Doble golpe judicial: ordenan prisión a exfuncionarios municipales y detienen a otro exalcalde en Panamá

La imputación de cargos y la orden de detención provisional contra varios exfuncionarios municipales marcan un nuevo giro en las investigaciones por peculado doloso agravado vinculadas al manejo de fondos de descentralización en Panamá.

A petición de la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, un juez de garantías ordenó la medida cautelar más severa contra un representante y un tesorero de la Junta Comunal de Barrio Norte, así como contra un extesorero de Barrio Sur, mientras que a la exrepresentante de ese corregimiento se le impuso retención domiciliaria por su edad y condición de salud.

La decisión judicial se sustenta en los avances de la investigación que apunta a un presunto esquema de uso indebido de recursos públicos provenientes del Programa de Interés Social, cuya administración corresponde a los gobiernos locales en el marco de la descentralización.

Según los hallazgos preliminares, las irregularidades detectadas en las juntas comunales de Barrio Norte y Barrio Sur, en la provincia de Colón, habrían provocado una lesión patrimonial que supera los $6 millones, de acuerdo con auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

En este mismo proceso, el juez de garantías David Palacios ordenó la detención provisional del exalcalde de Colón, Alex Lee, luego de que la Fiscalía Anticorrupción formalizara la imputación por peculado agravado por hechos ocurridos cuando fungía como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur.

Durante la audiencia, el juzgador valoró la gravedad del delito, el manejo de fondos estatales y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso, señalando que el imputado, en su condición de funcionario, tenía la responsabilidad directa de proteger los recursos públicos.

Estas diligencias forman parte de la operación “Litus”, ejecutada en Colón, que permitió la aprehensión de los implicados y la recolección de elementos que sustentan la teoría del Ministerio Público. Sin embargo, el alcance de las investigaciones no se limita a esta provincia.

Horas después de la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarrolló la operación “Refugio Seguro” en el distrito de La Chorrera, donde fue aprehendido otro exalcalde, junto a un exfuncionario municipal.

En el caso de La Chorrera, las investigaciones se centran en el presunto uso irregular de fondos provenientes del Impuesto de Bienes, que debían destinarse a la construcción de un hogar para adultos mayores.

No obstante, según las pesquisas, el proyecto fue desarrollado en un terreno privado, incumpliendo lo establecido en el contrato, y actualmente se encuentra en estado de abandono, pese a haber recibido recursos estatales. Durante los allanamientos se incautó documentación relevante que podría fortalecer las imputaciones.

Además, como parte de estas acciones, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la residencia del exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, donde se recopilaron indicios vinculados a un posible manejo irregular de fondos municipales.

Tras la diligencia, el exfuncionario fue conducido a una estación policial para continuar con los procedimientos correspondientes ante los jueces de garantías, quienes deberán definir la legalidad de la aprehensión, la formulación de cargos y las medidas cautelares aplicables.

El trasfondo de estos casos está ligado al uso de los fondos de descentralización, recursos transferidos por el Estado a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos comunitarios, como infraestructura básica, programas sociales y obras de interés público.

Estos fondos tienen un destino específico y están sujetos a normas de transparencia y fiscalización, por lo que su uso indebido constituye un delito contra la administración pública.

Hasta finales de 2025, la Fiscalía Anticorrupción había identificado una lesión patrimonial de $25.4 millones, vinculada a al menos 36 representantes, exrepresentantes y extesoreros de juntas comunales.

No obstante, las autoridades han reconocido que tanto el monto como la cantidad de personas bajo investigación han aumentado, lo que refleja la dimensión del problema en el manejo de los recursos descentralizados.

PRD reacciona

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) reaccionó a las investigaciones y procesos judiciales que involucran a varios de sus miembros, entre ellos dos exalcaldes y un número relevante de exfuncionarios de juntas comunales, señalando que los hechos deben analizarse dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia. En un comunicado dirigido al país, la organización política expresó su preocupación por el desarrollo de las investigaciones y advirtió sobre posibles afectaciones a la institucionalidad.

En el documento, el PRD sostuvo que la acumulación de procesos y actuaciones en un mismo contexto obliga a revisar la forma en que se están desarrollando ciertas acciones, especialmente aquellas relacionadas con la elaboración y utilización de informes que, según el colectivo, presentan inconsistencias y generan dudas sobre su veracidad y sustento técnico. Además, cuestionó la adopción de medidas que considera desproporcionadas, al tiempo que advirtió que estas podrían incidir en la opinión pública antes de que se produzca un esclarecimiento completo de los hechos.

El colectivo político también planteó que Panamá no puede permitir que la justicia sea percibida como selectiva o utilizada como una herramienta de presión política, ya que esto afectaría no solo a los investigados, sino a la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. En esa línea, recordó que la Constitución Política de la República de Panamá establece límites claros en el ejercicio de las funciones públicas y subrayó que cualquier extralimitación de competencias representa una amenaza para la separación de poderes.

Finalmente, el PRD hizo un llamado a las autoridades a actuar con objetividad, transparencia y respeto al marco constitucional, garantizando que cada proceso se desarrolle conforme a la ley y sin interferencias. Afirmó que el partido se mantendrá vigilante en la defensa de la democracia, la legalidad y los derechos de los panameños, en medio de un escenario en el que varios de sus miembros enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.