El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

El auto con el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez ha supuesto para el Partido Popular una victoria política largamente perseguida, pero también le ha colocado ante una situación incómoda que no figuraba en el guion de Génova. La decisión judicial refuerza el discurso que los populares llevan meses construyendo alrededor de la esposa de Pedro Sánchez, pero las polémicas afirmaciones del magistrado sobre los escoltas policiales de Gómez han obligado al partido a moverse en un terreno mucho más delicado del esperado.

La apertura de juicio oral era exactamente la imagen que el PP buscaba desde que comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Durante más de dos años, la dirección popular ha convertido el caso en uno de los principales ejes de su ofensiva contra Sánchez, sosteniendo que existían suficientes indicios para cuestionar la actuación de Gómez y denunciando lo que consideraba una utilización de la influencia asociada a su posición en La Moncloa.

Por eso, la reacción de los dirigentes populares fue inmediata cuando se conoció la decisión de Peinado. El más contundente fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, que aprovechó la noticia para elevar todavía más el tono de la confrontación política con el Gobierno. “Sánchez ha convertido La Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal”, escribió en sus redes sociales apenas unos minutos después de hacerse pública la resolución judicial.

En Génova consideran que el auto supone un respaldo evidente a las críticas que llevan meses formulando contra el entorno del presidente. Sin embargo, el documento judicial contenía un elemento inesperado que ha terminado desplazando parte del foco político de la propia apertura de juicio oral.

El párrafo que cambia el debate

La controversia no gira en torno a los delitos atribuidos a Gómez ni a las medidas cautelares impuestas por el magistrado. Lo que provocó la tormenta política e institucional es uno de los argumentos utilizados por Peinado para justificar esas medidas. En su auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y señala que los propios agentes encargados de la protección de Begoña Gómez podrían, llegado el caso, colaborar para facilitar una eventual huida. Según recoge la resolución, esa colaboración podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos.

La afirmación provocó una reacción prácticamente inmediata dentro de la Policía Nacional y entre los sindicatos profesionales, que interpretaron esas palabras como un cuestionamiento directo a la integridad y profesionalidad de los agentes.

Lo que inicialmente parecía una jornada de celebración para el Partido Popular terminó convirtiéndose en un ejercicio de equilibrio político. El PP lleva años presentándose como uno de los principales defensores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y difícilmente podía permanecer en silencio ante las críticas lanzadas desde el ámbito policial. Pero, al mismo tiempo, tampoco le interesaba aparecer cuestionando una resolución judicial que supone uno de los mayores golpes políticos recibidos por el Gobierno en los últimos meses.

Gamarra busca el equilibrio

La encargada de fijar la posición oficial del partido ha sido este domingo Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha calificado de “lógica” la reacción de los policías y ha trasladado el respaldo de su formación a los agentes, subrayando la confianza del partido en su profesionalidad. Desde Logroño, Gamarra ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado que son quienes trabajan diariamente en la protección de los ciudadanos. Además, ha recordado que los cuerpos policiales están desempeñando un papel fundamental en investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Sus palabras buscaban enviar un mensaje claro de apoyo a los agentes sin entrar en una confrontación directa con el juez instructor. La dirigente popular ha evitado en todo momento cuestionar a Peinado. Tampoco ha querido valorar la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial termine adoptando medidas contra el magistrado por las afirmaciones incluidas en el auto. “El Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar y ese es un camino que está ahí y que respetamos absolutamente”, ha señalado.

Gamarra ha insistido en que corresponde exclusivamente al órgano de gobierno de los jueces analizar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, reivindicando el respeto a la separación de poderes y rechazando cualquier intento de interferencia política.

El PP separa la responsabilidad política de la penal

Más allá de la polémica sobre los escoltas y las palabras de Peinado, Gamarra ha aprovechado para reivindicar el significado político que el PP atribuye a la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. La dirigente popular ha destacado que la resolución supone “avanzar todavía más” en una causa en la que se investigan cuatro presuntos delitos y ha defendido que el caso tiene consecuencias políticas independientemente de cuál sea su desenlace judicial.

De hecho, la número dos del PP ha reconocido expresamente que el procedimiento podría no acabar en condena. “Veremos si termina o no en condena”, ha afirmado, antes de insistir en que, a su juicio, existe una responsabilidad política que trasciende la decisión final de los tribunales.

Esa es precisamente la línea argumental que Génova ha ido consolidando durante los últimos meses. Los populares sostienen que el debate sobre las actividades de Begoña Gómez no depende exclusivamente de si los hechos investigados terminan siendo considerados delictivos, sino también de la utilización que habría hecho de su posición como esposa del presidente del Gobierno para desarrollar determinadas actividades profesionales.

En esa misma línea, Gamarra ha asegurado que La Moncloa se ha convertido en un “centro de tráfico de influencias” y ha sostenido que determinadas actuaciones vinculadas al entorno de Sánchez “habrán podido ser delito o no”, pero en cualquier caso deberían tener consecuencias en el plano político.