
Una década después del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 para la gestión migratoria, sus efectos siguen marcando la realidad de las islas griegas y otras fronteras europeas. Según denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF) en un nuevo informe, lo que comenzó como una respuesta ante el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo oriental se ha consolidado como un modelo que redefinió la política migratoria europea: prioriza la disuasión, la contención y la transferencia de responsabilidades de asilo a países fuera del bloque. Las consecuencias de esta estrategia, indica la organización, siguen siendo visibles en la vida de miles de personas.
Por ello, Médicos Sin Fronteras urge a las autoridades europeas y griegas a “cambiar de manera profunda la política migratoria” que sigue afectando a miles de personas, incluidos niños y niñas, “atrapados en condiciones inhumanas”. La organización insiste en que los gobiernos deben ofrecer acogida segura y digna, garantizar acceso a atención médica y establecer procesos de asilo justos y rápidos. Además, pide dejar de trasladar las responsabilidades de protección fuera de Europa.
“El acuerdo entre la UE y Turquía, presentado como un éxito por la Comisión Europea, ha generado un coste humano enorme en la última década”, señala Christina Psarra, directora general de MSF Grecia. Lejos de los discursos oficiales, “miles de personas siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, mientras los líderes europeos celebran diez años de políticas que han provocado caos y maltrato”, añade.
España adopta la misma estrategia
Este pacto no solo transformó la gestión migratoria en el Mediterráneo oriental, sino que sentó las bases para la estrategia adoptada por España en sus propias fronteras. Inspirada en ese modelo, España ha reforzado su colaboración con países como Marruecos, Mauritania y Senegal, estableciendo acuerdos bilaterales que buscan frenar la llegada de personas migrantes antes de que alcancen territorio europeo. Estas alianzas priorizan el control fronterizo y la externalización de responsabilidades, replicando la lógica de contención que caracterizó al pacto entre Bruselas y Ankara y trasladando la gestión migratoria fuera de las fronteras comunitarias.
Solicitantes de asilo obligados a esperar durante años
Médicos Sin Fronteras también explica en su informe que entre 2016 y 2026 atendió a casi 157.000 personas en consultas ambulatorias en las islas griegas. Muchos solicitantes de asilo que llegan a Lesbos, Samos, Quíos, Kos o Leros se ven obligados a esperar allí durante meses o incluso años mientras se resuelve su situación. En todo este tiempo, los equipos de MSF han visto de primera mano “la violencia en las fronteras, los campamentos desbordados, la falta de servicios básicos”, lo que provoca un profundo impacto en la salud física y mental de quienes quedan atrapados en estas islas.
Según cifras de la organización, de abril de 2016 a febrero de 2025 solo 2.140 personas fueron devueltas desde las islas griegas a Turquía, y no se han producido retornos desde marzo de 2020.

La organización recuerda que el acuerdo contemplaba que Turquía fuese considerada un “tercer país seguro” y que la UE se comprometió a reasentar a un refugiado sirio desde Turquía por cada sirio retornado. En la práctica, la política de devoluciones ha sido limitada y un elevado número de personas ha quedado atrapado en las islas sin una resolución eficiente sobre su situación.
Tras el incendio del campamento de Moria en 2020, las autoridades establecieron los llamados Centros Cerrados de Acceso Controlado (CCAC), que funcionan bajo sistemas estrictos de vigilancia y control de acceso, lo que refuerza la lógica de contención y exclusión, añade el informe de MSF.
Nuevas políticas de externalización migratoria
El acuerdo, añade la organización, también sirvió de modelo para nuevas políticas de externalización migratoria, de forma que la UE ha ampliado su cooperación con países como Libia, Túnez, Senegal, Mauritania, Marruecos, Níger, Egipto y estados de los Balcanes occidentales. “Estas alianzas se traducen en ayudas financieras o colaboración en seguridad para reforzar el control fronterizo, trasladando la responsabilidad de protección a naciones con garantías y sistemas de asilo limitados”, señala la organización.
También alertan de que muchas personas llegan a las islas griegas tras haber sufrido violencia, persecución y peligrosos cruces por mar. “La incertidumbre, la falta de libertad y las malas condiciones de vida agravan el trauma, provocando depresión, ansiedad y otros problemas graves de salud mental”, aclaran. Las condiciones precarias también han causado brotes de enfermedades y dificultan el acceso a atención médica, especialmente para embarazadas, víctimas de violencia sexual y pacientes crónicos.
Además, concluyen, a pesar de las políticas más duras en las fronteras, la llegada de personas no se detiene y la organización sigue prestando atención médica y psicológica de emergencia.
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