El Gobierno de Estados Unidos elaboró una lista con 60 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que podrían ser sancionados por sus acciones antidemocráticas tras la celebración de los comicios el pasado 28 de julio. El listado es aún preliminar y podría sufrir modificaciones pero demuestra la postura de Washington, de “responsabilizar a quienes permitan el fraude electoral y la represión” en Venezuela.
Entre los funcionarios se encuentran miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la policía de contrainteligencia militar, todos ellos señalados de contribuir al atropello de la voluntad popular en el país y a la ola de violencia desatada desde aquel domingo. En caso de ser alcanzados por esta medida, ninguno de ellos podrá viajar a Estados Unidos ni realizar negocios con entidades del país.
De todas formas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solamente entregó al Departamento de Estado el listado preliminar, sin brindar precisiones de cuándo estarían los nombres definitivos o cuándo entrarían en vigencia las sanciones.
A la par, la Administración de Joe Biden sigue apoyando junto con los aliados y organismos internacionales el reclamo por la publicación de las actas por parte del CNE y el cese de la violencia contra los civiles, que pacíficamente exigen el respeto de su voluntad expresada en las urnas.
“En coordinación con nuestros socios estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en los últimos días, a la par que resaltó que el incumplimiento de sus deberes por parte del órgano electoral chavista despojó de “cualquier credibilidad” la victoria del régimen.
El portavoz estadounidense también apuntó que en Washington están “muy preocupados por la represión arbitraria y la detención indiscriminada de partidos de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas”, que ya han dejado decenas de políticos arrestados, así como a 1.503 civiles.
En el pasado, la Casa Blanca ya había ordenado sanciones sobre funcionarios chavistas que, de hecho, se mantienen hasta el momento. En 2023, en forma de incentivo tras la firma del Acuerdo de Barbados, el Ejecutivo decidió relajar algunas sanciones sobre el país centroamericano aunque en abril de este año decidió reestablecerlas en su totalidad dada la falta de apego del chavismo a los compromisos que había asumido.
Este martes, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero, también emitió su condena sobre las elecciones recientes en Venezuela, que se realizaron en un marco de carentes garantías de transparencia e insistió en la necesidad de presentar la documentación pertinente.
“¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó”, dijo durante la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE) y subrayó que “en Venezuela creo que ha sido evidente, ha sido muy claro, que la gente decidió en dirección contraria a lo que dice la autoridad electoral”.
En ese sentido, insistió en la importancia de que “las autoridades electorales sean autónomas, independientes y no respondan a los dictados de los poderosos o de los grupos de interés”.
(Con información de Reuters)
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