El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley para mantener parte de las ayudas energéticas puestas en marcha por el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque algunas se irán retirando de forma gradual. La principal medida para los hogares será la prórroga de la rebaja a los carburantes, que se aplicará mediante el impuesto especial de hidrocarburos y se irá reduciendo mes a mes: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de desaparecer en octubre.

El paquete, aprobado en el Consejo de Ministros, tendrá una vigencia de tres meses y supondrá un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en 2026. A esa cantidad se suman otros 2.700 millones por la menor recaudación prevista entre 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el Ejecutivo mantenga algunos apoyos porque, aunque la incertidumbre se ha reducido, los mercados energéticos siguen expuestos a nuevos episodios de tensión. “Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo”, ha advertido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cómo queda la rebaja de los carburantes

La ayuda a los hogares se reducirá conforme se normalicen los precios internacionales del crudo. El descuento será de 15 céntimos por litro en julio, bajará a 10 céntimos en agosto y se quedará en 5 céntimos en septiembre. Si no hay un nuevo repunte, octubre será el primer mes sin este alivio fiscal para los consumidores.

El decreto incluye, no obstante, una cláusula automática para reforzar de nuevo el apoyo si el conflicto se recrudece y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse. En ese caso, la ayuda para los hogares subiría directamente hasta los 20 céntimos por litro, según ha explicado Cuerpo.

El Gobierno mantiene además la ayuda a los carburantes para los profesionales del sector primario y del transporte en los mismos términos que en el real decreto ley anterior. En el caso de la agricultura, se añaden también 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya disponibles.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado además que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empezará a vigilar los márgenes brutos de las estaciones de servicio. La información servirá para detectar subidas difíciles de justificar y permitirá a los consumidores presentar reclamaciones cuando aprecien prácticas irregulares.

El impuesto a la producción eléctrica desaparecerá en 2028

El decreto también fija una senda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Este tributo, que en 2026 tenía un tipo del 7%, se reducirá en los dos trimestres restantes del año hasta situarse en el entorno del 5%. En 2027 bajará hasta alrededor del 3,5% y desaparecerá definitivamente en 2028.

Cuerpo ha defendido que esta decisión envía una “señal estructural” a los sectores que reclamaban la supresión del impuesto. Aunque ha reconocido que tiene un coste presupuestario elevado, ha señalado que el Ejecutivo considera que es el momento adecuado para reforzar la electrificación de la economía.

Aagesen ha añadido que la eliminación gradual del tributo en un plazo de 18 meses contribuirá a abaratar de forma estructural la factura de los hogares, de los sectores productivos y de la industria. Según la ministra, la medida también facilitará el despliegue de las energías renovables y fija por primera vez una senda clara hasta 2028, después de años de suspensiones o reducciones temporales.

El real decreto ley mantiene además la prohibición de despedir para las empresas que se beneficien de las ayudas incluidas en el paquete. Con esta prórroga, el Ejecutivo evita una retirada de golpe de los apoyos aprobados desde marzo, pero empieza a reducir las medidas más amplias a medida que remite la tensión en los mercados energéticos.