El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

Antes de reforzar su cooperación con Marruecos para contener la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, la Unión Europea ya había ensayado esa misma fórmula en otro de los grandes corredores migratorios del planeta. Turquía pasó a desempeñar en 2016 un papel clave en la política migratoria comunitaria gracias a un acuerdo con Bruselas que cambió la forma de gestionar la frontera oriental de Europa.

A cambio de miles de millones de euros en financiación y de una estrecha cooperación política, Ankara asumió el compromiso de impedir nuevas salidas hacia Grecia y puso en marcha un sistema de vigilancia que combina barreras físicas, tecnología, presencia militar y control permanente de las rutas migratorias. Casi una década después, mientras Ceuta vuelve a afrontar una fuerte presión migratoria y España estrecha la coordinación con Marruecos para contener las llegadas, aquel precedente vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales ejemplos de hasta dónde puede llegar la colaboración entre la Unión Europea y un país tercero para frenar los flujos antes de que alcancen territorio comunitario.

Aunque las fronteras del Egeo y del Estrecho responden a realidades geográficas y políticas muy diferentes, ambas comparten una misma filosofía: contener la migración antes de que llegue a suelo europeo mediante la cooperación con los países vecinos. La experiencia turca representa el caso más desarrollado de esa estrategia y, al mismo tiempo, el que mejor permite medir tanto su eficacia como las controversias que ha generado.

El acuerdo que convirtió a Turquía en el guardián de la frontera oriental de Europa

El origen del sistema hay que buscarlo en la crisis migratoria de 2015. Aquel año, más de un millón de personas llegaron a la Unión Europea a través de la ruta del Egeo después de cruzar desde Turquía hasta las islas griegas. La magnitud de aquel movimiento migratorio desbordó la capacidad de acogida de varios Estados miembros y obligó a Bruselas a replantear por completo su estrategia. La prioridad dejó de ser únicamente gestionar las llegadas para centrarse también en impedir que estas se produjeran.

La respuesta llegó el 18 de marzo de 2016 con la firma de la Declaración UE-Turquía, un acuerdo que marcó un punto de inflexión en la política migratoria europea. El pacto establecía que los migrantes que llegaran de forma irregular desde Turquía a las islas griegas podrían ser devueltos a territorio turco, mientras Ankara asumía el compromiso de impedir nuevas salidas hacia la Unión Europea. A cambio, Bruselas aprobó un paquete de 6.000 millones de euros destinado a financiar la atención de los millones de refugiados acogidos por Turquía y puso en marcha un sistema de reasentamiento por el que, por cada ciudadano sirio devuelto desde Grecia, otro sería trasladado legalmente desde Turquía a un Estado miembro.

Aquel acuerdo transformó el papel que Turquía desempeñaba hasta entonces. Dejó de ser únicamente un país de tránsito para convertirse en el principal filtro de la frontera oriental de la Unión Europea, una responsabilidad que obligó a reforzar de forma extraordinaria su capacidad de vigilancia y control tanto por tierra como por mar.

Así funciona el sistema fronterizo turco

El refuerzo comenzó sobre el terreno. Durante los años posteriores al acuerdo, Turquía desplegó uno de los dispositivos fronterizos más ambiciosos de la región. Levantó cientos de kilómetros de muros y barreras de hormigón en sus fronteras con Siria e Irán, reforzó distintos tramos próximos al límite con Grecia e incrementó la presencia de militares y fuerzas de seguridad en las principales rutas utilizadas por las redes de tráfico de personas. A ese despliegue se sumó la construcción de nuevas bases de vigilancia y un aumento de los controles a lo largo de toda la frontera.

Pero la principal diferencia del sistema turco no está únicamente en las infraestructuras físicas, sino en el uso intensivo de la tecnología. Satélites militares Göktürk, aviones de alerta temprana Peace Eagle, drones desarrollados por la industria nacional, radares terrestres, sensores sísmicos, cámaras térmicas y puestos avanzados de observación forman parte de una red conectada que permite detectar movimientos a varios kilómetros de distancia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad prácticamente en tiempo real. Ese dispositivo se prolonga hasta el mar Egeo, donde la Guardia Costera mantiene patrullas permanentes para interceptar embarcaciones y realizar operaciones de rescate antes de que alcancen aguas griegas.

Sin embargo, el modelo turco no se sostiene únicamente sobre muros, patrullas o sistemas de vigilancia. El país alberga alrededor de cuatro millones de refugiados, entre ellos unos 3,6 millones de ciudadanos sirios, una circunstancia que explica buena parte del apoyo económico comprometido por Bruselas. Los fondos europeos no solo sirven para reforzar el control fronterizo, sino también para financiar programas de educación, asistencia sanitaria, empleo e integración dirigidos a esa población. La filosofía del sistema pasa precisamente por reducir la presión migratoria antes de que quienes huyen de los conflictos decidan continuar su viaje hacia Europa.

Los resultados comenzaron a apreciarse poco después de la entrada en vigor del acuerdo. Las llegadas irregulares por la ruta del Egeo descendieron de forma notable respecto a las cifras registradas durante la gran crisis migratoria de 2015, consolidando a Turquía como el principal socio de la Unión Europea en la contención de los flujos procedentes de Oriente Medio.

El espejo de Ceuta y Melilla

Aunque el escenario geográfico es muy distinto, la lógica que inspira el control de la frontera entre España y Marruecos guarda importantes paralelismos con la aplicada por la Unión Europea en Turquía. En ambos casos, el objetivo pasa por contener los movimientos migratorios antes de que alcancen territorio comunitario mediante una estrecha cooperación con el país vecino. Lo que cambia no es tanto la filosofía como la dimensión del dispositivo y el marco político sobre el que se sustenta.

En Ceuta y Melilla, la protección de la frontera descansa sobre un doble vallado que durante los últimos años ha sido objeto de un profundo proceso de modernización. La retirada de las concertinas dio paso a nuevas barreras reforzadas con cámaras térmicas, drones, sensores y sistemas de vigilancia de alta resolución capaces de detectar tanto intentos de salto como embarcaciones que se aproximan por mar. Ese despliegue tecnológico se complementa con la labor que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional en los pasos fronterizos, así como con la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes al otro lado del perímetro, donde colaboran en la vigilancia de la frontera y en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

Ahora bien, la cooperación entre Bruselas y Rabat responde a una arquitectura distinta de la diseñada con Ankara. Mientras Turquía cuenta con un acuerdo específico que articula las devoluciones, la financiación europea y los compromisos políticos entre ambas partes, la relación con Marruecos se apoya en una sucesión de instrumentos que se han ido ampliando con el paso de los años. Entre ellos figuran el convenio bilateral de readmisión firmado con España en 1992, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, la Asociación para la Movilidad y el partenariado migratorio alcanzado en 2022, que reforzó la cooperación policial, las investigaciones conjuntas contra las redes de tráfico de personas y la coordinación con agencias europeas como Frontex y Europol.

También difiere el respaldo económico de la Unión Europea. Frente a los 6.000 millones de euros movilizados para sostener el acuerdo con Turquía y atender a los millones de refugiados que permanecen en su territorio, Marruecos ha recibido más de 500 millones de euros procedentes de distintos instrumentos europeos destinados principalmente a reforzar la gestión migratoria, mejorar el control fronterizo y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.

Las enseñanzas y los límites del precedente turco

La experiencia de Turquía refleja que el control de una frontera exterior no depende únicamente de levantar barreras físicas. El acuerdo alcanzado con la Unión Europea se ha apoyado durante casi una década en una combinación de cooperación política, intercambio de inteligencia, financiación comunitaria, despliegue tecnológico y coordinación permanente entre las autoridades nacionales y los organismos europeos. Esa suma de factores explica la reducción de las llegadas irregulares por la ruta del Egeo tras la crisis migratoria de 2015.

En ese sentido, España podría profundizar en algunos mecanismos ya existentes con Marruecos, reforzando la cooperación policial y judicial, ampliando el intercambio de información sobre las redes de tráfico de personas y potenciando el uso de nuevas herramientas tecnológicas que complementen el trabajo desarrollado por los agentes desplegados sobre el terreno.

Al mismo tiempo, el caso turco también pone de manifiesto las tensiones que genera una política centrada en trasladar el control migratorio fuera de las fronteras de la Unión Europea. Diversas organizaciones internacionales llevan años cuestionando que Turquía pueda ser considerada un tercer país seguro por las denuncias sobre devoluciones forzosas hacia Siria y otras vulneraciones del principio de no devolución.

Del mismo modo, la gestión de la frontera entre España y Marruecos también ha sido objeto de críticas por las devoluciones en caliente y por episodios como la tragedia registrada en la valla de Melilla en junio de 2022. Por ello, cualquier evolución del esquema español debería mantener un equilibrio entre el refuerzo del control fronterizo y el respeto a las garantías jurídicas de quienes solicitan protección internacional, evitando que la eficacia en la contención de los flujos termine comprometiendo los derechos reconocidos por la legislación internacional.