Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Una noche de hotel, una comida en un restaurante o cualquier otro servicio turístico que ahora cuesta 110 euros podría pasar a costar 121 si su IVA subiera del 10% al 21%. Son 11 euros más por cada 110 gastados: una cantidad que, sumada durante varios días de vacaciones, puede obligar a una familia a acortar su estancia, elegir alojamientos más baratos o renunciar directamente al viaje. Esto es, en definitiva, la propuesta de subir el IVA a los servicios turísticos.

La subida, sin embargo, no afectaría solo al bolsillo de quien viaja. También abre una pregunta incómoda: por qué España sigue aplicando un IVA reducido a la hostelería y el alojamiento cuando el país bate récords de visitantes y la mayoría de ciudades soportan alquileres disparados, barrios volcados al turista y servicios públicos saturados. Solo en 2025 llegaron 96,8 millones de turistas internacionales, un nuevo máximo histórico. Ricardo Fernández, CEO de la agencia de viajes online Destinia, reconoce que los hogares con menor presupuesto serían probablemente los primeros en tener que ajustar sus planes.

No existe, por ahora, una subida general aprobada para llevar todo el turismo al 21%. El debate ha cobrado fuerza después de que la Comisión Europea recomendara a España revisar el amplio uso de los tipos reducidos del IVA. Paralelamente, el Gobierno trabaja en una norma distinta y más concreta para que determinados alojamientos turísticos sean considerados actividades económicas y tributen al 21%.

Un beneficio fiscal difícil de defender en destinos saturados

El IVA reducido se ha justificado tradicionalmente como una forma de apoyar a un sector intensivo en empleo, considerado exportador y obligado a competir con países europeos que también aplican tipos favorables. Para Aleix Calveras, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de las Islas Baleares y especialista en economía del turismo, esos argumentos han perdido fuerza allí donde la demanda ya desborda la capacidad del territorio.

“Cuando un destino ya está saturado, no tiene sentido seguir subvencionando fiscalmente la actividad que genera esa saturación”, sostiene. Calveras considera que el trato favorable no se limita al IVA y menciona también la exención del queroseno, el Imserso, los bonos turísticos y otras ayudas. A su juicio, ese apoyo ha contribuido a ampliar un sector de baja productividad, salarios reducidos y empleo poco cualificado. “Mantener ese tipo reducido me parece difícil de defender”, asegura.

Ricardo Fernández, por su parte, llega a una conclusión distinta. Destinia defiende conservar el 10% porque una subida general encarecería la oferta de todo el país, tanto en las ciudades saturadas como en municipios rurales, zonas de interior o destinos que todavía aspiran a atraer más viajeros. El impuesto no distinguiría entre un hotel de lujo en una isla congestionada y un pequeño alojamiento de una localidad que depende de la llegada de visitantes.

La discusión no enfrenta únicamente a quienes quieren más o menos turismo. También cuestiona la utilidad de aplicar la misma política fiscal a territorios con problemas opuestos. Una rebaja uniforme puede estimular actividades que necesitan apoyo, pero también seguir favoreciendo el crecimiento en lugares donde la vivienda, la movilidad o el espacio público ya están al límite.

El aumento recaería antes sobre quienes tienen menos

Si el impuesto subiera, ni las empresas ni los consumidores asumirían necesariamente todo el coste desde el primer día. Fernández cree que inicialmente se repartiría: algunas compañías sacrificarían una parte de sus márgenes para no perder reservas, pero difícilmente podrían mantenerlo durante mucho tiempo. A medio plazo, una parte importante terminaría apareciendo en las facturas.

Calveras matiza que el reparto dependería del momento y del tipo de negocio. En temporada alta, cuando hay una fuerte demanda y poca capacidad disponible, los hoteles tendrían más facilidad para trasladar esa subida al precio. En Baleares, calcula que el cambio supondría como referencia unos 18 euros adicionales por noche sobre la tarifa media de julio. También podrían hacerlo los establecimientos de gama alta, cuyos clientes reaccionan menos ante el encarecimiento.

En temporada media o baja y en los alojamientos más económicos, las empresas tendrían más dificultades para repercutir todo el aumento al cliente, por lo que asumirían una parte del coste y reducirían su margen de beneficio.

El efecto tampoco se repartiría de igual manera entre los viajeros. Destinia prevé que las familias españolas con menos recursos reducirían primero la duración o frecuencia de sus vacaciones. En cambio, parte de los turistas extranjeros podría dejar de elegir España y buscar alternativas más baratas como Portugal, Grecia, Turquía, Egipto o Marruecos.

Alejandra Jacinto, abogada, politóloga y especialista en derecho a la vivienda en CAES, advierte también de que este ajuste podría recaer principalmente sobre quienes tienen menos capacidad económica. Si la medida se limita a encarecer el precio final, “puede producir un efecto regresivo sobre determinados viajeros sin modificar sustancialmente la estructura del mercado turístico”, señala. La subida podría expulsar a los visitantes de menor renta y consolidar un turismo reservado a consumidores con mayor poder adquisitivo, sin aliviar necesariamente la presión que soportan los barrios.

Calveras coincide en que el impacto se concentraría especialmente entre quienes disponen de menos presupuesto. Según su estimación, el cambio produciría una reducción moderada de la demanda, no un desplome: en Baleares, alrededor de un 5% o un 6% en temporada alta.

Sin embargo, al valorar cómo debe afrontarse ese efecto, el economista rechaza que la desigualdad en el acceso a las vacaciones se corrija manteniendo artificialmente baratos los destinos saturados: “La saturación se corrige con precios, y la desigualdad de acceso al ocio con redistribución de renta”, argumenta.

La posible subida plantea así dos problemas distintos: cómo reducir la presión turística y cómo evitar que el coste recaiga principalmente sobre las rentas más bajas. Retirar el beneficio fiscal puede reducir una demanda que algunos territorios ya no pueden absorber, pero hacerlo mediante un impuesto sobre el consumo significa que los primeros excluidos serían probablemente quienes tienen menos capacidad económica para consumir.

Menos turistas no significa siempre menos negocio

Ni siquiera Destinia considera que España deba perseguir récords de visitantes continuamente: “El objetivo no debe ser batir récords de visitantes de forma indefinida, sino aumentar el valor generado por el turismo”, sostiene Fernández. El CEO de la agencia admite que una reducción puede resultar positiva si responde a una estrategia planificada para mejorar la calidad, aumentar el gasto medio y aliviar determinadas zonas.

Su objeción es que una subida fiscal no produciría automáticamente esa transformación: España se encarecería frente a sus competidores y podría perder vuelos, programación de turoperadores y conectividad sin haber mejorado antes su oferta.

Calveras coincide en que menos visitantes no tiene por qué ser una mala noticia, pero atribuye a la fiscalidad un papel distinto. La masificación es, según explica, una externalidad: una consecuencia de la actividad que no queda incorporada por completo al precio que paga el visitante. Reducirla puede mejorar la movilidad, la vivienda, el medioambiente y la vida cotidiana de los residentes, pero también la experiencia de quienes viajan.

“Menos turistas no equivale necesariamente a menos negocio”, sostiene. Un destino menos congestionado podría atraer clientes dispuestos a gastar más y liberar trabajadores, capital y suelo hacia sectores de mayor productividad.

Subir el IVA al turismo no devolverá las viviendas a los vecinos

Una menor afluencia de visitantes podría aliviar la congestión de determinados destinos, pero no bastaría para recuperar las viviendas que han pasado del alquiler residencial al turístico. El precio del viaje puede influir en la demanda; el uso de las casas depende, en cambio, de cuánto dinero obtiene su propietario con cada alternativa.

Ahí sitúa Alejandra Jacinto el principal límite de la subida fiscal: “El IVA por sí solo no va a resolver el problema”, advierte. Mientras resulte mucho más rentable alquilar una casa por noches que ofrecerla como residencia habitual, los propietarios seguirán teniendo incentivos para retirarla del mercado residencial.

Una subida del tipo puede moderar la demanda y aportar más ingresos públicos, pero “tiene que ir acompañada de medidas regulatorias: limitar el número de viviendas destinadas a uso turístico, impedir que se conviertan edificios residenciales completos en alojamientos turísticos y, sobre todo, garantizar que el uso turístico no pueda imponerse sobre el derecho a residir en la ciudad”, defiende Jacinto. “El IVA puede ser una herramienta, pero no puede sustituir a la regulación de la vivienda turística”.

La abogada también cuestiona que las cuentas sobre la aportación del turismo incluyan todos sus costes: el incremento de los alquileres, las familias que abandonan sus barrios, los trabajadores obligados a vivir lejos de sus empleos, la desaparición del comercio cotidiano o la saturación del transporte y la limpieza. “No podemos decir que el turismo genera riqueza mientras socializamos una parte muy importante de los costes que produce”, sostiene.

Una tasa local frente a un impuesto para toda España

Las tres fuentes coinciden en que una subida nacional del IVA sería una herramienta poco precisa. Destinia propone estudiar tasas turísticas en los destinos con problemas objetivos de saturación, siempre que sean proporcionadas, transparentes y finalistas. “La recaudación debería reinvertirse de manera verificable en mejorar infraestructuras, transporte, servicios públicos y la convivencia entre residentes y visitantes”, sostiene Fernández.

Calveras también considera que la tasa por persona y noche es mejor en teoría porque puede adaptarse a la presión de cada territorio. “Mallorca no es Asturias, y un IVA único para toda España es un instrumento poco fino para combatir la saturación”, sostiene. Frente a ese impuesto general, una tasa puede modularse según el destino, la temporada o el tipo de alojamiento.

El economista, sin embargo, desconfía de su aplicación práctica. Asegura que muchas tasas se fijan en importes mínimos o ni siquiera llegan a implantarse por la influencia del sector sobre los gobiernos autonómicos y municipales. “Siendo realista, una subida homogénea del IVA puede acabar siendo más efectiva”, sostiene, aunque reconoce que se trata de una herramienta menos precisa y que su recaudación no vuelve necesariamente al destino.

Por eso no considera ambas opciones excluyentes: “Lo ideal sería combinar una tasa local diferenciada donde hay saturación con la corrección del IVA a escala estatal”.

Jacinto añade una tercera herramienta: la regulación de los alojamientos. Los impuestos pueden hacer que el turismo contribuya más a los servicios que utiliza, pero solo los límites sobre las viviendas turísticas pueden impedir que el uso más rentable termine desplazando al residencial.

Los trabajadores con menos ingresos quedan así atrapados entre las dos caras de una misma moneda: como residentes, soportan con mayor dificultad el encarecimiento de la vivienda y los desplazamientos cada vez más largos. Como consumidores, serían los primeros en acortar o cancelar sus vacaciones si los precios suben. Mantener el IVA al 10% alivia una parte de ese segundo problema, pero no corrige el primero.