
Olas de calor extremas, incendios forestales cada vez más difíciles de controlar o danas que provocan lluvias torrenciales e inundaciones forman ya parte del escenario climático de España. Por eso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado un documento conjunto para reclamar respuestas frente a estos riesgos. Piden a los partidos compromisos concretos que sitúen la protección de la biodiversidad y la reducción de las desigualdades entre las prioridades de la próxima legislatura.
Las organizaciones sostienen que la pérdida de especies y la alteración del clima ya inciden sobre la salud, el acceso a los alimentos, la vivienda, la seguridad y las condiciones de vida. También advierten que esos impactos afectan con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables.
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Transformación de pueblos y ciudades
El primer bloque de propuestas se centra en la transformación de pueblos y ciudades “para vivir mejor”. Las entidades plantean facilitar el acceso a viviendas dignas, asequibles, eficientes y libres de emisiones, además de extender la renaturalización de los barrios para reducir el efecto de las altas temperaturas y favorecer la biodiversidad urbana.
El programa también defiende un cambio en los modelos de consumo para reducir el uso de materias primas y la generación de residuos. En materia de movilidad, pide reforzar un transporte público de calidad, accesible y asequible tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales.
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La intención es que la planificación urbana incorpore la adaptación a las temperaturas extremas y otros impactos derivados de la emergencia climática, con medidas que mejoren las condiciones de vida cotidianas.
Alimentación saludable y precios justos
Las organizaciones sitúan la alimentación como otro de los ejes de la próxima legislatura. Reclaman políticas que garanticen alimentos sostenibles, saludables y accesibles, con precios que resulten justos para quienes producen y para quienes compran.
El documento plantea impulsar prácticas agrarias compatibles con la conservación de la naturaleza, rebajar el empleo de pesticidas y fertilizantes y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. También demanda medidas contra la contaminación del agua y de la cadena alimentaria.
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Estas propuestas vinculan la política agraria con la salud pública, la protección de los recursos naturales y la viabilidad económica del sector primario.
Abordar la emergencia climática
Otro de los principales reclamos pasa por acelerar la reducción de gases de efecto invernadero. Las cinco entidades proponen que el sistema eléctrico alcance el 100% de generación renovable en 2030 y que España disponga de planes concretos para abandonar los combustibles fósiles antes de 2040.
La iniciativa incluye medidas de prevención y adaptación frente a inundaciones, incendios forestales y temporales costeros. Las organizaciones piden una protección específica para las personas expuestas a mayores riesgos, tanto por su situación económica como por el lugar en el que viven.
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El planteamiento incorpora una transición justa para los trabajadores y los sectores económicos afectados por los cambios en el modelo energético. Según las entidades, las políticas climáticas deben evitar que el coste de esa transformación recaiga sobre los hogares y territorios con menos recursos.
Recuperación de especies y ecosistemas
La recuperación de la biodiversidad constituye el cuarto eje del programa. Las organizaciones reclaman frenar el declive de la fauna y flora silvestres, restaurar ecosistemas degradados y dotar de recursos suficientes a los espacios naturales protegidos.
Entre los objetivos propuestos figura que, en 2030, al menos el 30% de las especies y hábitats que se encuentran en una situación desfavorable alcance un estado de conservación favorable o muestre una evolución positiva. El documento también plantea proteger y gestionar de manera efectiva al menos el 30% de la superficie terrestre y marina.
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Las entidades solicitan, además, revisar o eliminar los incentivos públicos que dañan los ecosistemas y reorientar esos recursos hacia la conservación y la restauración ambiental.
Avanzar hacia una economía justa
El quinto apartado plantea una economía que tenga en cuenta los límites ambientales. Las organizaciones proponen incorporar los objetivos de conservación y reducción de emisiones en todas las políticas sectoriales, desde la actividad agraria hasta la pesca y la planificación presupuestaria.
El programa apuesta por elevar la inversión pública destinada a restaurar ecosistemas, respaldar una agricultura favorable a la naturaleza y proteger la pesca artesanal y costera. También reclama una reforma fiscal que tenga en cuenta los impactos ambientales y distribuya de forma más equitativa los costes de la transición ecológica.
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Las cinco entidades piden revisar las subvenciones que perjudican al medio ambiente y destinar los recursos públicos a políticas vinculadas con el bienestar colectivo, la reducción de emisiones y la protección de los ecosistemas.

Reforzar la democracia y proteger los derechos humanos
El último bloque se refiere a la calidad democrática y a los derechos humanos. Las organizaciones reclaman garantías para la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, junto con mecanismos de participación ciudadana que tengan incidencia real en las decisiones públicas.
El documento plantea reforzar la transparencia institucional, regular la actividad de los grupos de interés y combatir la desinformación. También demanda que las políticas españolas y europeas impidan trasladar los daños ambientales o las vulneraciones de derechos humanos a territorios fuera de la Unión Europea.
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