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El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

Un informe de Fedea proyecta que el coste financiero de la deuda autonómica pasará de 3.600 a 11.500 millones de euros entre 2022 y 2029, con tipos que se triplicarán

Mapa de España con regiones coloreadas; dos gráficas de líneas. Una con texto "Deuda sobre PIB: del 23% al 17%" y otra con "Intereses: de 3.600M a 11.500M euros".
Un mapa de España ilustra la evolución de la deuda sobre el PIB, que disminuye del 23% al 17%, y el aumento de los intereses de 3.600 millones a 11.500 millones de euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gasto en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas pasará de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, lo que supone más que triplicar esa partida en siete años. Se trata de una proyección publicada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe de agosto de 2026 que advierte de que esta dinámica “obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda”.

Esta presión se da por la refinanciación. El tipo medio de la deuda autonómica era del 1,1% en 2022 y alcanzaría el 3,3% en 2029, según las proyecciones del informe. La deuda que vence cada año se renueva a tipos muy superiores a los que tenía cuando se emitió, lo que eleva el coste financiero aunque el volumen total de deuda no crezca de forma descontrolada.

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Deuda pública y gasto en intereses por comunidades autónomas. (Fedea)
Deuda pública y gasto en intereses por comunidades autónomas. (Fedea)

Entre 2022 y 2025, el gasto en intereses ya se dobló, al pasar de 3.608 a 7.487 millones de euros, antes de que los efectos plenos de la subida de tipos se trasladen a la totalidad del stock de deuda autonómica. Fedea estima que ese traslado se completará a lo largo del periodo 2026-2029, cuando los vencimientos de deuda se refinancien a los tipos actuales de mercado, en torno al 3% para el bono soberano español a cinco-siete años.

La paradoja de la ratio sobre el PIB

Las cifras absolutas de deuda autonómica cuentan una historia distinta a la que ofrecen los porcentajes sobre el Producto Interior Bruto (PIB). En términos absolutos, el volumen de deuda de las regiones aumentará en 29.919 millones de euros entre 2022 y 2029, hasta alcanzar los 347.012 millones. La ratio sobre el PIB, en cambio, descenderá del 23% al 17,1% en ese mismo periodo. La diferencia la explica el crecimiento del PIB nominal previsto por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, superior al 4% anual durante todo el periodo, que agranda el denominador de la fracción aunque el numerador también crezca.

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El propio informe advierte de que esta evolución positiva de la ratio de deuda descansa en supuestos que califica de optimistas: que todas las comunidades autónomas cumplirán los objetivos de déficit fijados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (déficit del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029), y que el crecimiento nominal del PIB se mantendrá por encima del 4%. Cualquier desviación en alguno de estos parámetros empeoraría el escenario proyectado.

El contexto monetario que lo hace posible

El punto de partida de esta dinámica está en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Los tipos de interés, que se mantuvieron cercanos al 0% entre 2016 y 2022, escalaron con fuerza a partir de ese año y el BCE los situó en el 2,40% en junio de 2026 para operaciones de refinanciación, tras una subida de 25 puntos básicos motivada por las presiones inflacionarias derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Fedea descarta en el informe que los tipos vuelvan a niveles cercanos al 0% en el horizonte analizado, y fija el tipo de emisión de referencia para sus proyecciones en el 3%, nivel similar al registrado justo antes de la Gran Recesión de 2008.

Infografía sobre el coste de los intereses de la deuda autonómica. Muestra columnas de monedas y billetes en ascenso, una flecha y seis cuadros con gráficos y texto explicativo.
Una infografía de Fedea ilustra la proyección del gasto en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas de España, que se triplica de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda autonómica, además, acumula un largo historial de expansión. Entre 2008 y 2020, su peso sobre el PIB se multiplicó por más de cuatro, al pasar del 6% al 27%, impulsado por la crisis financiera primero y por la pandemia de COVID-19 después. Desde 2012, el Estado se convirtió en el principal acreedor de las regiones a través de mecanismos de asistencia financiera como el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCCAA), y en la actualidad controla cerca del 60% de la deuda autonómica total.

El caso extremo de Asturias y la advertencia sobre la política fiscal

Entre todas las comunidades, el Principado de Asturias presenta el perfil de mayor exposición al alza de tipos. A diferencia de la mayoría de las regiones, Asturias financia una parte relevante de su deuda mediante préstamos a tipo variable, lo que ha provocado que su tipo medio ya haya pasado del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025, frente al avance del conjunto de las comunidades autónomas del 1,1% al 2,2% en ese mismo periodo. Las proyecciones de Fedea sitúan el tipo medio asturiano en el 4,4% en 2029, el más alto entre todas las regiones, aunque el propio informe reconoce que esta estimación podría estar sesgada al alza, dado que el repunte de tipos en esa comunidad se habría anticipado en gran medida a cierre de 2025.

El informe de Fedea dedica su tramo final a extraer implicaciones de política económica. La primera es que las comunidades autónomas deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo (como aumentos del gasto público o rebajas de impuestos), tanto en el corto plazo como en los próximos años. El documento señala que “la implementación de reducciones significativas de la presión fiscal y/o el desarrollo de programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”.

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