Agentes de policía, bomberos y paramédicos de todo el estado de Nueva York impulsan una ley de zona de seguridad que obligaría al público a mantenerse a distancia de los servicios de emergencia en plena actuación, bajo pena de arresto. La iniciativa fue presentada el jueves en el Ayuntamiento de Nueva York por decenas de miembros de la Alianza para la Seguridad Pública del Estado de Nueva York, y ya genera un debate sobre los límites entre la protección a los socorristas y el ejercicio de las libertades civiles.
Qué propone la ley y qué sanciones contempla
El proyecto establece una zona de amortiguación de 4,5 metros alrededor de cualquier servicio de emergencia en funciones. Quien se niegue a abandonar ese perímetro, interfiera intencionadamente con un socorrista, lo amenace o lo acose, podría enfrentar cargos por un delito menor de clase B, castigado con hasta tres meses de prisión y una multa de USD 500.
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La legislación no surge de manera aislada. Sus impulsores la vinculan directamente a un incidente ocurrido en febrero en Washington Square Park, donde dos agentes de la Policía de Nueva York resultaron heridos. El episodio, que el alcalde Zohran Mamdani restó importancia calificándolo de simple broma, encendió las alarmas dentro de los cuerpos de emergencia y aceleró la articulación de esta propuesta.
La voz de los cuerpos de emergencia
Los representantes de los servicios de emergencia no ocultan la frustración acumulada. Scott Munro, presidente de la Asociación de Beneficencia de Detectives, señaló que la falta de respeto hacia la policía tiene consecuencias concretas: “Ahí es donde empieza todo. Si no se respeta a la policía, lanzarles bolas de nieve a la cara... eso no ayuda en nada. Es una falta de respeto hacia la policía”.
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Munro integra el grupo que presiona a la gobernadora Kathy Hochul y a la Legislatura Estatal para que aprueben el proyecto. La coalición también exige derogar una ordenanza vigente que permite a los ciudadanos acceder a información personal de los policías, incluido su lugar de residencia, una disposición que los agentes consideran una amenaza directa a la seguridad de sus familias.
Louis Civello, presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía del Condado de Suffolk, resumió el estado de ánimo del sector con una frase que se convirtió en el lema de la jornada: “No somos sacos de boxeo. Estamos aquí para proteger, para servir, para arriesgar nuestras vidas, no para arriesgar las de nuestras familias. Pero eso es lo que está sucediendo. Nos están amenazando, están amenazando a nuestras familias, esto tiene que acabar”.
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Críticas desde las organizaciones de derechos civiles
La propuesta encontró resistencia inmediata en las organizaciones de libertades civiles. Donna Lieberman, directora ejecutiva de la NYCLU, advirtió que los legisladores no deberían “subirse al carro de una versión más amable y moderada de la campaña autoritaria de la administración Trump contra la disidencia”.
Para Lieberman, el momento político en que se presenta la iniciativa no es menor. “En un momento en que el gobierno federal está persiguiendo, arrestando e incluso asesinando a ciudadanos comunes por protestar, los legisladores estatales deben defender los valores de Nueva York y proteger la Primera Enmienda”, sostuvo. La NYCLU interpreta la zona de amortiguación como una restricción al derecho de reunión y a la protesta pública, en un contexto nacional que ya considera suficientemente restrictivo.
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El incidente de Washington Square Park como detonante
El ataque de febrero en Washington Square Park funciona como el episodio bisagra que dio urgencia política a la propuesta. Dos agentes resultaron heridos en ese incidente, que el alcalde Mamdani minimizó públicamente. Esa respuesta institucional fue interpretada por los cuerpos de seguridad como una señal de desprotección, y terminó de consolidar la decisión de llevar la demanda a la Legislatura Estatal.
Probabilidades de aprobación
Nueva York no sería el primer estado en adoptar este tipo de medida: otros ocho estados ya cuentan con zonas de amortiguación similares o las están debatiendo. La Alianza para la Seguridad Pública del Estado de Nueva York representa a un universo de aproximadamente 500.000 votantes, un peso electoral que sus dirigentes esperan que incline la balanza legislativa.
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Aun así, las posibilidades de aprobación son difíciles de calcular, en particular porque 2026 es año electoral para Hochul y otros cargos estatales, lo que convierte cualquier votación sobre esta ley en una decisión con costos políticos en ambas direcciones.
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