Fronteras distintas, preocupaciones diferentes: por qué 22 países de la UE firmaron una carta señalando la política migratoria de España y cinco decidieron quedarse al margen

La crisis migratoria de Ceuta ha servido para poner nombre a un bloque que llevaba años tomando forma dentro de la Unión Europea. Aunque la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma ha sido el detonante de la última ofensiva política materializada en una carta impulsada por Italia y respaldada por otros 21 Estados miembros para reclamar un endurecimiento de la política migratoria europea, el movimiento va mucho más allá de ese documento. La iniciativa ha sacado a la luz un grupo de países que, pese a sus diferencias geográficas, políticas e incluso ideológicas, ha ido aproximando posiciones durante la última década hasta compartir un mismo diagnóstico sobre cómo debe responder la UE a la inmigración irregular.

Ese acercamiento no se produjo de la noche a la mañana. La gran crisis migratoria de 2015 marcó un punto de inflexión y, desde entonces, el debate europeo ha cambiado de forma sustancial. Si durante aquellos años la discusión giraba en torno al reparto de solicitantes de asilo entre los Estados miembros, hoy el centro de gravedad se ha desplazado hacia otra cuestión: cómo impedir que las llegadas irregulares se produzcan. Esa evolución ha hecho que conceptos como la externalización del asilo, la cooperación con los países de origen y tránsito, el refuerzo de Frontex o los llamados movimientos secundarios dentro del espacio Schengen ganen protagonismo y explica que gobiernos muy diferentes entre sí hayan terminado compartiendo buena parte del diagnóstico y de las soluciones.

Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia forman parte de ese grupo. A simple vista cuesta encontrar un hilo conductor entre ellos. Conviven países mediterráneos que soportan una presión migratoria constante con otros situados en el norte o el este del continente que apenas reciben embarcaciones. También coinciden gobiernos conservadores, socialdemócratas, liberales y democristianos. Sin embargo, todos han ido aproximando posiciones hasta coincidir en la misma idea de que reforzar las fronteras exteriores de la Unión es la condición previa para que el resto del sistema funcione.

El consenso, sin embargo, no fue unánime. Cinco Estados miembros decidieron no sumarse a la iniciativa impulsada por Italia: España, Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. Aunque las razones no fueron idénticas en todos los casos, sus ausencias también reflejan las distintas sensibilidades que siguen existiendo dentro de la Unión en materia migratoria.

En el caso de España, su ausencia resulta lógica al tratarse del país directamente afectado por la crisis de Ceuta y al que los firmantes expresan su respaldo para hacer frente a la presión migratoria. Francia y Portugal, por su parte, evitaron adherirse a la carta pese a mostrar públicamente su apoyo al Gobierno español y defender una respuesta coordinada desde Bruselas, una posición coherente con el estrecho vínculo que mantienen con Madrid en la gestión de la frontera suroccidental de la Unión.

Irlanda también decidió mantenerse al margen, en línea con una política migratoria tradicionalmente más prudente en este tipo de iniciativas conjuntas, mientras que Luxemburgo, uno de los Estados miembros que históricamente ha defendido un enfoque más garantista en materia de asilo y migración, completó el reducido grupo que no respaldó el documento.

De Italia a Dinamarca: el endurecimiento deja de ser una cuestión ideológica

Si hay un país que simboliza esa transformación es Italia. Durante años fue uno de los principales defensores de un mayor reparto de inmigrantes entre los socios europeos al considerar que soportaba una carga desproporcionada por su posición en el Mediterráneo central. Sin embargo, la llegada de Giorgia Meloni al Gobierno marcó un cambio de estrategia. Roma dejó de insistir en la redistribución como solución prioritaria y pasó a defender que el esfuerzo debía concentrarse en impedir que las embarcaciones alcanzaran las costas europeas.

Ese cambio de enfoque se ha traducido en acuerdos con Túnez y Libia para contener las salidas, en el pacto con Albania para trasladar parte de la gestión de las solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario y en una defensa constante del refuerzo de Frontex y de los retornos de inmigrantes que no obtienen protección internacional. Italia ya no plantea la inmigración únicamente como un desafío humanitario, sino también como una cuestión de control fronterizo y de seguridad para el conjunto de la Unión.

Lo llamativo es que ese discurso ya no pertenece exclusivamente a gobiernos conservadores. El caso de Dinamarca ilustra mejor que ningún otro cómo ha evolucionado el debate europeo. Bajo el liderazgo de la socialdemócrata Mette Frederiksen, Copenhague ha aprobado algunas de las reformas migratorias más restrictivas de Europa occidental, endureciendo las condiciones para acceder a la residencia permanente y promoviendo la tramitación de solicitudes de asilo en terceros países. Su posición ha servido para romper una frontera política que durante años parecía clara y demuestra que el endurecimiento de la política migratoria ha dejado de responder únicamente a un eje entre izquierda y derecha.

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes

Las razones que llevan a estos países a compartir posición, sin embargo, no son exactamente las mismas. Para los Estados mediterráneos, como Grecia, Malta, Chipre o la propia Italia, la prioridad continúa siendo contener unas llegadas que conocen de primera mano. Todos ellos forman parte de las principales rutas migratorias hacia Europa y llevan años reclamando una mayor implicación de Bruselas en la protección de las fronteras exteriores. Su experiencia durante la crisis de refugiados de 2015 y el incremento de las llegadas por el Mediterráneo han reforzado la idea de que la gestión migratoria no puede recaer únicamente sobre los países de primera entrada.

En cambio, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Suecia observan el fenómeno desde otra perspectiva. Aunque no soportan la misma presión en sus costas, sí reciben un elevado número de solicitantes de asilo que llegan tras haber accedido previamente a la Unión Europea por otro Estado miembro. Son los llamados movimientos secundarios, uno de los conceptos que más peso ha ganado en los últimos años en las instituciones europeas y que explica buena parte del interés de estos gobiernos por reforzar las fronteras exteriores. Consideran que, mientras el acceso irregular continúe produciéndose, la presión terminará trasladándose hacia el norte del continente gracias a la libre circulación dentro del espacio Schengen.

La evolución de Suecia resume bien ese cambio. El país que durante la crisis de 2015 simbolizó la política europea de acogida ha endurecido progresivamente su legislación migratoria después de recibir uno de los mayores números de solicitantes de asilo por habitante de toda la Unión. Alemania también ha reforzado los controles en sus fronteras terrestres y el debate sobre la inmigración ocupa desde hace años un lugar central en la política nacional, mientras que Países Bajos y Bélgica han impulsado reformas para endurecer sus sistemas de asilo y acelerar las expulsiones.

El este convierte la inmigración en una cuestión de seguridad

Si el sur mira al Mediterráneo y el norte a Schengen, en Europa central y oriental la inmigración se analiza cada vez más desde una perspectiva de seguridad. Hungría abrió ese camino durante la crisis migratoria de 2015 con la construcción de vallas fronterizas y una política de tolerancia cero frente a la inmigración irregular. Polonia reforzó esa visión durante la crisis provocada por Bielorrusia en 2021, cuando Bruselas acusó al régimen de Aleksandr Lukashenko de utilizar los flujos migratorios como instrumento de presión política sobre la Unión Europea.

Ese episodio marcó también a Estonia, Letonia y Lituania, que aceleraron el refuerzo de sus fronteras y comenzaron a considerar que la protección del territorio comunitario no respondía únicamente a una cuestión migratoria, sino también geopolítica. Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía comparten buena parte de ese diagnóstico y llevan años defendiendo un mayor control de las fronteras exteriores y una política europea más exigente en materia de retornos.

Ceuta pone a España en el centro del debate migratorio europeo

La crisis de Ceuta ha terminado convirtiéndose así en mucho más que un episodio puntual en la frontera sur de Europa. Lo ocurrido en la ciudad autónoma ha situado a España en el centro del debate sobre el futuro de la política migratoria comunitaria y ha dado visibilidad a un bloque de países que llevaba años defendiendo un cambio de enfoque. Aunque los 22 Estados expresan su apoyo a las autoridades españolas para hacer frente a la presión migratoria, también consideran que la situación evidencia las carencias del actual sistema europeo y la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores.

En ese contexto, la iniciativa impulsada por Italia reclama una respuesta coordinada de Bruselas que pase por intensificar la cooperación con Marruecos, reforzar el despliegue de Frontex y agilizar los retornos de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Al mismo tiempo, advierte de que determinadas políticas que pueden actuar como “factores de atracción”, entre ellas la regularización de un elevado número de inmigrantes en situación irregular, pueden incentivar nuevas llegadas y poner a prueba el funcionamiento del espacio Schengen.

El episodio migratorio que ha sufrido la ciudad autónoma ha convertido la gestión española de la frontera sur en el punto de partida de una discusión mucho más amplia sobre el modelo que debe seguir la UE y ha puesto de manifiesto que una mayoría de Estados miembros comparte hoy una prioridad que hace una década no despertaba el mismo consenso: reforzar el control de las fronteras exteriores como eje de la política migratoria comunitaria.