La Comisión Europea ha pedido a España que ajuste el gasto neto, al entender que esas exenciones tienen un coste presupuestario y un efecto redistributivo. Según Bruselas, la advertencia llega en un momento en el que el país afronta una desviación prevista de su senda fiscal y debe compatibilizar el ajuste con más inversión en defensa, vivienda, sanidad y transición verde.
La Comisión Europea ha pedido a España revisar los tipos reducidos del IVA en bares, restaurantes y alojamiento: un informe de la Airef citado en las recomendaciones calcula que elevarlos del 10% al 21% del IVA aumentaría la recaudación en casi 7.000 millones de euros al año. La Comisión sitúa a España entre los países con mayores brechas de política del IVA de toda la Unión Europea.
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Según la Comisión Europea, la recaudación española depende cada vez más de la tributación del trabajo, mientras que los ingresos por impuestos al consumo y medioambientales siguen por debajo de la media europea. El Ejecutivo comunitario sostiene que limitar el uso de tipos preferenciales contribuiría a simplificar el sistema tributario.
El informe subraya que España presenta “las mayores brechas en materia de política del IVA en la Unión Europea”, tanto por la diferencia entre tipos como por el alcance de las exenciones derivadas de decisiones nacionales. Entre las categorías con trato preferente, destaca los restaurantes y los servicios de alojamiento por su impacto sobre las cuentas públicas.
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La otra advertencia de la Comisión se centra en la trayectoria del gasto neto. De acuerdo con sus previsiones, España se desviará este año un 0,4% del PIB respecto a la senda recomendada y debe asegurarse de que el crecimiento del gasto respete los máximos fijados por las reglas fiscales.
Bruselas permite ayudas ante la crisis energética
España figura entre los ocho Estados miembros que disponen de un periodo de ajuste fiscal de siete años, en lugar de cuatro. Según la Comisión Europea, todos ellos han cumplido de forma satisfactoria sus compromisos en el marco de las nuevas reglas fiscales en vigor desde 2024, diseñadas para reducir la deuda hacia el 60% del PIB y mantener el déficit por debajo del 3%.
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El Gobierno remitió en mayo a Bruselas el Informe de Progreso Anual con una previsión de aumento del gasto del 4,2% anual y del 13,3% acumulado. La Comisión, en cambio, eleva ese cálculo al 5,1% en 2026 y al 14,9% acumulado, por encima de los límites que toma como referencia.
Bruselas abre margen para responder a la crisis energética vinculada a la guerra en Oriente Próximo. La Comisión permitirá dedicar hasta un 0,3% del PIB a medidas que aceleren la transición verde y reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, una flexibilización que responde a las demandas planteadas por España e Italia.
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La institución comunitaria añade que las ayudas frente al encarecimiento de la energía deben ser temporales, centrarse en los consumidores más vulnerables y preservar los incentivos al ahorro energético. Además, recomienda a España aprovechar la cláusula de excepción nacional para aumentar el gasto en defensa y adaptar de forma gradual el presupuesto a un nivel estructuralmente más alto.
Vivienda, sanidad y productividad
Las recomendaciones no se limitan al ajuste presupuestario. Bruselas reclama reforzar la sostenibilidad fiscal limitando los gastos fiscales, proteger el crecimiento económico y apoyar a los hogares con ingresos bajos. La Comisión Europea también pide actuar sobre la pobreza infantil, incluso reequilibrando el gasto social entre generaciones para reducir la desigualdad de ingresos. En sanidad, reclama más capacidad en atención primaria, medidas frente a la escasez de personal y una reducción de los tiempos de espera.
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En vivienda, el informe insta a aumentar la oferta de vivienda asequible y social y a favorecer el alquiler con un sistema basado en las necesidades regionales y menos dependiente de la financiación estatal. En el terreno de las reformas, Bruselas solicita garantizar la continuidad de las inversiones ligadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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