La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta tras el cruce irregular de miles de migrantes desde Marruecos de hace una semana ha desbordado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Incluso antes de que el Gobierno concrete cuántos de esos menores deberán ser trasladados a cada comunidad autónoma, el reparto previsto en la reforma de la Ley de Extranjería ya ha dibujado un mapa con posiciones enfrentadas. Los gobiernos de coalición regionales entre PP y Vox han cerrado filas contra la medida y amenazan con combatirla en los tribunales; otros ejecutivos autonómicos apelan al cumplimiento de la ley y a la solidaridad entre territorios; mientras el Gobierno vasco y partidos como Junts introducen un debate distinto, centrado en las competencias en inmigración y la reunificación familiar.

El pulso llega en uno de los momentos de mayor presión para Ceuta. La ciudad atiende ya a unos 1.100 menores migrantes, una cifra que multiplica por veintiséis la capacidad ordinaria de su sistema de protección. Solo desde la entrada masiva registrada el pasado jueves, la Policía Nacional ha identificado a 528 menores que han quedado bajo tutela de la administración ceutí, mientras otros continúan siendo localizados.

Con este escenario, el Gobierno insiste en activar el mecanismo de redistribución aprobado el pasado año para aliviar la presión sobre territorios especialmente expuestos a la llegada de migrantes. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha recordado que la ley obliga a proteger a estos menores y ha advertido de que, si alguna comunidad se niega a cumplir el reparto, podría intervenir la Fiscalía de Menores. También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado en que no sea necesario llegar a un conflicto judicial porque, ha insistido, la normativa es de obligado cumplimiento para todas las autonomías.

PP y Vox convierten el reparto en un nuevo frente contra el Gobierno

Las primeras en levantar la voz han sido las comunidades gobernadas por PP y Vox, aunque no todas lo hacen con la misma intensidad. El denominador común pasa por responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria y rechazar que la respuesta consista en distribuir a los menores entre los distintos territorios.

Extremadura ha adoptado el tono más contundente. El vicepresidente autonómico, Óscar Fernández (Vox), ha prometido combatir el reparto “por tierra, mar y aire” y utilizar “todos los medios políticos, administrativos y jurídicos” para impedir que lleguen menores a la comunidad. A su juicio, el sistema de protección extremeño está al borde del colapso y ampliar plazas no entra en los planes del Ejecutivo regional.

Una línea prácticamente idéntica mantiene Andalucía. El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), ha recordado que el acuerdo de gobierno firmado con el PP incluye el rechazo a cualquier mecanismo de distribución de menores migrantes impulsado por el Ejecutivo central. En ese contexto, ha calificado la llegada masiva a Ceuta como “una invasión” y ha defendido que quienes cruzaron la frontera deben regresar a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias.

Algo diferente es el caso de Aragón. La vicepresidenta Mar Vaquero (PP) asegura que el Gobierno autonómico cumplirá la ley si el reparto termina siendo obligatorio, pero avisa de que recurrirá cualquier decisión que considere contraria al ordenamiento jurídico. El Ejecutivo aragonés sostiene que su sistema de protección ya ha llegado a duplicar su capacidad y acusa al Gobierno de trasladar a las comunidades las consecuencias de una política migratoria que considera fallida.

La Comunitat Valenciana tampoco comparte el planteamiento del Ejecutivo, aunque rebaja el tono respecto a otros socios de Vox. La consellera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat (PP), evita rechazar expresamente la acogida, pero insiste en que los centros valencianos presentan una sobreocupación del 160% y reclama conocer primero los detalles del reparto. También exige financiación suficiente para atender a los menores más allá de los tres meses que cubre el Estado y reprocha al Gobierno la falta de planificación y diálogo con las autonomías.

Los gobiernos socialistas reivindican la solidaridad entre territorios

Frente a ese bloque, las comunidades gobernadas por el PSOE defienden que el mecanismo aprobado el año pasado debe aplicarse para responder a una situación excepcional y evitar que el peso de la crisis recaiga únicamente sobre Ceuta.

Navarra ha sido la autonomía que ha expresado un respaldo más claro al reparto. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha comunicado al Gobierno ceutí la disposición del Ejecutivo foral para colaborar y ha recordado que el sistema de distribución ya establece criterios objetivos basados en la población, la capacidad de acogida y el esfuerzo realizado previamente por cada territorio. Además, ha advertido de que ninguna comunidad puede situarse “al margen de la ley” y ha defendido que la solidaridad institucional “no puede depender de la voluntad política de cada gobierno”.

Castilla-La Mancha también se ha mostrado favorable a participar, aunque reclama conocer previamente cómo se articulará el reparto. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha pedido rebajar el tono del debate y ha defendido que la comunidad está dispuesta a “arrimar el codo” siempre que exista una coordinación efectiva por parte del Ejecutivo central.

En paralelo, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha elevado la presión sobre la Junta de Andalucía al recordar que “las leyes no son optativas”. La dirigente socialista ha acusado al PP y a Vox de convertir la inmigración en un elemento de confrontación política y ha advertido de que utilizarán todos los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de la normativa.

Cataluña y Euskadi se desmarcan con argumentos propios

Más difícil resulta encajar las posiciones de Cataluña y Euskadi en cualquiera de esos dos bloques. Junts, aunque no gobierne en Cataluña, rechaza que la comunidad reciba más menores procedentes de Ceuta, pero lo hace desde una argumentación distinta a la de PP y Vox. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, sostiene que Cataluña ya acoge “muy por encima de su capacidad” y que no puede asumir las consecuencias de una política migratoria que atribuye al Estado. Además, reclama acelerar la transferencia integral de las competencias en inmigración a la Generalitat y vincula cualquier escenario futuro a esa negociación.

El Gobierno vasco tampoco se opone de forma tajante a la acogida, aunque cuestiona el planteamiento del Ejecutivo. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), sostiene que antes de trasladar a los menores a cientos de kilómetros, debe intentarse localizar a sus familias y favorecer la reunificación cuando sea posible. Recuerda, además, que Euskadi también trabaja por encima de su capacidad ordinaria y reclama que cualquier derivación se acuerde con las instituciones vascas, llegue acompañada de financiación suficiente y cuente con todas las garantías jurídicas y asistenciales.

Con las comunidades perfilando ya sus posiciones, el Gobierno mantiene el calendario previsto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno y distintas organizaciones de protección de la infancia, mientras el Ejecutivo trata de sacar adelante un reparto que ha convertido la emergencia humanitaria en un nuevo foco de tensión política entre administraciones.