El Congreso de Guatemala debate la reforma al impuesto único sobre inmuebles

El Congreso de la República de Guatemala ha intensificado el debate en torno a la propuesta de reforma del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), cuyo avance dependerá de la exigencia de contar con al menos 107 votos, una cifra que responde al impacto fiscal que tendría en las arcas municipales y cuya discusión abierta evidencia la relevancia política y social de la medida. La iniciativa, impulsada por diputadas y diputados de las bancadas TODOS y CREO, centra el diálogo parlamentario desde su primera lectura, en un contexto de demandas crecientes para aliviar la carga tributaria de propietarios y resguardar el patrimonio de adultos mayores, como informaron fuentes parlamentarias citadas por el Congreso de la República de Guatemala.

Un aspecto distintivo de la actual discusión es el requerimiento de una mayoría calificada para su aprobación, como explicó Luis Contreras, presidente del Congreso, quien sostuvo que “la propuesta requiere al menos 107 votos para continuar su trámite legislativo, debido a que implica modificaciones en fondos considerados privativos de las municipalidades”, según declaraciones recogidas por el Congreso de la República de Guatemala. Esta interpretación fue cuestionada por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que liderada por José Inés Castillo, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril de 2026, defendiendo que el trámite debía realizarse con mayoría simple, es decir, 81 votos. El contenido de la acción legal destaca el desacuerdo sobre los requisitos del proceso y suma un antecedente relevante: la UNE ya había promovido propuestas similares en febrero de 2024, todas orientadas a establecer una tasa fija en el IUSI.

La reforma propone exonerar la primera vivienda y reducir la tasa del impuesto al 3 por millar

La propuesta, identificada como Iniciativa 6709/6757, busca transformar la estructura tributaria sobre los inmuebles con exoneraciones orientadas principalmente a la protección de la primera vivienda y a personas mayores de 60 años, especialmente aquellas que han sostenido el pago tributario durante 20 o 30 años. Plantea establecer una tasa única del tres por millar sobre el valor de los inmuebles, en sustitución del actual nueve por millar, así como la eliminación de sanciones y multas impuestas por autoridades municipales, lo que ha motivado opiniones divergentes y tensiones institucionales, según detalla el Congreso de la República de Guatemala.

El dictamen favorable a la iniciativa, emitido por la Comisión de Previsión y Seguridad Social presidida por Cristian Álvarez, establece que la reforma persigue “apoyar a las familias que están realizando esfuerzos para adquirir una vivienda, al exonerar temporalmente la obligación del pago de gravamen, hasta que el valor total de la adquisición haya sido cancelado por los propietarios y fija una tasa única del tres por millar (3%), simplificando el sistema tributario y facilitando su aplicación”. Entre los puntos destacados del dictamen figuran la exoneración temporal para la primera vivienda en proceso de pago y la exención para quienes hayan contribuido al impuesto por 20 años o más, reconociendo su permanencia en el sistema, así como para personas de más de 60 años, priorizando la preservación del patrimonio familiar, según precisó el Congreso de la República de Guatemala.

Esta medida ha sido cuestionada por alcaldes de municipios de alta recaudación, como Guatemala y Mixco, quienes advierten que la disminución de los recursos por concepto del IUSI limitaría los fondos disponibles para infraestructura local y servicios esenciales, de acuerdo con lo informado por el Congreso de la República de Guatemala. Mientras tanto, opositores políticos han calificado la iniciativa de “populista” y engañosa, mientras los defensores argumentan que busca establecer “un sistema justo y racional frente a cobros considerados abusivos”.

El trámite legislativo enfrenta acciones judiciales y controversia sobre la mayoría requerida

El avance legislativo de la Iniciativa 6709 se encuentra en suspensión tras la primera lectura realizada en abril de 2026, cuando la controversia sobre la mayoría calificada detuvo su progreso. El presidente del Congreso, Contreras, argumentó que las reformas al IUSI afectan fondos clasificados como privativos de las municipalidades, lo que exige la obtención de 107 votos para ser aprobadas, respaldándose en análisis técnicos y resoluciones judiciales previas, según documentos del Congreso de la República de Guatemala.

Esta exigencia ha sido impugnada por la bancada UNE mediante una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. La UNE sostiene que procedería la mayoría simple para la aprobación, reiterando su objetivo de establecer una tasa impositiva fija del tres por millar y exoneraciones para la primera vivienda y los adultos mayores, conforme consta en el texto presentado en abril de 2026. El escenario legislativo queda atravesado así por una disputa procedimental que retrasa la votación formal de la iniciativa y desafía la uniformidad de criterios en el pleno.

La propuesta de reforma al IUSI permanece como un punto álgido de discusión en el Congreso de Guatemala, con una resolución pendiente que marcará, por mayoría simple o calificada, la política fiscal sobre los inmuebles para los próximos años.