Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

Begoña Gómez presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, según han informado a EFE fuentes de su entorno.

La defensa de Begoña Gómez prepara ese recurso tras el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, que ha supuesto la apertura de juicio oral en la causa. El magistrado ha acordado estas medidas cautelares en el marco de un procedimiento en el que Gómez será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Junto a ella también irá a juicio su asesora Cristina Álvarez, acusada de los mismos hechos, así como el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien la acusación incluye delitos de tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado entre particulares.

Según las mismas fuentes, la defensa trabaja ya en la impugnación de estas restricciones tras el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado instructor, que no es recurrible en lo relativo al procesamiento, aunque sí en lo referente a las medidas cautelares.

A juicio oral por cuatro presuntos delitos

Este sábado, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez en el marco de una causa en la que se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, según el auto al que ha tenido acceso Infobae.

La decisión implica que la investigada será juzgada por estos hechos en relación con la actividad vinculada a la denominada Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Según el auto judicial, la causa se centra en la presunta utilización de su posición institucional y de sus contactos para impulsar este proyecto académico tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, así como en la captación de apoyos privados y la gestión de recursos asociados a la cátedra.

También se investigan supuestas irregularidades en el uso de medios universitarios y en el desarrollo de herramientas tecnológicas vinculadas al proyecto. El instructor sostiene que estas actuaciones habrían permitido consolidar la iniciativa académica y favorecer determinadas dinámicas de colaboración con entidades privadas.

De forma paralela a la apertura de juicio oral, el magistrado ha acordado la imposición de medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Estas restricciones se mantendrán durante la tramitación de la causa y hasta la existencia de una resolución firme, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de la investigada durante todo el procedimiento judicial.

En su resolución, el magistrado justifica las medidas cautelares en la existencia de un riesgo de fuga. En este sentido, apunta incluso a la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta de la investigada pudieran llegar a intervenir en una eventual evasión.