En el estado de Tennessee ha entrado en vigor una polémica ley que convierte en delito el hecho de dar refugio a inmigrantes indocumentados. La norma, conocida como Senate Bill 392, califica como delito grave el acto de “albergar” a personas que estén en el país sin autorización migratoria, en caso de que quien las resguarda obtenga un beneficio financiero, según ABC News.
El texto legal indica que, además de ocultar, se considera “albergar” a quien oculte o resguarde a alguien que sabe o “debería haber sabido” que se encuentra de forma irregular, si es con ganancia económica. El impulsor de la ley, Chris Todd, representante estatal, afirmó que el objetivo es permitir que fiscales y fuerzas de seguridad “puedan intervenir antes de que ocurra una situación de contrabando”.
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Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el efecto de la ley en familias de estatus migratorio mixto. Lily Sánchez, directora de comunicación de La Paz, advirtió que quienes ayudan a quienes más lo necesitan podrían verse involucrados penalmente, según ABC News
¿De qué se trata la nueva ley en Tennessee?
La ley SB 0392/HB 0322 especifica delitos de “tráfico de personas” y de “contrabando humano”, indicando que incurre quien transporte a personas con la intención de ocultarlas de los agentes migratorios, sabiendo que se encuentran ilegalmente en el país o facilitando su ocultamiento. La disposición legal también señala que si estos delitos involucran víctimas menores de 13 años, se catalogan como tráfico humano agravado.
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El texto aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador Bill Lee el 9 de mayo, permite al fiscal general iniciar causas contra personas u organizaciones que incurran en los hechos descritos, según WSMV. La ley define “albergar” como “proveer refugio”, sin establecer criterios explícitos sobre qué constituye refugio, lo que ha motivado inquietudes sobre la posibilidad de que asociaciones, iglesias y familias sean acusadas por simples actos de convivencia o ayuda.
De acuerdo con declaraciones del representante Chris Todd y el senador Brent Taylor, los autores de la normativa, la ley apunta a desmantelar redes de trata y no busca penalizar a arrendadores ni a organizaciones de apoyo, según The Washington Post. Taylor detalló en entrevista que “no creo que los demandantes busquen eludir a las autoridades migratorias y no están recibiendo pago por ese propósito”, por lo que, en ese escenario, no serían procesados bajo este estatuto.
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Existe una demanda federal en contra de la ley
La Southeastern Synod of the Evangelical Lutheran Church in America encabeza una demanda contra el estado que busca impedir la puesta en marcha de la ley, según The Washington Post. En la acción judicial, también participan un arrendador de Nashville y una inmigrante mexicana residente en Tennessee. Representados por el Institute for Constitutional Advocacy and Protection de Georgetown Law, el American Immigration Council y la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC), los demandantes sostienen que la ley es inconstitucional por su redacción vaga y porque invade atribuciones federales sobre inmigración.
El recurso legal presentado en la corte federal del distrito medio de Tennessee denuncia que la normativa puede criminalizar actividades como alquilar un departamento, alojar a un familiar indocumentado o que una organización religiosa conceda refugio, únicamente por el hecho de obtener un ingreso a cambio. Destacan además que la amplitud del texto podría abarcar servicios humanitarios, como alimentar o acoger a personas necesitadas, acciones que implican los principios de fe de las instituciones religiosas, según The Washington Post.
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Los demandantes alegan, además, que existe riesgo de que la ley pueda sancionar la asistencia a quienes algún momento estuvieron en situación irregular, aunque después hayan obtenido asilo u otro estatus migratorio protegido, como el conferido mediante la Violence Against Women Act.
El efecto de la ley ya se ha hecho sentir entre arrendadores. Según testimonios recopilados por la Nashville Hispanic Bar Association, algunos propietarios han solicitado pruebas de estatus migratorio a sus inquilinos o han iniciado desalojos tras la promulgación de la ley el 9 de mayo, según The Washington Post. La directora del programa Eviction Right to Counsel, Anne Boatner, describió que desde esa fecha han recibido llamadas de residentes que fueron desalojados tras el requerimiento de documentos.
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