, con hambre o como esté, va a responder”.
Otro residente, Ulises Medina, pidió negociaciones directas para evitar un conflicto. “Tienen que llegar a un acuerdo y conversar”, sostuvo.
Las tensiones también aumentaron después de versiones sobre una posible acusación judicial en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
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