Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Llegar a una playa italiana en agosto, encontrar un torniquete en la entrada y tener que pagar 7,50 euros solo para cruzarlo y mojarse los pies: esa es la experiencia que miles de turistas y locales se encuentran cada verano en el litoral italiano. El 43% de las costas arenosas de Italia está en manos de establecimientos privados, según el último informe de Legambiente (LEG), la principal organización ambiental del país. Para un cualquier persona que planifique sus vacaciones en el litoral italiano, la ecuación es sencilla y cara: en la mayoría de las zonas más populares, acercarse al agua sin pagar es, en la práctica, casi imposible.

El país registra 12.166 concesiones para establecimientos de playa, los llamados lidos. Funcionan casi como un balneario organizado: ofrecen tumbonas, sombrillas, duchas, baños, a veces restaurante o bar, y en ocasiones actividades como vóley playa o zonas infantiles, pero el acceso a todos esos servicios tiene precio. El gobierno italiano maneja una cifra distinta y afirma que solo el 33% de la costa está bajo concesión, pero LEG advierte de que ese cálculo incluye tramos rocosos, zonas inaccesibles e infraestructuras portuarias que distorsionan el resultado real. Cuando el análisis se acota a las áreas efectivamente bañables, el panorama es otro.

Prohibido llevar comida o agua del exterior y hasta 100 euros por dos tumbonas

El precio de un día de playa refleja esa escasez de oferta gratuita. Según un estudio de la asociación de consumidores ADOC, el alquiler semanal de sombrilla y dos tumbonas ronda los 250 euros de media, con una tarifa diaria de unos 37 euros. Una familia de cuatro personas puede gastar entre 90 y 120 euros en un día con lo básico y superar los 600 euros en destinos de lujo. El turista Enzo Guerra lo vivió en primera persona en un lido de Noli, en Liguria: le pidieron 100 euros por dos tumbonas y una sombrilla; tras su protesta, el precio bajó a 80. Lo que más le sorprendió fue un cartel que cobraba un euro por rellenar una botella de agua, imagen que publicó en redes sociales, según recoge Il Fatto Quotidiano.

A los precios se suman prácticas que varios organismos de consumidores califican de ilegales. Muchos establecimientos prohíben llevar comida y agua del exterior para forzar el consumo en sus instalaciones, llegando en algunos casos a negar el calentamiento de papillas para bebés. Otros añaden “costes de servicio digitales” de entre 15 y 40 euros en las reservas online. Según el Código del Consumidor italiano, esas prácticas son denunciables ante la policía local.

La ley italiana establece que el acceso al mar y a la orilla debe ser libre para cualquier ciudadano, incluso en zonas bajo concesión privada. Lo que los establecimientos pueden cobrar son sus servicios: tumbonas, sombrillas, duchas y baños. La brecha entre ese marco legal y la realidad es parte de lo que alimenta el malestar, con lidos que cobran entrada solo por acceder a la arena.

Dónde es gratuito el acceso al mar

“Las playas públicas quedan relegadas a los lugares menos deseables: zonas rocosas, tramos junto a desagües”, afirmó Elisabetta Gallo, activista de la Coordinación Nacional Mares Libres, en declaraciones recogidas por Reuters. Su compañera Simonetta Gazzella señaló a la misma agencia que “los fines de semana, todas las calas y playas gratuitas están abarrotadas porque no todo el mundo puede permitirse gastar una cantidad considerable en un lido”.

Donde la oferta gratuita es más amplia y de mayor calidad es en el sur y las islas. En Sicilia, Cerdeña, Friuli-Venecia Julia y Molise, menos del 20% de la costa tiene establecimientos de pago. Muchos de esos tramos están protegidos como reservas naturales, lo que ha impedido históricamente su concesión.

El trasfondo político del conflicto lleva años sin resolverse. La Unión Europea (UE) presiona a Italia para que establezca un sistema más transparente en la adjudicación de las concesiones de playa, un negocio que mueve miles de millones de euros cada temporada. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó en 2024 una ley que permite mantener las licencias existentes hasta septiembre de 2027, con posibilidad de prórroga hasta marzo de 2028. En localidades como Santa Severa y Santa Marinella, los ayuntamientos reasignaron concesiones hasta 2033 a los operadores ya existentes al no presentarse otros candidatos.