La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra un sindicato de bomberos que denunciaba la falta de inversión en la región en materia de prevención de incendios. Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Pelayo de la Presa, la presidenta ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado a los bomberos en huelga que “deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, arriesgando la vida en la primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles”.
El reproche ha llegado tras la pregunta de una periodista que ha querido conocer su opinión después de que un sindicato de bomberos que afirma que la falta de inversión de 35 millones de euros en la región en técnicos y bomberos podría haber afectado a la propagación y a la falta de control de los incendios que han asolado a a la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. Ahora bien, ella se ha referido a los 60 técnicos y bomberos contratados por la región que no están trabajando en las labores de extinción porque sus contratos son diferentes a los de sus compañeros funcionarios y que exigen que les aplica la ley nacional aprobada en 2024, que supone que les puedan contratar todo el año (no solo seis meses como ocurre actualmente), que les reconozcan la categoría y que les paguen pluses
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“Afirmar que ellos lo habrían resuelto es una mentira enorme y aporta poco, porque todos hemos vivido este incendio, que ha sido de una magnitud nunca vista”, aseguraba.
Sin detalles sobre la compra y venta del ático de Chamberí
A la presidenta también le han preguntado por el polémico ático de Chamberí. “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”, es todo lo que ha dicho al respecto. No ha habido más preguntas sobre la compra secreta ni sobre el anuncio de su venta tras hacerse pública la noticia.
La presidenta defendía tras hacerse público el asunto que sería utilizado para “reuniones institucionales de forma provisional” mientras se reforma la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Sin embargo, la normativa prohíbe el uso de ese tipo de residencias para oficinas, por lo que muchos se preguntaban la motivación tras la compra. Finalmente, el Ejecutivo autonómico anunció su venta y no ha querido dar más explicaciones.
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