
La Audiencia Provincial de Barcelona anuló los tres últimos testamentos otorgados por un hombre de 86 años que, en apenas dos meses, desheredó a su única hija para instituir heredera universal a su cuidadora, a quien además designó beneficiaria de un seguro de vida por 250.000 euros. El tribunal revocó así la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Barcelona y acogió de manera íntegra la demanda presentada por la hija del fallecido.
El hombre, identificado en la sentencia como Anselmo, murió el 24 de abril de 2019. En los meses previos a su fallecimiento otorgó tres testamentos consecutivos, el 18 de enero, el 15 de febrero y el 12 de marzo de ese año, con los que modificó de manera radical su voluntad sucesoria respecto a los documentos anteriores, redactados en 1985 y en 2017. En este último, apenas dos años antes, había nombrado heredera a su hija, Claudia, y le había donado 248.000 euros.
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El 18 de enero de 2019, Anselmo firmó un primer testamento mediante el cual instituyó heredera universal a su cuidadora, identificada como Adelina, con quien afirmaba mantener una “relación convivencial de ayuda mutua”. La Audiencia constató que esa convivencia no existía: la cuidadora vivía con su propia hija, Sacramento, y solo permanecía en el domicilio del causante de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes. El mismo día, el anciano otorgó también un testamento vital en el que desautorizó de forma expresa a su hija como interlocutora médica y una escritura de autotutela que designaba a Adelina como tutora para el caso de ser declarado incapaz.
Menos de un mes después, el 15 de febrero, Anselmo otorgó un segundo testamento con el único fin de disponer la sustitución vulgar de la heredera por Sacramento, la hija de su cuidadora, a quien ni siquiera conocía. Seis días más tarde, el 21 de febrero, contrató en su oficina habitual de Caixabank un producto financiero complejo, una renta de inversión flexible de VidaCaixa, por un importe de 250.000 euros, con Adelina como beneficiaria. Según razonó el tribunal, ese seguro blindaba el capital frente a una eventual impugnación de los testamentos y excluía la suma del caudal hereditario, lo que reducía la cuota legitimaria de la hija.
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A primeros de marzo, Anselmo intentó otorgar un nuevo testamento ante el notario Ruperto, quien se negó a autorizarlo al apreciar que el hombre se encontraba “manipulado” por su cuidadora. Pese a ello, el 12 de marzo el causante acudió a otra notaría, la de Pedro Enrique, acompañado por un abogado y por la propia Adelina, y allí otorgó su último testamento. En él mantuvo como heredera universal a la cuidadora y desheredó a su hija, a quien acusó de un supuesto maltrato verbal.
El juzgado de primera instancia había declarado injusta esa desheredación y reconoció a la hija el derecho a percibir su legítima, pero desestimó la nulidad de los tres testamentos al considerar que el deterioro cognitivo del hombre era leve y que no existía prueba clara de que sus capacidades estuvieran afectadas. La Audiencia Provincial discrepó de ese criterio tras revisar la historia clínica del causante, que databa de 1993 y reflejaba daños cerebrales involutivos, episodios de agitación, delirios e ideación paranoica, así como tratamiento continuado con antipsicóticos.
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Indicios de una estrategia orquestada
Para el tribunal, los actos jurídicos otorgados por Anselmo en sus últimos meses de vida, tres testamentos, un acta de convivencia, un testamento vital y una escritura de autotutela, constituían en conjunto “una estructura jurídica compleja” que difícilmente pudo elaborar por sí solo, dada su avanzada edad y su deterioro cognitivo. La sentencia señala que la conducta de Adelina no fue la propia de una cuidadora preocupada por el bienestar de su empleador, sino que reveló “una voluntad de controlarlo a todos los niveles” y reforzó las ideas delirantes de persecución que el anciano ya manifestaba hacia su hija.
El fallo recuerda además que la carta remitida por burofax a la hija el 1 de marzo de 2019, en la que el padre la acusaba de maltrato, fue redactada con ordenador, pese a que, según testimonios de anteriores cuidadoras, Anselmo solo utilizaba ese dispositivo para ver películas. Esa misiva tenía idéntico formato, tipografía y fecha que otra enviada diez días después por el abogado que representaba a Adelina.
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La Audiencia aplicó el artículo 422-1 del Código Civil de Cataluña, que declara nulo el testamento otorgado con engaño, violencia o intimidación grave, y concluyó que la voluntad del causante fue captada mediante conductas maliciosas que falsearon la realidad. Tras la muerte del hombre, la cuidadora cobró los 253.000 euros del seguro de vida y gestionó junto a su abogado todos los trámites funerarios, sin permitir el acceso al yerno del fallecido.
La sucesión se rige por el testamento de 2017
Como consecuencia de la nulidad declarada, la Audiencia Provincial ordenó que la sucesión de Anselmo se rija por el testamento otorgado el 9 de mayo de 2017, cuya validez no fue impugnada por ninguna de las partes y en el que el hombre había nombrado heredera a su hija. El tribunal impuso las costas de primera instancia a la cuidadora y a su hija, sin pronunciamiento especial sobre las de la apelación.
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La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un plazo de veinte días desde su notificación.
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