Estados Unidos apunta contra los cárteles latinoamericanos como enemigo central en su nueva estrategia antiterrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva estrategia nacional antiterrorista que sitúa la eliminación de los cárteles de droga del hemisferio occidental como la prioridad absoluta de su gobierno en materia de seguridad. El documento de 16 páginas desplaza por primera vez al terrorismo yihadista del primer puesto de la jerarquía de amenazas y convierte en política oficial una campaña militar en curso desde septiembre de 2025.

La estrategia llega en paralelo a una campaña militar que acumula ya al menos 191 muertos. Los ataques estadounidenses a embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico oriental y el Caribe se prolongan desde septiembre de 2025. La administración los presenta como golpes contra el narcoterrorismo; críticos, juristas y organismos internacionales los califican de ejecuciones extrajudiciales.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas o los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, escribió Trump en el documento. El asesor presidencial para el contraterrorismo, Sebastian Gorka, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional, defendió el giro con un argumento numérico: los cárteles han matado a más estadounidenses —a través del fentanilo y otras drogas— que todos los militares caídos en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. “Ya sea estrangulando sus fondos o rastreando sus embarcaciones, no les permitiremos matar a estadounidenses a gran escala”, añadió en una llamada con periodistas.

El documento establece una jerarquía de amenazas más allá del narcotráfico. En segundo lugar figura la neutralización de grupos militares islámicos con capacidad para atacar a Estados Unidos. A continuación, el texto identifica como objetivo el desmantelamiento de organizaciones con ideología “antiestadounidense, radicalmente pro-género o anarquista”. Cierra la lista el refuerzo de los mecanismos para impedir que actores no estatales accedan a armas de destrucción masiva.

La nueva doctrina llega en un momento de transformación acelerada en el hemisferio. La administración capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero y lo sacó de Venezuela. Washington ha intensificado la presión sobre Cuba y desplegó activos militares en el Caribe desde el verano pasado. Los ataques a embarcaciones alcanzaron objetivos en el Pacífico oriental, el Caribe y, en al menos un caso, dentro de territorio venezolano.

La administración Trump atribuye a la Operación Southern Spear —el nombre formal de la campaña de ataques a embarcaciones— una reducción del 56% en el flujo de fentanilo hacia la frontera sur respecto al mismo periodo del año anterior, y una caída de casi el 20% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, según declaraciones ante el Congreso del funcionario del Pentágono Joseph Humire.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó además en febrero que los ataques habían llevado a “algunos de los principales traficantes de droga” a cesar sus operaciones “indefinidamente”. Expertos independientes cuestionan esa atribución: señalan que las incautaciones de fentanilo llevan a la baja desde 2023 y que la operación afecta principalmente al tráfico de cocaína, no al de fentanilo, que se introduce por la frontera terrestre con México. El senador republicano Rand Paul calificó los ataques en Pacífico y el Caribe de “ejecuciones extrajudiciales”.

Gorka anunció reuniones con aliados en los próximos días para coordinar estrategias. “Mediremos su seriedad como socio y aliado por lo que aporten”, advirtió. La nueva doctrina no solo redefine las prioridades de Washington, sino que eleva las exigencias a sus socios en un momento en que el conflicto con Irán acapara atención y recursos en otras latitudes.